La operación desplegada esta mañana por la UDEF ha puesto el foco de las sospechas sobre la financiación del 1-O y el proyecto secesionista en la Diputación de Barcelona. La financiación del procés ha sido hasta ahora el gran agujero negro en la instrucción que lidera el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, pero la UDEF parece haber encontrado la respuesta en las ayudas a la cooperación de la Diputación de Barcelona, un ámbito cuestionado ya por las adjudicaciones a dedo en el pasado.

La política de ayudas a la cooperación de la Diputación de Barcelona está en entredicho desde que CiU se hizo con la presidencia de la entidad supramunicipal en 2012, después de tres décadas en manos de los socialistas. La gestión de Joan Carles Cañizares, ex director de Relaciones Internacionales, actual responsable de Hacienda y uno de los detenidos por la UDEF, ha sido cuestionada tanto por los trabajadores de la entidad como por la CUP.

El precendente: una denuncia de la CUP

Los antisistema denunciaron en 2016 ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) el desvío de al menos un millón de euros en fondos que debían haber ido a la cooperación al desarrollo y habrían acabado en manos de patronales y empresas próximas al entorno convergente. Ahora, la UDEF registra la sede de Pimec y la Fundación CATmón.

En 2015 dimitieron los dos máximos responsables del Área de Relaciones Internacionales de la Diputación por las acusaciones de contratación a dedo de empresas creadas ad hoc para los proyectos licitados, con contratos fragmentados por debajo de los 18.000 euros para evitar el concurso o concedidos directamente a los directivos de las empresas.

Este contexto habría sido el caldo de cultivo en el que desde 2015, y sobre todo en el último año, el gobierno de Carles Puigdemont habría visto la vía para sortear los controles del Ministerio de Hacienda sobre las cuentas de la Generalitat.

936 millones anuales, el tercer presupuesto catalán

Artur Mas, y después Carles Puigdemont, se han beneficiado en la Generalitat de las saneadas cuentas del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, el segundo y tercer presupuesto de las administraciones catalanas tras la Generalitat. CiU perdió Barcelona en 2016 a manos de Ada Colau, pero mantiene la Diputación de Barcelona, presidida por Mercé Conesa, alcaldesa de Sant Cugat y presidenta del Consejo Nacional del PDCat.

Con un presupuesto en 2017 de 936 millones de euros, la Diputación es una entidad de segundo nivel cuyos fondos deben destinarse al apoyo a los ayuntamientos más pequeños y con menos recursos. Se trata sin embargo de las administraciones más opacas a la fiscalización de la gestión de sus recursos.