El 'caso máster' suma ya 10 imputados: la juez investiga a dos profesores más y a otro alumno

El caso que instruye un juzgado madrileño por las presuntas irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes suma ya una decena de imputados tras engrosar la lista dos profesores más de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y un compañero de promoción de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid en este curso de posgrado.

Según ha podido confirmar El Independiente en fuentes conocedoras de la investigación, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha llamado al procedimiento en calidad de imputados a la profesora de Derecho Administrativo Susana Galera y al de Derecho del Trabajo Rodrigo Martín. Ambos impartieron clases en el máster 'Derecho Público del Estado Autonómico' en el curso 2011/12, en el que se matriculó la entonces delegada del Gobierno en Madrid.

Como informó eldiario.es, Galera era la docente de dos de las tres asignaturas que se le convalidaron a Cifuentes. En concreto, Las políticas autonómicas y locales en ordenación urbanística y medio ambiente y La estructura institucional de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en las que la ex dirigente del PP de Madrid obtuvo un aprobado (5). Esta profesora impartió una tercera materia en el segundo semestre -Las políticas públicas autonómicas y locales en materia educativa y sanitaria- y en la que Cristina Cifuentes mereció un notable (7), según consta en su certificado académico personal.

Tres días después de que estallara el escándalo, la profesora Galera denunció ante el servicio de Inspección de la URJC las "anomalías" que había detectado al revisar las actas tras las revelaciones periodísticas. El pasado 10 de abril escribió una carta en el citado diario digital, titulada 'Los compañeros de Cristina', en la que le contaba a Cifuentes "cómo discurrían las clases" con sus compañeros de promoción al no haber asistido ella a ninguna. "Qué pena, Cristina, que te lo hayas perdido", terminaba el escrito.

Por su parte, Rodrigo Martín -profesor titular de la URJC desde el año 2002- impartió Las relaciones laborales en las administraciones locales y autonómicas, correspondiente al primer semestre y en la que la sucesora de Ignacio González en la Presidencia de la Comunidad de Madrid sacó un sobresaliente. Fue uno de los cinco nueves que figuran en su expediente.

Susana Galera y Rodrigo Martín pasan a engrosar la lista de investigados, en la que ya figuraban otros cuatro profesores

En declaraciones a la Ser, este docente aseguró que la asistencia a clase no era obligatoria en su asignatura para ningún alumno, por lo que no llevaba control de asistencia. "El sistema que teníamos eran prácticas periódicas cada 15 días y luego un examen final que, creo recordar, era un caso práctico. Si tiene un 9 es porque hizo las prácticas y porque hizo el examen. Si no, habría sido suspendida o no calificada", defendió.

Con Galera y Martín, son ya seis los docentes de la Universidad Rey Juan Carlos que tienen la condición procesal de imputados en esta causa, en la que ya figuraban los catedráticos Enrique Álvarez Conde y Pablo Chico de la Cámara y las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos. También tendrán que hacerlo como investigados Álvarez Conde, Pablo Chico, Alicia López de los Mozos y María Teresa Feito, ex asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y quien habría presionado a Cecilia Rosado para que apareciera el Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cifuentes el día que trascendieron las irregularidades.

La instrucción que dirige la magistrada Rodríguez-Medel, iniciada a raíz de la denuncia presentada por la catedrática de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo Burrieza, se bifurca ya en al menos tres líneas de investigación. De un lado, trata de esclarecer si el procedimiento de convalidación de tres asignaturas fue legal o por el contrario se falsificaron firmas, como ha desvelado Figueruelo Burrieza. Es por ello por lo que la juez ha pedido al ente de la URJC que organizó el máster -el Instituto de Derecho Público- que le remita los originales de las actas de la Comisión de Garantías de Calidad del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico fechadas el 24 de mayo de 2012.

Acta falsificada del TFM

En paralelo, la instructora quiere constatar si también se falsificó el acta relativa a la supuesta defensa del TFM, motivo por el que imputó a Cecilia Rosado -la secretaria del tribunal que hipotéticamente examinó el trabajo de Cifuentes y quien habría fabricado dicho documento administrativo a instancias de Álvarez Conde- y a la funcionaria Amalia Calonge. Fue ésta quien modificó en el sistema las dos calificaciones que inicialmente le constaban como 'No presentada' a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid -el TFM y la asignatura de Pablo Chico- y en las que terminó luciendo un notable.

La tercera pata es si Enrique Álvarez -director del Instituto de Derecho Público de la URJC desde su creación a finales de 2005- pudo cometer un delito de continuado de prevaricación o falsificación de documento público, lo que se sustancia ya en una pieza separada en la que se realizan pesquisas sobre otras promociones del mismo máster. Es en el marco de la instrucción de esta rama en la que la juez ha pedido a la universidad madrileña información sobre el curso de posgrado que cursó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, en 2008-2009.