Zaplana usó sociedades pantalla en España y Uruguay para ocultar las comisiones ilegales

El ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana, detenido este martes, se habría valido presuntamente de un complejo sistema de sociedades pantalla para ocultar el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas mientras fue presidente de la Generalitat valenciana entre los años 1995 y 2002.

Dichas sociedades, registradas a nombre de presuntos testaferros y colaboradores del detenido, estaban ubicadas principalmente en Uruguay y en España, aunque el ex dirigente del Partido Popular también movió los fondos opacos a otros paraísos fiscales como Luxemburgo, según informan a El Independiente fuentes de toda solvencia.

No obstante, el citado entramado empresarial habría sido creado y gestionado desde Uruguay, país donde el dinero de las supuestas mordidas permaneció durante más tiempo escondido y donde se centra gran parte de la investigación. De hecho, la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, ha cursado ya una comisión rogatoria al país sudamericano.

El avance de las pesquisas permitirá precisar la cuantía exacta de la fortuna amasada de manera ilegal por Zaplana y que fuentes consultadas por este diario cifran en "varios millones de euros". Los investigadores calculan que la cifra total de ‘mordidas’ cobradas en esta causa de corrupción por varios investigados ronda los diez millones aproximadamente.

Zaplana, que está siendo investigado por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, repatrió en fechas recientes a España parte del 'botín millonario' amasado a través de las comisiones ilegales. Precisamente, esos movimientos de fondos semanas atrás es lo que ha hecho que los delitos no se encuentren en estos momentos prescritos, apuntan fuentes jurídicas.

La reciente repatriación de los fondos es lo que abre la puerta a que los delitos no se encuentren ya prescritos

El presidente valenciano entre 1995 y 2002 ha sido uno de los seis detenidos por la UCO durante este martes en el marco de la Operación Erial, ordenada por el Juzgado de Instrucción 8 de Valencia y dirigida por la Fiscalía Anticorrupción. Junto a Zaplana, han sido arrestados su ex jefe de gabinete, Juan Francisco García; los hermanos Vicente y José Cotino Escribá, sobrinos del ex presidente de las Cortes regionales y ex director general de la Policía Juan Cotino; el economista y ex secretario del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Francisco Grau; el ex director del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm y posteriormente director de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens, y la mujer de éste, Felisa López.

También serán llamados al procedimiento en calidad de investigados Juan Cotino; la esposa de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del ex presidente autonómico, Mitsuko Henríquez. No han trascendido los delitos que les imputa la instructora.

Junto a los arrestos, las diligencias desarrolladas durante este martes por los agentes de la UCO han incluido registros en dos viviendas propiedad de Zaplana -sitas en Valencia y Benidorm (Alicante)- y en empresas bajo sospecha, como las administradas por Vicente Cotino. Tras asistir a los registros, que ha durado varias horas, el ex presidente regional fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil.

También durante este martes se ha requerido documentación a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre las adjudicaciones relacionadas con el Plan Eólico de 2001 y la privatización de las estaciones de ITV, de donde se sospecha que salieron las comisiones ilegales que supuestamente percibió Zaplana. Éste ha sido fulminantemente suspendido de militancia, al tiempo que Telefónica ha suspendido la relación laboral que mantenía con el ex ministro.

Anticorrupción estudia pedir prisión

La Operación Erial podría acarrear el ingreso en prisión del ex ministro de Aznar. Fuentes jurídicas consultadas explican que, dada la gravedad de los delitos que se le imputan y el riesgo de destrucción de pruebas, Anticorrupción valora en estos momentos solicitar el ingreso en prisión del ex presidente valenciano cuando pase a disposición judicial y se celebre la vistilla de medidas cautelares.

El nombre de Zaplana también salió a relucir durante la instrucción del caso Lezo por las conversaciones interceptadas por la UCO al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, lo que motivó que fuera llamado a declarar en calidad de testigo. En uno de los pinchazos, González le cuenta a Zaplana que el ex gerente del Canal Ildefonso de Miguel "le sacó una grabación a un empresario (Rafael Palencia)" diciendo que "le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy".