La juez del 'caso máster' encarga una prueba caligráfica para acreditar la falsedad de las firmas

La juez que investiga las irregularidades del máster de Cristina Cifuentes ha encargado al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil una pericial caligráfica para certificar que las firmas de profesores que aparecen tanto en el acta de la supuesta de defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid como en las de convalidación de asignaturas fueron simuladas. Esta prueba es determinante para poder sostener el principal delito que se investiga: falsificación de documento público.

Ésta es una de las diligencias que ha ordenado practicar la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, para avanzar en el esclarecimiento de los hechos después de que docentes hayan reconocido que las rúbricas que se les atribuyen en los citados documentos oficiales fueron realizadas por otras personas.

Es por ello por lo que a algunos de los profesores que ya han prestado declaración en sede judicial se les ha pedido un cuerpo de escritura a fin de que los especialistas de la Guardia Civil puedan cotejar tanto el tipo de letra que utilizan como la firma que suelen emplear con las que figuran en los documentos relativos al curso de posgrado impartido por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) -Derecho Público del Estado Autonómico- en el que Cifuentes se matriculó en 2011/12. Es el caso de Clara Souto, la vocal 'fantasma' del tribunal que evaluó el TFM de Cifuentes.

Existen numerosos testimonios ya que evidencian que se falsificaron las firmas que aparecen tanto en el acta de convalidación de asignaturas a una decena de alumnos como en el que se reconstruyó el día que estalló el escándalo por indicación del catedrático y director del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde, a fin de aparentar que la ex dirigente del PP de Madrid defendió su trabajo el 2 de julio de 2012 y obtuvo una calificación de 7.5 puntos.

La profesora Alicia López de los Mozos, la supuesta presidenta del tribunal que evaluó el TFM de Cifuentes, ya lo reconoció ante la jefa de Inspección de Servicios de la URJC cuando ésta instruía el expediente de información reservada ordenada por el rector de la URJC, Javier Ramos. En un escrito leído el día que compareció, concretamente el pasado 5 de abril, López de los Mozos declaró que no reconocía ni el contenido del acta ni la firma que aparecía en el mismo y negó haber formado parte de un jurado que hubiera examinado a la entonces delegada del Gobierno en Madrid.

Varios profesores han denunciado ya que les falsificaron las firmas que aparecen en las actas de convalidación de asignaturas y de defensa del Trabajo Fin de Máster

La docente ratificó esas afirmaciones cuando, cinco días después, le tomó declaración en calidad de testigo la Brigada Provincial de Policía Judicial. Según consta en el acta de aquella comparecencia, a la que ha tenido acceso este diario, Alicia López de los Mozos dijo que la firma que aparece en el acta de defensa del TFM de Cifuentes no sólo no es la suya sino que "ni se le parece". "Ha sido falsificada", zanjó.

La docente detalló que, durante la tarde del 21 de marzo, recibió una llamada de la profesora Cecilia Rosado pidiéndole que le enviara su firma pero "no indicándole el motivo", por lo que se negó. López de los Mozos admitió que volvió a comunicarse con Rosado ese día a través de videollamada, mostrándole esa vez su rúbrica pero sin autorizarle -indicó a la Policía- a plasmarla en documento alguno.

También ha denunciado ya la falsificación de su firma Ángela Figueruelo Burrieza, la catedrática de la Universidad de Salamanca que interpuso la denuncia que ha dado pie al procedimiento que dirige el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid. La docente asegura que no es suya la rúbrica que se le atribuye en las actas académicas oficiales con las que la Comisión de Garantías convalidó a diez alumnos -entre ellas Cristina Cifuentes- las asignaturas La financiación de las comunidades autónomas y de las entidades locales, Estructura institucional de las comunidades autónomas y de los entes locales, y Las políticas públicas autonómicas y locales en ordenación urbanística y medio ambiente en su reunión del 24 de mayo de 2012.

De otro lado, la juez Carmen Rodríguez-Medel ha pedido la "grabación íntegra" de la entrevista concedida por Enrique Álvarez Conde al programa Más de uno (Onda Cero) el pasado 6 de abril en la que reconoció que se falsificó el acta de defensa del TFM de Cifuentes a petición del rector. "Fue otra de mis discípulas la encargada de hacer la reconstrucción, ella pidió la autorización de las otras dos. Es lo que puedo decir", reconoció. Y añadió: "Reconozco mi culpa porque le hice caso e intenté reconstruir una hipotética acta que se le envió al rector por la tarde".

La magistrada ha dado de plazo máximo para recibir la cinta el 22 de junio, tres días antes de que comparezca en sede judicial el veterano catedrático -director del Instituto de Derecho Público de la URJC desde su creación a finales de 2001 y tutor del TFM de Cifuentes- en calidad de imputado. La juez le investiga por la comisión de delitos de prevaricación y falsificación de documento público.

La juez reclama la cinta de la entrevista radiofónica en la que Álvarez Conde reconoció que se reconstruyó el acta a petición del rector

La titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid también quiere incorporar al sumario la entrevista que le hizo la Ser al profesor Rodrigo Martín, que impartió la asignatura Las relaciones laborales en las administraciones locales y autonómicas y le dio un sobresaliente a la sucesora de Ignacio González en la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El docente declaró a esa emisora que la asistencia a clase no era obligatoria para ningún alumno, por lo que no llevaba control de asistencia. "El sistema que teníamos eran prácticas periódicas cada 15 días y luego un examen final que, creo recordar, era un caso práctico. Si tiene un 9 es porque hizo las prácticas y porque hizo el examen. Si no, habría sido suspendida o no calificada", defendió.

La amistad de la juez con un imputado

Rodrigo Martín es uno de los seis profesores imputados en la causa que instruye la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que en una providencia dictada el pasado 10 de mayo puso en conocimiento de las partes que este docente forma parte de su "círculo amplio de amigos" por el hecho de que son compañeros de licenciatura de Derecho y porque "comparten un mismo grupo de amigos". No obstante, la juez considera que, al no tratarse de una "amistad íntima", no ve que concurra ninguna de las causas de abstención que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 219.9.