Política

El ex director de una fundación de la Junta dice que pagó por "error" en el puticlub

Fernando Villén asegura que devolvió el dinero tras percartarse la dirección financiera de la Faffe días después del gasto injustificado con la tarjeta oficial y precisa que el coste ascendió a 538 euros, no a casi 15.000 como ha denunciado el PP

Fernando Villén (izquierda), cuando declaró en la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía por el fraude de los cursos. | EP

Fernando Villén, ex director general de la extinta Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe), ha reconocido que utilizó por "error" en un club de alterne de Sevilla la tarjeta de crédito que puso a su disposición este ente de la Junta de Andalucía para gastos de representación y que devolvió el dinero a los pocos días cuando la dirección financiera se percató de este gasto injustificado.

En declaraciones a Abc de Sevilla, Villén -ex secretario de Empleo en la comisión ejecutiva regional del PSOE-A- reconoce los hechos que viene denunciando el PP andaluz pero matiza el importe que cargó inicialmente al presupuesto de la Faffe: son 538 y no 14.737 euros, como ha denunciado el partido que dirige Juan Manuel Moreno. "Era imposible porque la tarjeta tenía un tope mensual de 3.000 euros. No me permitía gastar más", justifica.

El ex directivo, imputado en la pieza separada de la macrocausa de la formación en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares realizadas por la Faffe por importe de al menos 9,46 millones de euros, asegura que acudió al club D'Angelo "en el contexto de una despedida de soltero" -"a los clubes de alterne no sólo se va a lo que se va", precisa"- y explica así el episodio que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: "Entre los dos o tres compañeros salíamos a ciento y pico; ellos me dieron el dinero en efectivo y pagué yo con la tarjeta, con tan mala fortuna que me equivoqué". Y añade: "Me confundí y pagué con la tarjeta de la fundación en el club creyendo que era la mía porque eran idénticas".

Desde hace una semana, el PP reclama explicaciones sin éxito a la presidenta de la Junta de Andalucía por la existencia de "tarjetas blacks" en esta fundación -absorbida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) dos meses después de que estallara el caso ERE- después de que los investigadores policiales descubrieran que la Faffe tenía al menos 13 cajas con dinero en metálico para financiar gastos: cuatro en la sede central de la fundación y una en cada una de las nueve gerencias provinciales.

A este respecto, Villén niega que él dispusiera de una "tarjeta black" u "opaca", si bien admite que disponía de este medio de pago para abonar "un cáterin cuando teníamos un evento o alguna vez que me quedaba en un hotel porque estaba todo el día de viaje". Según ha detallado, había otras dos tarjetas a disposición del chófer: una para el pago del peaje -Villén es de Cádiz- y otra para repostar en la gasolinera.

Fernando Villén asegura que devolvió el dinero días después y precisa que el gasto ascendió a 538 euros, no a casi 15.000 como denuncia el PP

La UCO tiene desde hace meses conocimiento de la existencia de tarjetas de crédito por propios empleados de la fundación, que han reconocido en sede policial que la Faffe operaba con seis entidades financieras -Caja San Fernando, El Monte, La Caixa, BBVA, Santander y Unicaja- y que alguna estaba vinculada a tarjetas. Una técnico de la dirección económico-financiero declaró a los agentes el 17 de marzo de 2016 que el director general, Fernando Villén, utilizaba una con un límite de 3.000 euros y con la que abonaba “gastos de representación única y exclusivamente”, como comidas en restaurantes, alojamientos y “en alguna ocasión reparación de vehículos”.

La testigo señaló que por lo general se anotaba en el reverso de las facturas el nombre de las personas que habían participado en la comida y el código del programa al que se imputaba se trataba de un coste directo, al tiempo que admitió que en ocasiones los justificantes aparecían "en blanco".

El 5 de noviembre de 2015, dos agentes de la Guardia Civil tomaron declaración en calidad de testigo al dueño del D’Angelo, José R.G., al que preguntaron en qué circunstancias se realizaban anulaciones o devoluciones de los servicios abonados mediante medios electrónicos. El empresario dijo que no tenía constancia de “ninguna anulación o devolución de grandes importes” y que sólo se producían por “cantidades pequeñas” -“en torno a 300 euros aproximadamente”, precisó- por desacuerdos en la facturación.

Extracto de movimientos

El testigo añadió que tan sólo dos empleados tenían autorización para utilizar el único TPV que existía en el local -un camarero llamado Antonio y la persona que realizaba funciones de encargada, Loreto- y aportó el extracto de movimientos realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 correspondientes a la cuenta corriente vinculada a las operaciones de abono realizadas mediante medios de pago electrónicos por servicios prestados en el D’Angelo. Se trata, en concreto, de una cuenta abierta en la oficina principal del Banco Popular en Alcalá de Guadaíra, localidad sevillana en la que tiene fijada su residencia José R.G.

En dicho estadillo no se detalla ningún pago por el importe referido por Villén, por lo que debió realizarse el gasto -posteriormente retrocedido- antes o después de las fechas que abarcan el documento entregado por el empresario a los agentes de la UCO. El PP reclama sin éxito a la Junta que aporte al juzgado que investiga las presuntas irregularidades "los listados de los movimientos de las tarjetas de la Faffe" para conocer si se desviaron fondos públicos para fomentar el empleo y el tejido productivo en Andalucía a otros fines.

Te puede interesar

Salir de la versión móvil