Los molinos de viento que derribaron al 'hidalgo' Zaplana

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrean en la adjudicación de parques eólicos y de estaciones de ITV el origen de las millonarias comisiones ilegales que Eduardo Zaplana habría acumulado durante su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana (1995-2002) y que habría ocultado en Uruguay antes de intentar repatriar el dinero.

Las pesquisas ponen el foco sobre el grupo empresarial Sedesa, controlado por la familia del ex presidente de las Cortes valencianas y ex director de la Policía Nacional Juan Cotino. Éste es uno de los investigados en el marco de la Operación Erial, en la que han sido detenidos dos sobrinos que administraban empresas del conglomerado: Vicente y José Cotino Escribá.

Entre la documentación que ha requerido la UCO a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo se encuentra la relativa a la adjudicación a la UTE 'Proyectos Eólicos Valencianos' de la autorización para la instalación de diversos parques eólicos en la comunidad. Se trata de una unión temporal de empresas en la que Sedesa (25 %) era el segundo accionista junto a Endesa Cogeneración y Renovables (hoy Green Power España SL, con un 55 %) y Bancaja (20 %).

El 26 de julio de 2001, en la recta final de Zaplana como presidente autonómico, el Gobierno valenciano aprobó el Plan Eólico de la Comunidad con el que reguló la instalación de parques con una potencia total instalada de 1.695 megavatios mediante el funcionamiento de un máximo de 2.720 aerogeneradores. Era en vísperas de que el sector viviera una 'burbuja' como consecuencia de la política de primas implantada por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que relevó a Aznar en abril de 2004.

En concreto, según se detalla en la resolución de concesión, dictada por la entonces Conselleria de Industria y Comercio el 25 de febrero de 2003, Proyectos Eólicos Valencianos obtuvo autorización para la explotación de parques eólicos en tres de las 15 zonas en que se dividía el proyecto -concretamente las números 5, 6 y 11, correspondientes a Castellón y Valencia- con una potencia acumulada de 395 megavatios, el 23,3 % del total. La UTE en la que participaba Sedesa era una de las cinco empresas adjudicatarias de las 21 que habían presentado ofertas a este concurso.

Las empresas de la familia Cotino, investigados en la 'Operación Erial' resultaron adjudicatarias tanto de parques eólicos como de estaciones de ITV

De acuerdo con la información que consta en el Registro Mercantil, Proyectos Eólicos Valencianos inició sus operaciones el 13 de julio de 2001, justo 13 días antes de que el Ejecutivo autonómico diera luz ver a su plan eólico. Su objeto social es la "producción, transporte y distribución de energía eléctrica" y el capital social desembolsado es de 2,55 millones de euros.

Cuando el 28 de noviembre de 2006 se inició el montaje de sus primeros parques eólicos se cifró la inversión total que iba a desplegar la UTE en 450 millones de euros para desarrollar infraestructuras que iban a permitir generar más de 1.300 gigavatios al año, suficiente para garantizar el suministro eléctrico a unos 400.000 hogares.

El otro proyecto del que habrían salido las comisiones ilegales percibidas por el ex ministro de Aznar fue la privatización de las estaciones para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en diciembre de 1997. Levantina de Obras y Edificios SA -perteneciente al grupo Sedesa- fue  junto a Servicios de Excavaciones SA e Inspecciones Técnicas y Verificaciones SA una de las empresas que integraban la UTE 'Valenciana de Revisiones', adjudicataria de uno de los siete lotes ofertados (concretamente el relativo a Castellón, Villareal, Vinaroz y Sagunto).

Reproches en la auditoría de la Sindicatura de Cuentas

Levantina de Obras y Edificios es una de las cinco filiales absorbidas por Sedesa División Inmobiliaria SL en virtud del acuerdo adoptado por la junta general de la compañía absorbente el 27 de enero de 2009. Los accionistas decidieron también cambiar el nombre de Sedesa División Inmobiliaria por el de Sistemas Globales Inmobiliarios SL. El anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en su edición del 19 de mayo de 2009 está firmado por Vicente Cotino Escribá, administrador único de la sociedad absorbente y administrador único o solidario de todas las sociedades absorbidas.

Según detalla la Sindicatura de Cuentas en el informe de auditoría operativa de la explotación en régimen de concesión administrativa del servicio público de la Inspección Técnica de Vehículos en la Comunidad Valenciana (1997-2015), fechado el pasado 27 de julio, Valenciana de Revisiones se hizo con el contrato de dicho lote tras ofrecer un canon de 5.823.318 euros. El pliego fijaba el mínimo en 4.479.475 euros.

En sus conclusiones, el síndico mayor (Vicent Cucarella Tormo) expone que el procedimiento administrativo utilizado y el plazo de duración del contrato -25 años, con posibilidades de renovación en tramos de 10 años hasta un máximo de 75- responden a los parámetros "más utilizados" por el resto de comunidades autónomas, si bien no pasan por alto el hecho de que no se hallaron evidencias que justificaran el cambio del régimen de explotación (de público a privado).

Sin ingresar 1,7 millones

Igualmente, la Sindicatura de Cuentas censuró que los pliegos que regularon el concurso no incluyeran "ningún tipo de actualización de la contraprestación económica a satisfacer por los concesionarios por el uso de las instalaciones de ITV ya existentes propiedad de la Generalitat", lo que frustró ingresos a favor de la Administración autonómica por importe de al menos 1,7 millones en el periodo fiscalizado.

El informe también subraya el hecho de que las "importantes cuantías económicas" establecidas tanto para la fianza como para el canon de gestión "podrían haber supuesto una limitación a la libre competencia y a la concurrencia" de empresas, toda vez que los adjudicatarios de cuatro de los cinco lotes tenían forma de UTE.

El síndico, igualmente, llama la atención sobre el hecho de que el importe del canon de gestión ofrecido por cada uno de los licitadores representaba exactamente el mismo incremento -del 30 %- en relación con el mínimo establecido en el pliego de condiciones y que éste no citara "expresamente" ni la rentabilidad estimada ni la situación de equilibrio financiero.