El ex dirigente del Partido Popular Eduardo Zaplana sacó fuera de España un botín "millonario" que presuntamente obtuvo por el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones irregulares durante su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana (1995-2002), cargo que ocupó antes de incorporarse al gobierno de José María Aznar como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Los fondos opacos habrían estado escondido durante años en un paraíso fiscal, si bien el dinero habría comenzado a repatriarse a España en fechas recientes.
Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tratan de determinar la cuantía exacta de la fortuna amasada de manera supuestamente ilegal por Zaplana y que se cifra en "varios millones de euros", según fuentes de la investigación consultadas por El Independiente.
El ex ministro de Aznar ha sido detenido a primera hora de este martes en Valencia como posible autor de delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. El ex dirigente popular es uno de los siete arrestados en la redada desplegada por orden del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, y dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, bajo el nombre policial de Operación Erial.
Entre los detenidos se encuentran también el jefe de gabinete del ex presidente valenciano, Juan Francisco García; dos sobrinos del ex presidente de las Cortes valencianas y ex director general de la Policía Juan Cotino, Vicente y José Cotino; el director de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens, y su mujer, Felisa López. En total, el reproche penal se extenderá a 15 personas, entre ellas el propio Juan Cotino.
Las diligencias que se están practicando en la capital levantina incluyen el registro de diversos domicilios -entre ellos el del propio ex ministro del PP- en busca de posibles pruebas que apuntalen las sospechas de los agentes, como los paraísos fiscales en los que habría estado escondido el dinero.
Fuentes del caso subrayan que en estos momentos las pesquisas se centran en las supuestas mordidas que Eduardo Zaplana habría obtenido por la adjudicación de contratos como jefe del Ejecutivo valenciano, si bien la operativa de blanqueo -la afloración del dinero- sería reciente.
El dinero que Zaplana escondía en un paraíso fiscal procedía de comisiones por contrataciones irregulares de su etapa como presidente valenciano
Hasta ahora, no se ha imputado a los detenidos el delito de pertenencia a organización criminal, aunque los investigadores trabajan con la hipótesis de que había un claro reparto de funciones entre algunos de los detenidos: uno tenía el dinero, otro lo gestionaba y otro se habría encargado de repatriarlo.
Las sospechas se focalizan en la adjudicación del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana de 2001 y en la concesión de las estaciones para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de 1997, por lo que agentes de la UCO se han personado en la sede de la Conselleria de Economía reclamando los expedientes administrativos relativas a ambos contratos.
En el caso del citado plan energético, fue un proyecto aprobado por el Ejecutivo regional el 26 de julio de 2001 para regular la instalación de parques eólicos en 15 zonas calificadas como aptas -con una potencia total instalada de 1.695 megavatios con un máximo de 2.720 aerogeneradores- y al que se presentaron 21 compañías. Finalmente, la Conselleria de Industria, Comercio y Energía -siguiendo la propuesta de la comisión de selección- adjudicó potencia a cinco compañías: Energías Renovables Mediterráneas SA (Renomar), Guadalaviar Consorcio Eólico, Proyectos Eólicos Valencianos SA, Nuevas Energías Valencianas SA y Eólica del Levante.
En cuanto a las ITV, el Gobierno de Zaplana privatizó en diciembre de 1997 las estaciones donde se llevan a cabo la revisión, resultando favorecidos diversos empresarios afines y sociedades que tenían conexiones del PP.
Las escuchas del 'caso Lezo'
El nombre de Eduardo Zaplana también salió a relucir en otra causa de corrupción: la operación Lezo, por la que tuvo que declarar en la Audiencia Nacional en calidad de testigo. En una conversación intervenida por la UCO, el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González le cuenta a Zaplana que el ex gerente del Canal Ildefonso de Miguel "le sacó una grabación a un empresario (Rafael Palencia)" diciendo que "le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy".
En los pinchazos, los agentes descubrieron también que González propuso a Eduardo Zaplana "montar una estructura financiera" a través de Fernando Belhot -abogado uruguayo que facilitaba a sus clientes "estructuras societarias" opacas en países como Holanda, Estados Unidos o Uruguay- "para canalizar algún tipo de operación a medio, o largo plazo". El ex ministro negó entonces tener relaciones mercantiles con el ex presidente madrileño. "Nunca he participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno", declaró.
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