La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este lunes que “no procede en derecho” autorizar al juez progresista José Ricardo de Prada a formar parte del tribunal que celebrará a partir de las 10:30 horas las vistas previstas en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde la Fiscalía Anticorrupción prevé solicitar medidas cautelares para el matrimonio Bárcenas Iglesias, entre otros condenados.
El acuerdo ha sido aprobado con el voto de calidad del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, después de que la votación haya arrojado un empate a cuatro, según informan fuentes jurídicas. Han votado a favor, además de Lesmes, los vocales Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y José María Macías; mientras que se han pronunciado en contra los vocales Fernando Grande-Marlaska, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
La resolución contará con dos votos particulares: uno discrepante de Rafael Mozo y Concepción Sáenz y otro concurrente de Juan Martínez Moya y José María Macías.
Tal y como avanzó El Independiente, junto a las vistillas, De Prada –destinado actualmente en La Haya- había pedido la semana pasada al Consejo poder participar en las aclaraciones y rectificaciones de la sentencia de 1687 folios que se ha dado a conocer este jueves.
La decisión de la Permanente está basada en el informe emitido por los órganos técnicos del CGPJ en relación con la solicitud formulada por el magistrado y que señala que habilitarle para participar en estos asuntos “lo sería para intervenir en una actuación procesal para la que carece de jurisdicción, al no encontrarse en servicio activo en la Carrera Judicial.
Este órgano concluye que "la habilitación del magistrado en la deliberación y fallo de asuntos en el tribunal en el que tiene su plaza reservada mientras se halle en servicios especiales no lo es para poder participar en cualquier de los asuntos del órgano judicial, ni en las distintas incidencias que surjan con respecto a alguna de las causas en las que previamente intervino, sino, exclusivamente, en las actuaciones para las que el ordenamiento jurídico preestablezca su intervención”.
La citada comisión acordó el pasado 8 de marzo concederle a este magistrado la situación de servicios especiales de forma indefinida para que pueda desempeñar dicho cargo como juez de Naciones Unidas en La Haya. En dicho tribunal forma parte del grupo de jueces que estudia la sentencia de apelación del ex líder serbiobosnio Radovan Karadzic, condenado a cuarenta años de cárcel por delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad durante la guerra de Bosnia, entre los años 1992 y 1995.
Posteriormente, el Consejo le autorizó a ejercer su función jurisdiccional en la Audiencia Nacional para la deliberación, redacción y firma de la sentencia de Gürtel hasta este 31 de mayo.
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