La posibilidad cada día más cierta de que la moción de censura contra Mariano Rajoy salga aprobada este viernes ha puesto en guardia al poder económico en España. Mientras en el Congreso de los Diputados se extiende la idea de que el PNV votará a favor de hacer presidente a Pedro Sánchez, las grandes empresas y bancos intentan evitar lo que consideran un "escenario de extrema inestabilidad económica" con la posible conformación de un gobierno en minoría respaldado por independentistas y populistas.
Fuentes solventes consultadas por El Independiente informan de que miembros relevantes del Ibex , preocupados ante esa hipótesis, habrían trasladando al entorno de Mariano Rajoy la conveniencia de que el presidente dé un paso adelante y dimita como única forma de evitar que salga adelante la moción presentada por el líder del PSOE. El propio presidente del Gobierno ha disparado las especulaciones al respecto al no descartar tajantemente esa posibilidad este martes durante la sesión de control al Ejecutivo en el pleno del Congreso.
"Tengo un mandato de los ciudadanos y tengo un mandato de esta Cámara. Y los mandatos son para cuatro años, eso da credibilidad, certidumbre. Mi intención es cumplir con el mandato de los españoles, máxime después de haber aprobado los Presupuestos la semana pasada”, ha contestado Rajoy a preguntas del diputado de ERC Gabriel Rufián.
La dimisión de Rajoy -algo que han barajado también dirigentes populares- se solicita como medida extrema para evitar lo que el PP denomina un "Gobierno Frankenstein", utilizando la expresión patentada por Aflredo Pérez Rubalcaba contra la intención de Pedro Sánchez de ser investido presidente con apoyo de los partidos independentistas en marzo de 2016.
Si Rajoy dimitiera antes de que se apruebe la moción de censura, el Gobierno quedaría en funciones hasta que se produjera una nueva investidura. La moción decaería de forma automática y el Ejecutivo en funciones quedaría limitado en sus facultades. No podría, por ejemplo, disolver las Cámaras y convocar elecciones,.
Tras las rondas de contactos para negociar ese nuevo nombramiento, el Rey tendría que proponer a un candidato que debería alcanzar un consenso sobre su investidura. Como ocurrió en diciembre de 2015 y en junio de 2016, a partir de la primera votación correría un plazo de dos meses tras el cual, si no hay un nuevo presidente, se convocarían elecciones. Hasta entonces, el Gobierno del PP seguiría en funciones sin plazo establecido.
Tanto en ese caso como en el de un breve Gobierno de Pedro Sánchez, y también si prosperase una segunda moción de censura de Podemos y Ciudadanos, las elecciones generales están a la vista y en un plazo que no superaría un año. Sólo el voto del PNV en contra de la moción y la negativa de C's a apoyar otra posterior de Unidos Podemos podría garantizar el cumplimiento de esta legislatura hasta 2020.
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