Una profesora relata a la juez la presión de Álvarez Conde para que 'fabricara' el acta

La profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Cecilia Rosado ha asegurado ante la juez que instruye el caso del máster de Cristina Cifuentes que recibió numerosas llamadas del catedrático Enrique Álvarez Conde para que 'fabricara' el acta que acreditara que la ex presidenta madrileña defendió su Trabajo Fin de Máster (TFM) el día que eldiario.es desveló que aquélla obtuvo el curso de posgrado con dos calificaciones falsificadas.

En calidad de imputada, Rosado ha sido la última de las seis personas que han declarado este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que investiga la posible comisión de delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa a raíz de la denuncia interpuesta por la catedrática de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo Burrieza. Ésta mantiene que nunca intervino en la convalidación de asignaturas a Cifuentes y que la firma que se le atribuye en el documento administrativo ha sido realizada por otra persona.

Según han informado a El Independiente fuentes conocedoras de la declaración, Rosado ha relatado con todo detalle a la instructora todo lo que sucedió el pasado 21 de marzo, cuando estalló el escándalo. Esta profesora de Derecho Constitucional ha reconocido que es suya la firma que aparece en el acta del TFM -supuestamente fue ella la secretaria del tribunal que evaluó a Cifuentes el 2 de julio de 2012 y le otorgó una calificación de 7.5- con el que se quiso tapar el escándalo y que el Rectorado facilitó a Cifuentes en la misma tarde del citado 21 de marzo.

Acta de la defensa del TFM presuntamente fabricado por Cecilia Rosado.

La presión revelada por Rosado por parte de Álvarez Conde coincide con lo que que otra de las profesoras implicadas -Alicia López de los Mozos- declaró semanas atrás a la Policía. Esta docente dijo a los agentes que tenía en su poder grabaciones que demostraban que el catedrático la conminó a participar en la farsa. Aquellas confesión fue determinante para que el rector de la URJC, Javier Ramos, pusiera los hechos en conocimiento del Ministerio Público, que se ha inhibido tras abrir diligencias el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid.

En declaraciones a Onda Cero, Álvarez Conde dijo el pasado 6 de abril que Ramos le pidió que reconstruyese el documento que aparentara que Cristina Cifuentes se había examinado del TFM tras indicarle que no lo conservaba porque la normativa sólo obliga a custodiarlos durante dos años. "Fue otra de mis discípulas la encargada de hacer la reconstrucción; ella pidió la autorización de las otras dos. Es lo que puedo decir", contestó a las preguntas del periodista Carlos Alsina sin desvelar ningún nombre.

La discípula a la que aludía era Cecilia Rosado, a la que dirigió la tesis -titulada Las declaraciones de Derecho en los Estatutos de Autonomía y defendida el 6 de abril de 2010 ante un tribunal en el que participó la catedrática de la Universidad de Salamanca que ha dado pie a su imputación tras presentar la denuncia- y a la que incluyó en el consejo del Instituto de Derecho Público. Se trata del organismo dependiente de la URJC, pero con personalidad jurídica propia, que impartió el máster bajo sospecha.

La instructora imputa prevaricación administrativa a López de los Mozos por avenirse a calificar a alumnos que no habrían cursado el máster bajo sospecha

El rector mantiene que el día que se publicó que se habían falsificado las notas de dos asignaturas en el expediente de Cifuentes habló telefónicamente con Rosado  y que ésta le aseguró que la defensa había tenido lugar y que así se lo habían "ratificado" a ella también las otras dos profesoras intervinientes: teóricamente Alicia López de los Mozos y Clara Souto. La primera ya declaró a la Policía cuando la investigación la dirigía la Fiscalía de Móstoles que la firma que aparece en el acta se ha falsificado y que ella nunca participó en un tribunal que hubiera evaluado a la entonces delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Con su declaración, con la que trata de atenuar su posible responsabilidad en la comisión del delito que se investiga, Rosado refuerza las sospechas sobre Álvarez Conde. Éste fue el catedrático que guió las carreras profesionales y dirigió las tesis de las tres profesoras que figuraban en el acta reconstruido casi seis años después, por lo que tenía una gran ascendencia sobre ellas.

López de los Mozos, de testigo a imputada

La instrucción de la causa sigue sumando imputaciones. La juez que investiga la presunta falsedad documental ha cambiado la condición procesal de testigo a imputada a la profesora Alicia López de los Mozos, supuesta integrante del teórico tribunal ante el que defendió su TFM la ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El cambio se ha producido tras tomarle declaración este jueves y a fin de garantizarle sus derechos procesales.

La titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha tomado esa decisión tras llevar a cabo las primeras declaraciones en la causa incoada a raíz de la denuncia interpuesta por la catedrática Ángela Figueruelo. Junto a López de los Mozos, el listado de investigados en este procedimiento lo completan Cecilia Rosado, Álvarez Conde y Amalia Calonge, la funcionaria de la URJC que modificó las calificaciones de Cifuentes para que de 'no presentada' pasaran a tener un notable en dos asignaturas: el TFM y Financiación de las comunidades autónomas y entidades locales, impartida por el catedrático Pablo Chico de la Cámara.

Memoria del Instituto de Derecho Público en la que se detallan los cargos de Álvarez Conde y López de los Mozos.

López de los Mozos era la secretaria del Instituto de Derecho Público, organismo dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos con personalidad jurídica propia que organizó el máster bajo sospecha y que expidió el título a la ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid. Según el TSJM, la juez le imputa un posible delito de prevaricación administrativa por supuestamente haberse avenido a calificar a alumnos que no habrían al parecer cursado el máster objeto del procedimiento.

Profesora titular de Derecho Constitucional en la URJC y presidenta del tribunal 'fantasma', Alicia López de los Mozos ha sido la primera en comparecer este jueves ante la juez Rodríguez-Medel. Lo hacía en calidad de testigo y su declaración era de gran relevancia por cuanto ya reconoció semanas atrás a la Policía que su firma también habría sido falsificada en el acta con que inicialmente se intentó justificar que la ex dirigente del PP de Madrid se examinó el 2 de julio de 2012 del TFM, una de las dos asignaturas en las que inicialmente aparecía como 'no presentada' y que terminó figurando con un 7.5.

La juez ha citado a declarar el próximo lunes a nuevos testigos de la URJC a fin de avanzar en la instrucción de la causa, que suma ya cuatro imputaciones

Alicia López de los Mozos, nombrada el pasado 8 de enero profesora titular del área de conocimiento ‘Derecho Constitucional’ (adscrito al departamento de Derecho Público I y Ciencia Política) de la Universidad Rey Juan Carlos y cuya tesis doctoral (La directiva comunitaria y el sistema de fuentes del Derecho) también fue dirigida por el citado catedrático. Éste también fue codirector de la tesis de la profesora Clara Souto (Principio de igualdad: transversalidad de género), una de las que han declarado hoy como testigos.

López de los Mozos es la cuarta imputada que suma la causa, en la que ya tenían esta condición procesal Enrique Álvarez Conde -director del organismo de la URJC que impartió el máster y tutor de Cifuentes en el TFM-; Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las dos calificaciones de la entonces delegada del Gobierno en Madrid, y Cecilia Rosado, la profesora que presuntamente fabricó el acta a instancias de Álvarez Conde para intentar tapar el escándalo.

Álvarez Conde, próximo en declarar

Junto a López de los Mozos, la instructora ha tomado este jueves declaración en calidad de testigos a Sergio Pulido, marido de López de los Mozos; al responsable de la Unidad de Posgrado y Títulos Propios de la URJC, José Antonio Lobato Moreno; a la profesora Clara Souto, y a la jefa del Servicio de Inspección de la URJC, Pilar Trinidad Núñez. También han comparecido Calonge y Rosado, ambas como investigadas.

El próximo 6 de junio está citado a declarar en calidad de testigo Álvarez Conde, al que el rector ya ha suspedido cautelarmente como director del Instituto de Derecho Público. Ese día también tendrán que comparecer en el juzgado como testigos la catedrática de la Universidad de Salamanca que ha dado pie con su denuncia a la apertura de este procedimiento penal, nueves profesores -entre ellos Alfredo Allué y Laura Nuño, ésta última ex subdirectora del Instituto de Derecho Público- y nueve alumnos de la misma promoción del máster de la ex presidenta madrileña.

Antes, concretamente el próximo lunes, la juez que instruye el caso ha citado a nuevos testigos, entre ellos alumnos del máster y personal de la Universidad madrileña.