Escepticismo en el Tribunal Supremo. La decisión adoptada este miércoles por la Fiscalía belga rechazando al entrega a España de los ex consellers Tomi Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por un “error de formal” en la orden de detención y entrega emitida por el juez del Supremo (TS) Pablo Llarena ha caído como un jarro de agua fría en el Alto Tribunal español.
Los belgas han rechazado cumplimentar dicha Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) alegando que el Supremo no dictó una nueva orden nacional de detención cuando reactivó las órdenes europeas de detención y entrega, un requisito que exige la jurisprudencia comunitaria.
Sin embargo, desde el Alto Tribunal se defiende que el instructor del ‘procés’ sí que lo hizo en el auto de procesamiento cuando en el dispongo señaló lo siguiente: “Se mantienen las medidas cautelares personales acordadas respecto de Carles Puigdemont i Casamajó, Anna Gabriel Sabaté, Antonio Comín i Oliveres, Clara Ponsatí i Obiols, Lluís Puig i Gordi y Meritxell Serret i Aleu”.
De esta forma, las distintas fuentes del Supremo consultadas por El Independiente rechazan que haya existido dicho “error formal” por parte de Llarena ya que, además, el instructor emitió el pasado 17 de abril un informe a la Fiscalía de Bélgica donde explicó que ratificó esa orden de busca y captura nacional acordada en un primer momento por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, en el auto de procesamiento dictado contra la cúpula independentista.
Más bien, lo que piensan en la Sala Segunda del TS es que no ha habido “voluntad de entrega” por parte de Bélgica ya que de igual manera que cuando tenía en su tejado la entrega del ex presidente Carles Puigdemont pidieron a nuestro país informes sobre nuestras prisiones y el respeto a los derechos humanos, ahora han recurrido a un “error de forma” para evitar entregar a Comín, Puig y Serret. “Es incomprensible”, apunta una voz autorizada de dicho órgano.
Por otro lado, fuentes fiscales implicadas en el ‘procés’ explican que se trata de un “error absurdo” el alegado por Bélgica que ha sorprendido incluso en el propio Eurojust ya que se ha estimado como una exigencia un “requisito innecesario” que estaba ya señalado en el auto de procesamiento del juez Llarena.
Aunque hay que esperar a leer la resolución que Bélgica envía al magistrado de la Sala Segunda, el problema de fondo es la “falta de compromiso de colaboración” con la Justicia española, afirman desde el Supremo. Así las cosas, el instructor del ‘procés’ tiene ahora dos opciones: subsanar ese “error” y cursar una nueva orden nacional de detención contra los tres ex consellers fugados o dejar que permanezcan en un exilio forzoso ya que si pisan suelo español sí que serán detenidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado.
La euroorden, "desvirtuada"
El juez no ha tomado aún una decisión al respecto. No obstante, el escepticismo reina en el Supremo de igual manera que el temor a que si se insiste a Bélgica con la solicitud de estas euroórdenes se propicien denegaciones en otras cuestiones como es la entrega por parte de Alemania de Puigdemont. Ahí es donde realmente están puestas todas las miradas de España; en que los colegas germanos sí entreguen al máximo responsable del intento de declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Además, a los jueces de la última instancia española tampoco se les escapa que, a medida que la Justicia europea va asestando reveses a la española, en el independentismo gana fuerza la idea de que están ganando la batalla fuera de nuestras fronteras. De ahí que valoren que "quizás" la mejor opción es dejar las cosas como están respecto a los ex consellers.
Por otra parte, otro magistrado del Supremo, en conversación con este periódico, subraya que si para algo está sirviendo la instrucción del ‘procés’ a nivel europeo es para mostrar cómo se desvirtúa el “espíritu de la euroorden”. “Primero, Alemania se permite interpretar el grado de violencia en el procés y ahora Bélgica entra a valorar el dispongo del auto de procesamiento de Llarena”, recalca dicha fuente.
Con este escenario, las esperanzas de que se pueda revertir la situación de los huidos a la acción de la Justicia española va convirtiéndose, cada día que pasa, en una quimera más que en una realidad.
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