Podemos no pondrá condiciones previas a Pedro Sánchez para dar el "sí" a su moción de censura, pero tampoco se trata de dar "un cheque en blanco", afirman fuentes del partido morado. La formación de Pablo Iglesias "quiere garantías" en caso de que el líder socialista se haga con las riendas del Gobierno el próximo viernes en sustitución de Mariano Rajoy, y garantías, no solo para convocar elecciones en más o menos un año, sino fundamentalmente para revocar tres leyes convertidas en la bestia negra de la izquierda, esto es, la reforma laboral, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza" y la Lomce.
A fin de cuentas, parte de ese trabajo está hecho. En el Congreso existe una ponencia, hoy congelada, para debatir dos proposiciones de ley, una del propio PSOE y otra del PNV para acabar con la ley mordaza del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ambas admitidas a trámite por el pleno del Congreso en septiembre de 2017. También el PSOE presentó una proposición de ley para paralizar la Lomce. En respuesta, el Ejecutivo acudió al TC en un recurso de atribuciones con el que intentaba paralizar el proceso parlamentario y en el que no se le dio la razón. No obstante, el propio ejecutivo de Rajoy ya había eliminado los aspectos más controvertidos de la Ley Wert al suspender los efectos académicos de las reválidas. En cuanto a la reforma laboral, los socialistas han basculado entre su modificación o su derogación.
Sin embargo, PSOE y Podemos no coinciden al cien por cien a la hora de abordar estos hipotéticos "revocatorios" por lo que pueden entrar en colisión si los morados presionan mucho. A Pedro Sánchez tampoco le gusta la reforma del mercado laboral que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y son partidarios de dejar de subvencionar la educación concertada, con la que los distintos ejecutivos socialistas han terminado conviviendo sin grandes problemas. Bien es cierto que la pretensión de Sánchez de gobernar unos meses antes de convocar elecciones generales responde al deseo de poder presentar ante los electores alguna credencial sobre su ejecutoria, aún a riesgo de que la pudiera rentabilizar Pablo Iglesias como está rentabilizando Albert Rivera muchas de las medidas del gobierno de Mariano Rajoy, léase la aplicación del 155.
La reforma de la Lomce y de la Ley de Seguridad no necesita de partidas presupuestarias
A pesar de las admonitorias palabras de Iglesias en el sentido de que Sánchez debe irse si fracasa la moción, lo que no augura el mejor de los escenarios si el objetivo común es sacar a Rajoy de la Moncloa, tanto desde Podemos como desde IU insisten en ese respaldo al líder socialista. No obstante, a continuación recuerdan que "deberá depender de nosotros en el Parlamento para sacar adelante cualquier iniciativa", momento en que se cobrarán el precio a su apoyo si consiguen ponerse de acuerdo sobre tan sensibles cuestiones y suscitar, además, otras adhesiones.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana tiene la virtud de salir gratis, en el sentido literal de la palabra. No compromete partidas presupuestarias ni en lo que se refiere a posible merma de ingresos o incremento de gastos. Su efecto es más social y mediático con muy buena "venta" en la base electoral de la izquierda. Otra cosa es la reforma laboral, que regula las reglas del juego del mercado de trabajo y que, en su caso, sí puede tener una fuerte repercusión respecto a la seguridad jurídica de las empresas.
Rajoy pondrá el acento en las consecuencias económicas de la incertidumbre política
La "contrareforma" laboral no es inocua en un momento de fuerte convulsión económica por la situación de inestabilidad política en Italia y España, tras el anuncio, en el caso de nuestro país, de la presentación de la moción de censura. Fuentes gubernamentales ponen el acento en que los inversores "están vendiendo fondos y deshaciéndose de posiciones". La confianza, agrega, "es tímida, huye de líos. No se cargan solo un Gobierno" porque incluso aunque se pierda la moción "se ha evaporado la certidumbre".
De hecho, el presidente del Gobierno pondrá el acento en las consecuencias económicas de la moción de censura durante su intervención en el debate el próximo jueves. Aunque su discurso no está reglado, puede intervenir en cualquier momento. Lo más probable es que lo haga tras las palabras de la portavoz socialista, Margarita Robles, y del candidato a la presidencia, Pedro Sánchez. La primera debe intervenir en nombre del grupo peticionario y, el segundo, presentar un programa de gobierno, dado que las mociones en nuestro país son constructivas.
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