El consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, presionó al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) el día que estalló el escándalo del máster de Cristina Cifuentes para que le enviara el acta que acreditara que la presidenta autonómica había defendido el Trabajo Fin de Máster (TFM). Sólo con ese documento Cifuentes podría rebatir la denuncia periodística de que obtuvo el título con notas falsificadas.
Así lo revela el abogado de la URJC en un escrito enviado el pasado 27 de abril a la Fiscalía de Móstoles, instancia ante la que el Rectorado puso inicialmente en conocimiento las irregularidades detectadas en torno al curso de posgrado que la jefa del Ejecutivo regional detallaba en su currículo oficial ('Derecho Público del Estado Autonómico'). La posterior denuncia de la catedrática de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo Burrieza por falsificación de su firma en un acta de convalidación de asignaturas hizo que el Ministerio Público se inhibiera y un juzgado de Instrucción de Madrid -concretamente el número 51- abriera diligencias previas con diez personas ya en calidad de investigadas.
La presión del Gobierno regional ya le costó el cargo de asesora de la Consejería de Educación a María Teresa Feito, que se vio forzada a renunciar hace más de dos semanas a este puesto de libre designación tras incriminarla la profesora Cecilia Rosado en sede judicial. Feito, que se personó en la Universidad a primera hora de la mañana del día que trascendieron las irregularidades, tendrá que prestar declaración en calidad de investigada el próximo 25 de junio como posible autora de un delito de falsificación de documento público.
"Durante todo el día 21 de marzo de 2018, el rector recibió multitud de llamadas desde el móvil personal de D. Rafael van Grieken Salvador (consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid) en las que le solicitaba la totalidad de la documentación correspondiente al Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico cursado por la Sra. Cifuentes Cuencas y especialmente el acta del Trabajo Fin de Máster", expone el letrado en el escrito.
El abogado asegura que las llamadas telefónicas del consejero "se intensificaron" una vez terminada la conferencia de prensa que el rector de la URJC, Javier Ramos, ofreció a última hora de la mañana del pasado 21 de marzo junto a los catedráticos Enrique Álvarez Conde y Pablo Chico de la Cámara para negar las irregularidades y atribuir a una "mala transcripción" en la introducción de las notas en la aplicación informática que Cristina Cifuentes apareciera como ‘no presentada’ en dos asignaturas del máster. Las llamadas de Van Grieken a Ramos aumentaron "según iba avanzando la tarde", precisa el documento.
La Consejería de Educación niega presión al rector de la URJC y enmarca las insistentes llamadas en la "relación institucional" que mantienen ambas partes
A preguntas de El Independiente, un portavoz de la Consejería de Educación e Investigación reconoció las llamadas efectuadas por el titular del departamento al rector el pasado 21 de marzo, si bien negó "cualquier tipo de presión". La fuente precisó que fue Javier Ramos quien llamó primeramente al consejero -al que Ángel Garrido acaba de ratificar en el cargo tras tomar posesión como nuevo presidente en sustitución de Cristina Cifuentes- y enmarcó dichas conversaciones telefónicas en "la relación institucional, de cordialidad y de respeto a la autonomía universitaria" que mantienen ambas instituciones. "El tono fue absolutamente normal y las llamadas se hicieron para pedir la documentación después de las explicaciones que habían dado en la rueda de prensa", añadió.
El rastro del correo electrónico revela un intenso envío de mensajes desde la secretaría del Rector a la del consejero Educación e Investigación durante aquella jornada en la que daba comienzo la primavera. En concreto, fueron seis los e-mails remitidos a Van Grieken entre las 17.09 y las 18.32 horas con los que Ramos intentó complacer la demanda de documentación que el consejero le hizo de forma insistente.
Así, a las 17.37 Ramos le envió por correo electrónico el supuesto acta de la defensa del TFM de Cifuentes que, ocho minutos antes, le había hecho llegar el profesor Álvarez Conde. Se trata del documento que el veterano catedrático de Derecho Constitucional y director del máster ordenó "reconstruir" a una de sus "discípulas" -concretamente a Cecilia Rosado, que ya ha declarado como imputada en la causa que instruye la juez María del Carmen Rodríguez-Medel- y que contiene las firmas falsificadas de dos de las profesoras que supuestamente integraron aquel tribunal el 2 de julio de 2012: Alicia López de los Mozos (presidenta) y Clara Souto (vocal).
El Rectorado envió seis correos electrónicos al consejero de Educación entre las 17.09 y las 18.32 horas del día que trascendió el caso
Se trata del acta que Cristina Cifuentes, que había guardado silencio durante todo el día pese a la gravedad de las acusaciones, difundió a la prensa y a través de Twitter a primera hora de aquella noche para intentar demostrar que había defendido el TFM, una de las dos asignaturas bajo sospecha. Fue antes de conceder entrevistas a los programas La Brújula (Onda Cero) y El Cascabel (13 TV) "para que no quede ninguna duda sobre la polémica artificial del máster".
https://twitter.com/cifupresidenta/status/976554350968532997
A las 18.17 horas, la secretaria del rector envió a su homóloga del consejero de Educación un nuevo mensaje, en este caso para adjuntarle el acta que a las 18.06 le había enviado el catedrático Pablo Chico y que teóricamente acreditaba que Cifuentes había obtenido un notable (7.5) en la otra asignatura -La financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales- que inicialmente figuraba como 'No presentada' en el expediente de la ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid.
Once minutos después, la secretaria del titular madrileño de Educación acusó recibo en un correo que llevaba como título del asunto 'Acta con nota' y en el que escribió el siguiente texto: "Gracias. Creo que con esto está todo. Te solicito que agradezcas tanto al Rector como a Matilde las molestias que se han tomado y mis disculpas por las premuras. Confío en que os hacéis cargo de la situación tan delicada en que nos encontramos. Un saludo".
Cuando la secretaria de Ramos envió el último correo a la secretaria de Van Grieken hacía ya 22 minutos que el rector había tomado una relevante decisión, según contó él mismo en una conferencia de prensa ofrecida el pasado 6 de abril. "Debido a las inconsistencias detectadas, a las 17.55 horas de ese mismo día ordené a la jefa de Inspección de Servicio de la Universidad, Pilar Trinidad, la apertura de un procedimiento de información reservada para aclarar todo lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes", declaró. La duda es si informó al consejero de Educación en alguna de las conversaciones mantenidas durante aquella tarde.
Gabinete de crisis en la URJC
La actividad fue frenética aquel 21 de marzo en la sede central de la Rey Juan Carlos, una de las cuatro universidades públicas dependientes de la Comunidad de Madrid. A primera hora de la mañana, tras la noticia adelantada por eldiario.es, se produjo una reunión en el Rectorado a la que asistieron -entre otros- Javier Ramos; María Teresa Feito; los vicerrectores Carles Marín (Comunicación) y José María Álvarez Monzoncillo (Posgrado); Amalia Calonge, jefa de servicio en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, y Jorge Urosa, director del Centro Integral de Formación.
Fue antes de que Ramos se reuniera en su despacho con Enrique Álvarez Conde, director desde su creación del instituto de la URJC que impartió el máster, en presencia de dos miembros de su equipo de gobierno: la secretaria general, Pilar Charro, y el vicerrector de Planificación y Estrategia, Andrés Martínez Fernández.
"A la mayor inmediatez posible"
"En dicha reunión, el Sr. Álvarez Conde aseveró con rotundidad que existía un acta de Trabajo Fin de Máster correspondiente a la Sra. Cifuentes y que la remitiría con la mayor inmediatez posible", se lee en el escrito que el abogado de la Universidad remitió a la Fiscalía. El documento no llegó al correo electrónico del rector hasta las 17.29 horas de aquel día.
Enrique Álvarez, uno de los principales imputados en el caso y suspendido cautelarmente como director del Instituto de Derecho Público de la URJC tras aflorar las presuntas irregularidades, está citado a declarar el próximo 25 de junio acusado de la comisión de un delito continuado de prevaricación y otro de falsificación de documento público.
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