La juez encarga a la UCO la investigación policial del caso del máster de Cifuentes

La juez que investiga las irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes ha encargado la investigación policial a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Fuentes jurídicas han informado a El Independiente de que la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, dictó una providencia la pasada semana en la que pide auxilio policial para avanzar en las diligencias que permitan esclarecer los hechos por los que ya ha sido imputada la ex presidenta de la Comunidad de Madrid por la posible comisión de delitos de falsificación de documento público y cohecho.

La instructora quiere contar con la UCO, que dispone de una unidad específica para luchar contra delitos contra la administración y que acumula una gran experiencia en la investigación de casos de corrupción. Con todo, esta causa es de una dimensión y una complejidad muy inferiores a lo que estos agentes de la Guardia Civil están acostumbrados.

La magistrada quiere darle un impulso a la instrucción de esta causa, abierta a raíz de la denuncia presentada por la catedrática de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo tras conocer que se había falsificado su firma en el acta de convalidación de asignaturas a la ya ex presidenta madrileña y que acumula ya una decena de imputaciones.

Además de Cifuentes, Rodríguez Medel ha llamado ya al procedimiento en calidad de investigados a seis profesores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que dieron clases en el máster bajo sospecha o convalidaron asignaturas -Enrique Álvarez Conde, Pablo Chico de la Cámara, Cecilia Rosado, Alicia López de los Mozos, Susana Galera y Rodrigo Martín-; la funcionaria Amalia Calonge; la ex asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito y otro alumno compañero de promoción de la ex dirigente del PP de Madrid.

La magistrada Rodríguez-Medel quiere impulsar la instrucción de la causa, que acumula ya una decena de imputados

La encomienda de la investigación a la UCO se produce mientras la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid está a la espera de que la URJC le envíe diversa documentación, como las actas de convalidación de asignaturas expedidas por la comisión de garantías el 24 de mayo de 2012 o toda la información referida al máster cursado por el dirigente del PP Pablo Casado en 2008/09.

Rodríguez-Medel quiere analizar esta documentación, determinante para el esclarecimiento de los hechos, antes de que en las próximas semanas comparezcan ante ella nueve de los 10 investigados. En concreto, Álvarez Conde, López de los Mozos, Rosado, María Teresa Feito, Pablo Chico, Susana Galera y Rodrigo Martín están citados el próximo 25 de junio, un día antes de la comparecencia de Cristina Cifuentes.

Líneas de investigación

La investigación se bifurca ya en al menos tres líneas de investigación. De un lado, trata de esclarecer si el procedimiento de convalidación de tres asignaturas fue legal o por el contrario se falsificaron firmas, como ha desvelado Figueruelo Burrieza. Es por ello por lo que la juez ha pedido al ente de la URJC que organizó el máster -el Instituto de Derecho Público- que le remita los originales de las actas de la Comisión de Garantías de Calidad del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico fechadas el 24 de mayo de 2012.

En paralelo, la instructora quiere constatar si también se falsificó el acta relativa a la supuesta defensa del TFM, motivo por el que imputó a Cecilia Rosado -la secretaria del tribunal que hipotéticamente examinó el trabajo de Cifuentes y quien habría fabricado dicho documento administrativo a instancias de Álvarez Conde- y a la funcionaria Amalia Calonge. Fue ésta quien modificó en el sistema las dos calificaciones que inicialmente le constaban como ‘No presentada’ a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid -el TFM y la asignatura de Pablo Chico- y en las que terminó luciendo un notable.

La tercera pata es si Enrique Álvarez -director del Instituto de Derecho Público de la URJC desde su creación a finales de 2005- pudo cometer un delito de continuado de prevaricación o falsificación de documento público, lo que se sustancia ya en una pieza separada en la que se realizan pesquisas sobre otras promociones del mismo máster. Es en el marco de la instrucción de esta rama en la que la juez ha pedido a la universidad madrileña información sobre el curso de posgrado que cursó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, en 2008-2009.