El pago realizado en un club de alterne con la tarjeta de una fundación de la Junta de Andalucía ascendió a 14.737 euros, según ha dado a conocer este lunes el PP andaluz. El cargo está fechado el 6 de abril de 2010, pero días después el pago fue retrocedido por razones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha podido todavía determinar.
Los populares denunciaron el pasado 8 de mayo que, entre otras gastos, se pagaron con "tarjetas blacks" de la extinta Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) -organismo de la Junta de Andalucía dedicado a la organización de cursos de formación y al que un juzgado investiga por fraude millonario en la adjudicación de contratos- servicios en el club D'Angelo. La secretaria general del PP-A, Loles López, ha revelado hoy el coste del servicio presuntamente abonado en este establecimiento sevillano y ha vuelto a demandar explicaciones a Susana Díaz.
Cuando el dueño del citado local prestó declaración como testigo ante la UCO el pasado 5 de noviembre de 2015 entregó a los agentes una copia del extracto de movimientos de la cuenta corriente -abierta en una oficina del Banco Popular en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra- a la que estaban asociados los pagos que se hacían mediante medios electrónicos. Se trata de un total de 69 apuntes fechados entre el 11 de enero y el 14 de mayo de 2010 y tan sólo uno -por importe de 14.737 euros- "corresponde a una devolución o anulación de pago con tarjeta de crédito".
Los agentes se interesaron por las circunstancias en que se realizaban anulaciones o devoluciones de los servicios abonados mediante medios electrónicos cuando interrogaron al empresario. Éste dijo que no tenía constancia de "ninguna anulación o devolución de grandes importes" y que sólo se producían por "cantidades pequeñas" -"en torno a 300 euros aproximadamente", precisó- por desacuerdos en la facturación.
"Si se está investigando el uso de una tarjeta opaca de la Faffe en un club de alterne y si los agentes preguntan por la anulación de las operaciones de tarjetas de crédito, no nos queda más remedio que entender que ese apunte negativo, el único que aparece, corresponde a la tarjeta black de la Junta de Andalucía", ha expuesto Loles López.
El cargo fue anulado días después, sin que la UCO haya podido aclararlo aún por la "ocultación" de información por parte de la Junta de Andalucía
La UCO tiene conocimiento de la existencia de tarjetas de crédito por propios empleados de la fundación, que han reconocido en sede policial que algunas de las cuentas bancarias abiertas por la Faffe tenían asociadas tarjetas. Una técnico de la dirección económico-financiero declaró a los agentes el 17 de marzo de 2016 que el director general, Fernando Villén, utilizaba una con un 2límite de 3.000 euros y con la que abonaba "gastos de representación única y exclusivamente", como comidas en restaurantes, alojamientos y en alguna ocasión reparación de vehículos".
La número dos de los populares andaluces ha urgido a la presidenta Susana Díaz a dar explicaciones y a "aportar el documento que está resistiéndose a hacer público: la relación de movimientos de las tarjetas blacks de la Faffe". Ahora nos explicamos la ocultación de una información que los andaluces tenemos derecho a saber, porque ese dinero es dinero de nuestros impuestos", ha añadido.
En concreto, los populares quieren conocer cuántas tarjetas opacas ha habido o hay en la Junta, quiénes las han tenido y usado y cuáles son los movimientos registrados, ante la sospecha de que pudieron utilizarse para abonar servicios sin relación alguna con los objetivos de la fundación.
Contrataciones irregulares
Las pesquisas policiales se enmarcan en la pieza separada de la macrocausa de la formación en la que el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla investiga la adjudicación de contratos de manera presuntamente irregular por parte de la Faffe por un importe de al menos 9,46 millones de euros. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la juez María Núñez Bolaños ha imputado en este procedimiento ya a 26 antiguos directivos y empleados de la antigua fundación, entre ellos el ex director general y ex secretario de Empleo de la ejecutiva regional del PSOE-A Fernando Villén.
Si la UCO no ha podido avanzar más en el esclarecimiento de las supuestas irregulares en la gestión de esta fundación -en la que trabajaban numerosos familiares de cargos socialistas- es en gran medida por la dilación de la Junta de Andalucía en aportar al juzgado la documentación que desde hace casi dos años le viene requiriendo sin éxito.
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