Cristina Cifuentes, imputada por cohecho y falsificación de documento público

La juez que investiga el caso del máster de Cristina Cifuentes ha citado a declarar como investigada a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid el próximo 26 de junio por la posible comisión de delitos de falsificación de documento público y cohecho, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La imputación se produce tras renunciar Cifuentes esta semana a su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, con lo que perdía automáticamente el aforamiento.

La magistrada del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, María del Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado nuevas comparecencias en el marco de la investigación de esta causa, entre las que se encuentra la de la ex dirigente del PP madrileño. El procedimiento, iniciado a raíz de la denuncia interpuesta por la catedrática de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo Burrieza por falsificación de su firma en un acta de convalidación de asignaturas y que se encuentra todavía en una fase inicial, acumula ya cinco imputados.

La citación se conoce un día después de que declarara como investigada la profesora Cecilia Rosado, supuesta secretaria del tribunal que examinó el Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cifuentes y quien presuntamente falsificó el acta que invocó la ex jefa del Ejecutivo madrileño horas después de que estallara el escándalo a fin de intentar aparentar que ella se examinó el 2 de julio de 2012. Cristina Cifuentes siempre ha mantenido que lo defendió ante un jurado formado por tres profesores.

El testimonio en sede judicial de Rosado ha sido determinante para que la instructora cite a declarar a la dirigente del PP que sucedió a Ignacio González al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Según informa eldiario.es, Cecilia Rosado también ha asegurado que recibió amenazas de una asesora del Ejecutivo autonómico, María Teresa Feito, el día que estalló el escándalo. "O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar", ha revelado que le dijo Feito.

Forzada por los acontecimientos, Cifuentes llegó a admitir que recibió trato de favor por parte de los profesores, al ajustarse éstos a su limitada disponibilidad horaria. También se le permitió matricularse en diciembre, cuando ya se había agotado un trimestre y muchas de la asignaturas se habían impartido. Pero nunca ha reconocido una sola de las irregularidades que han venido denunciando las informaciones periodísticas durante los 36 días que transcurrieron entre que trascendió el caso y su renuncia al cargo.

"Pagué mi matrícula, aprobé mis asignaturas y presenté mi trabajo de fin de máster [ante un tribunal] en el que había tres personas", defendió la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid -el primer día de la convención del PP nacional en Sevilla- tras conocerse que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) había puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Cifuentes renunció a la Presidencia de la Comunidad de Madrid el pasado 25 de abril sin haber podido presentado el TFM, la prueba que demostraría que sí elaboró el trabajo titulado El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana y teóricamente defendido en la tarde del 2 de julio de 2012.

El TFM era una de las dos asignaturas que inicialmente figuraban en el expediente de Cifuentes como 'no presentada' y que pasaron a 'notable'. Según la versión facilitada inicialmente por el rector, fue un "error de transcripción" a la hora de introducir las calificaciones en la plataforma virtual de la Universidad y del que no se tuvo conocimiento hasta que la alumna solicitó que se le expidiera el título en octubre de 2012, dos años después de que terminara el máster.

Las sospechas se acrecentaron cuando la profesora Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal examinador, confesó a la Policía que la firma que aparecía en el acta se le había falsificado y que ella nunca había evaluado a Cifuentes. López de los Mozos ya ha sido imputada en el procedimiento por la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa, al avenirse a calificar a alumnos que no cursaron el máster.

El Código Penal castiga el cohecho y la falsedad de documento público con inhabilitacion especial para empleo público

El Código Penal castiga el cohecho con inhabilitación especial para empleo público. En concreto, el artículo 419 dice: "La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito".

En cuanto al delito de falsedad de documento público, se castiga con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años.