El PP ha pedido al Tribunal Constitucional que apruebe como medida cautelar urgente la prohibición del voto delegado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del exconseller Antoni Comín para impedir que se pueda utilizar en el pleno de investidura de Quim Torra previsto para mañana.

El PP ha hecho esta petición urgente en un escrito, al que ha tendido acceso Efe, en el que presenta sus alegaciones a la decisión tomada el miércoles por el Constitucional, que admitió a trámite su recurso contra el voto delegado de ambos dirigentes pero rechazó adoptar medidas cautelarísimas como la anulación de esos votos.

Ahora, una vez convocado para este sábado el pleno de investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña, el PP sostiene que es "indispensable" y "urgente" suspender los acuerdos de la Mesa que permitieron esa delegación de voto, pues, de lo contrario, podría aprobarse una investidura "nula de pleno derecho" por obtenerse mediante "votos ilícitos".

La anulación de los votos delegados de Puigdemont y Comín alteraría el escenario previsto ante el pleno que comienza el sábado, pues Junts pel Catalunya y ERC dejarían de tener mayoría suficiente para la investidura de Torra en segunda votación y necesitarían el apoyo de la CUP.

Resultado "antijurídico"

Según las alegaciones de los diputados del PP en el Parlament catalán, el uso de esos dos votos producirían un resultado "antijurídico por antonomasia", pero también dejaría sin sentido el fondo del recurso aunque finalmente el TC diera la razón a los populares.

Es decir, se anularía la delegación de voto una vez que ya habría sido utilizada para el objeto para el que ha sido autorizada: conseguir la investidura tras alterar el resultado de la votación.

Los populares añaden que en los últimos días, Puigdemont ha "designado", "nombrado" o "elegido" desde su residencia en el extranjero a un "sedicente 'candidato'" a la Presidencia de la Generalitat, hechos nuevos que, a su juicio, justifican la necesidad de tomar medidas cautelares.

Esa suspensión cautelar -según la alegación del PP- no ocasionaría una perturbación grave de un interés protegido por la Constitución ni de los derechos y libertades de los afectados.

Pues se trataría -sostiene- de que la cámara quede constituida por quienes "han cumplido todos sus deberes legales y reglamentarios y no por quienes de forma ostensible y pública no lo han hecho por causas imputables a su propia conducta torpe".

Fuentes jurídicas han explicado a Efe que el TC tramitará las alegaciones del PP catalán de acuerdo con el cauce ordinario.

Eso implica, aunque las fuentes no lo han especificado, que el TC no responderá a las alegaciones y a la petición urgente del PP antes de la celebración del pleno de investidura.