El ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el ex conseller de Exteriores y diputado de ERC en el Parlament, Raül Romeva, han presentado este martes un recurso de apelación ante la sala segunda del Tribunal Supremo contra el auto de procesamiento dictado por el juez instructor de la causa del 1-O, Pablo Llarena.

En el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, critican las resoluciones dictadas por el juez al considerar que en sus autos afirma que la independencia no puede defenderse pacíficamente y, a juicio de su defensa, "demuestra una valoración política".

En el recurso se defiende que el proyecto político independentista es legal y legítimo, y que siempre se ha defendido de forma pacífica, y se lamenta que el auto de procesamiento hace un relato del 20 de septiembre y del referéndum del 1 de octubre con una "interpretación totalmente sesgada".

La defensa de los dos ex consellers plantean que el conflicto catalán debería abordarse por la vía política y no la judicial: "Si España tiene o no una democracia madura y si los tribunales penales son capaces de entender que el conflicto político debe ser solucionado por medios políticos".

El recurso contiene un epígrafe con el título La rebelión que se evapora, donde se alega que imputar este delito es indefendible y que "es un sin sentido y causa sonrojo" que se contemple en esta causa. La defensa alega que se están vulnerando los derechos y garantías de los procesados desde el inicio de la causa, y advierten de que esta vulneración "podría incluso estarse incrementando a medida que se tramita el procedimiento hasta niveles intolerables".

Incidente con Boya

En el escrito se recoge el incidente que protagonizó la ex diputada de la CUP Mireia Boya, quien tuvo un rifirrafe verbal con el juez Llarena y se asegura que el juez le dijo si quería que la procesara "por rebelión".

Firmado por el letrado Andreu Van den Eynde, lamenta que el juez considera que el proyecto independentista "se mantiene larvado", y esgrime que esto podría lesionar derechos fundamentales como son los de libertad de conciencia o la proscripción de la persecución de la disidencia política en el marco constitucional.

También lamenta que el procedimiento se desarrolla con un claro sesgo en favor de las acusaciones, asegurando que existe una paralización de las iniciativas de las defensas "en contraposición con la ágil tarea de conformación de supuestas evidencias de cargo".

"Y es que, en general, la neutralidad sobre la que descansa el principio consagrado en el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal brilla por su ausencia tanto en el procedimiento como en las resoluciones recurridas", concluye el escrito.

Fórmulas de "sistema inquisitivo"

El letrado afirma que el proceso judicial está llegando a "fórmulas propias del sistema inquisitivo", y defiende que la gestión de las medidas cautelares esta siendo, a su juicio, sumamente contraria a las recomendaciones y estándares internacionales que cuestionan la imparcialidad del órgano de instrucción.

La conclusión a la que llega la defensa es que existe "la criminalización de una ideología" y afirma que organizar un referéndum como el del 1 de octubre de 2017 no constituye delito alguno.