Huelga conjunta de jueces y fiscales en España para reclamar una Justicia del siglo XXI

Jueces y fiscales harán este martes por primera vez una huelga conjunta en nuestro país. Será, no obstante, la cuarta huelga de magistrados en España que en esta ocasión dejarán sus puestos de trabajo en protesta por la “indiferencia” del Gobierno y el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, con las reivindicaciones que vienen solicitando de forma unánime en los últimos meses: despolitización de la Justicia, mejoras laborales, más medios para luchar contra la corrupción, etc. A ellos se han sumado esta vez los integrantes del Ministerio Fiscal que capitanea Julián Sánchez Melgar, exigiendo al Ejecutivo autonomía presupuestaria y más independencia.

Además, esta huelga de jueces y fiscales se produce 22 días después de que los siete colectivos judiciales pidieran en bloque la dimisión de Catalá por sus polémicas palabras sobre el juez que emitió el voto particular en la sentencia de 'La Manada'.

Los convocantes, la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, han llamado a secundar la huelga de este martes de forma masiva. Tras un mes de paros parciales los jueces y fiscales españoles volverán a plantar cara a Catalá en las próximas horas. Ya no bastan las buenas palabras.

En un comunicado hecho público este martes, el comité de huelga explica que "hoy muchos fiscales, jueces y juezas hemos decidido hacer huelga. Con ella queremos expresar nuestro profundo malestar con los responsables en materia de Justicia ante la dejación y abandono en el que se encuentra este servicio público. Reclamamos una Administración de Justicia del siglo XXI, de calidad y con medios e independiente".

Los togados están convencidos de que hay que dar un golpe encima de la mesa para tratar de eliminar cualquier sombra de injerencia del poder político en el judicial considerando como algo esencial evitar intentos de control en el tercer poder del Estado. Los primeros datos de participación, según los convocantes, revelan que 2294 jueces y 1264 fiscales están secundando esta huelga.

Pero, ¿qué medidas reivindican al unísono jueces y fiscales? A continuación, se detallan las 18 reivindicaciones que han llevado a la Carrera Judicial y Fiscal a la huelga del 22-M.

1.- Sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por los jueces y las juezas, asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías; sustitución del funcionamiento presidencialista por el colegiado del órgano; Dedicación exclusiva de los vocales, y recuperación de las competencias que tenía con anterioridad a la Ley Orgánica 4/2013.

2.- El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia

3.- Nombramientos de altos cargos judiciales: Definir previamente los perfiles de los puestos a cubrir. Proceso transparente, con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género. Limitación de mandatos: el nombramiento será prorrogable por una sola vez. Exigencia de motivación no solo respecto a los méritos del designado/a sino también en su relación con los de los demás aspirantes. En los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia será precisa una mayoría cualificada.

4.- Supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos.

5.- Plan de inversión suficiente y prolongado a fin de conseguir un servicio público que asegure la calidad de la respuesta, rapidez en la resolución y garantías de los derechos fundamentales, todo ello en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente.

Modernización de la Justicia

6.- Para la modernización de la Administración de Justicia es preciso un importante esfuerzo inversor. Un plan destinado a incrementar el número de jueces y juezas, equiparándolo a la media europea, a la modernización de los edificios judiciales; a implantar el expediente judicial útil y operativo que facilite el ejercicio de la función jurisdiccional; y, a procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes

7.- Racionalización de la planta judicial evitando la precarización, suprimiendo las figuras de “sustitución y refuerzo” en el periodo de prácticas formativas, respetando escrupulosamente el derecho-deber a una formación inicial y una adecuada formación para ejercer en las jurisdicciones especializadas.

8.- Revisión de la oficina judicial sobre las experiencias piloto. Invertir en su implantación, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones. La oficina judicial tiene como finalidad apoyar y facilitar el trabajo de los órganos jurisdiccionales, por lo que en supuestos de controversia deberá establecerse la intervención de los órganos de gobierno del Poder Judicial para adoptar la oportuna decisión

9.- Compatibilizar de los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional, según la comunidad autónoma de que se trate.

Mejoras laborales

10.- Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, ampliando las plantillas, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

11.- Convocatoria inmediata de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones y reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos siete años.

12.- Reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad.

13.- Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.

14.- Garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) para resolver la problemática específica planteada en todo momento por los jueces y juezas.

Peticiones del Ministerio Fiscal

15.- Derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto.

16.- Atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado.

17.- Refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal.

18.- Autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.