La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha juzgado la primera época de la trama de corrupción Gürtel, no considera "verosímil" y cuestiona la "credibilidad" del testimonio que ofreció durante el juicio el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, cuando negó pagos en B por parte del ex tesorero Luis Bárcenas.

En su sentencia, el tribunal destaca que algunos testigos reconocieron los cobros, pero que otros como Rajoy, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos quitaron credibilidad a los conocidos como papeles de Bárcenas y negaron la existencia de una caja B en el partido.

Sin embargo, los magistrados comparten el criterio de la Fiscalía, y es que si hubiesen reconocido estos cobros por su parte, "supondría reconocer la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública". Esto, añaden, no serían objeto de delito, pero sí podrían "ser considerados por los testigos como merecedores de un reproche social", al tiempo que también significaría "admitir la existencia de una 'caja B' en el seno de la formación política a la que pertenecen o han pertenecido".

No es suficiente para rebatir la contundente prueba

Por eso, la Sala "pone en cuestión la credibilidad" de Rajoy y el resto de testigos que declararon sobre los papeles de Bárcenas, ya que su testimonio "no aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del partido". "En palabras del Ministerio Fiscal, no son suficientemente creíbles estos testigos para rebatir dicha contundente prueba", apuntan los jueces.

Es más, el tribunal destaca que "algunos de estos testigos" como Javier Arenas o Pío García Escudero "vinieron indirectamente incluso a confirmar algunos de los apuntes de la caja B", concretamente en relación con una cena del año 2008 del también ex tesorero Álvaro Lapuerta y de un regalo. "Es decir, dieron detalles de lo que aparecía reflejado en este apunte de la caja B del partido", resume.

Los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada dan por acreditada esa 'caja B' en su sentencia

Y es que los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada dan por acreditada esa caja B en su sentencia, en la que afirman que determinadas cantidades detraídas de los contratos públicos adjudicados a la trama liderada por Francisco Correa "sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del PP o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada caja B del partido".

Según la Sala, esta caja B era "una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido".

En todo caso, los jueces no entran a analizar en profundidad este asunto porque queda "fuera de su ámbito de conocimiento". La caja B del PP, de hecho, está siendo investigada por el juez de instrucción de la Audiencia Nacional José de la Mata.

En línea con la versión de 'El bigotes'

Por otro lado, la sentencia no permite acreditar que Luis Bárcenas sea el Luis el cabrón, nombre que apuntó Correa en su contabilidad, la cual fue intervenida al contable de la trama, José Luis Izquierdo, en uno de los registros.

En dicha contabilidad, en uno de los apuntes se hacía mención a la entrega a Luis el cabrón de 72.000 euros por parte de Álvaro Pérez 'el Bigotes' y los investigadores consideraron que el destinatario del dinero fue Bárcenas.

Sin embargo, los jueces creen la versión que ofreció Álvaro Pérez durante el juicio, y es que con Luis el cabrón se refería al empresario Luis Delso y que no aplicó nunca esta denominación al ex tesorero del PP.

El tribunal, de hecho, afirma que "la prueba practicada no nos permite llegar a esa conclusión con la certeza que requeriría un pronunciamiento de condena", y este es uno de los motivos por los que Álvaro Pérez ha sido absuelto en este juicio, en el que la Fiscalía le pedía cinco años de cárcel.