Alaya vincula el "clientelismo político" de los ERE con la hegemonía del PSOE en Andalucía

La magistrada Mercedes Alaya ha descartado este lunes "con rotundidad" su eventual paso a la política y ha reafirmado su intención de seguir ejerciendo como juez. "Amo profundamente esta carrera y tengo la firme intención de jubilarme en ella", ha zanjado.

Alaya ha hecho esta declaración con motivo de su participación en un almuerzo-coloquio organizado por el Club Siglo XXI de Madrid, donde ha insistido en la necesidad de garantizar la independencia judicial como garante de la actuación del poder político y ha advertido del riesgo que supondría pasar del principio de legalidad al principio de discrecionalidad.

Los rumores sobre su hipotética incursión en la política se habían avivado después de que, en una reciente entrevista concedida a Abc de Sevilla, acusara a PP y PSOE de sacarla del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla para que "no investigara los cursos de formación". "Le puedo afirmar con rotundidad que no voy a entrar en política", ha asegurado la magistrada sevillana.

En su intervención, ante más de un centenar de asistentes, Alaya ha denunciado duramente los tentáculos del poder político en su intento de controlar el poder judicial y ha denunciado el estado "deplorable" en que se encuentra la Justicia. "Es la cenicienta de todos", ha censurado.

La magistrada de la Audiencia de Sevilla ha justificado la decisión de romper su silencio para poner su "granito de arena" en el debate público para exigir la independencia judicial y por la obligación de las personas que "tenemos voz" de alzarla para que cambien las cosas que "no funcionan", al tiempo que se ha mostrado convencida de que sus críticas al poder político por su injerencias en la Justicia le van a pasar factura.

"Basta ya de afinidades políticas. Dejémonos ya del que baila mejor al son del tintineo del partido político de turno", ha defendido la juez

En su opinión, es imprescindible que se reforme el sistema de elección para que la designación de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) corresponda a jueces y magistrados y que haya un pacto de Estado para que el nombramiento del Fiscal General del Estado no dependa del Gobierno, sino que proceda del consenso de las cuatro principales fuerzas políticas a fin de garantizar su independencia. "Basta ya de afinidades políticas, por favor", ha clamado Alaya. "Tenemos inmejorables profesionales, trabajadores y responsables. Dejémonos ya del que baila mejor al son del tintineo del partido político de turno", ha añadido.

En este punto, Alaya también ha reivindicado la "autonomía presupuestaria" del Poder Judicial como pilar esencial. "Si dependemos económicamente de ellos, siempre van a poner a un personaje débil en un alto cargo judicial, llámese presidente del Tribunal Superior de justicia o llámese presidente de la Audiencia Provincial", ha mantenido la juez, que se ha apresurado a puntualizar que no señala a nadie con sus palabras.

La magistrada que inició la instrucción del caso ERE en enero de 2011 se ha reafirmado en que recibió presiones políticas cuando investigaba ésta y otras causas graves de corrupción que afectaban al PSOE y al gobierno de la Junta de Andalucía -"es un hecho comprobable absolutamente", ha remarcado- y ha precisado que dichas presiones las recibió en forma de "titulares" de prensa para tratar de influenciar al poder judicial, como las que realizó el ex vicepresidente Alfonso Guerra en vísperas de las elecciones generales de 2011 cuando afirmó que Alaya "tiene una relación personal, incluso fuerte", con Juan Ignacio Zoido (entonces alcalde de Sevilla).

"Si dependemos económicamente de los políticos, siempre van a poner a un personaje débil en un alto cargo judicial", mantiene

"¿Por qué no denunció esas presiones ante el CGPJ?", le ha afeado un asistente. "El CGPJ era consciente de ello y la Fiscalía obviamente también", le ha respondido. A este respecto, Alaya ha dicho que en una primera etapa sí se sintió respaldada por el órgano de gobierno de los jueces, pero después "ni defendida ni arropada" ni por el CGPJ ni por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Junto a la necesidad de apuntalar la independencia de los jueces y magistrados, Alaya también ha abogado por un endurecimiento de las penas para los delitos de corrupción, de modo que el ciudadano tenga la certeza de que "quien la hace, la paga". "El delito de prevaricación se castiga sólo con pena de inhabilitación. Nada más de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Se prevarica para malversar", ha expuesto.

La magistrada ha subrayado la gravedad de los casos que ella investigó y ha enfatizado que lo que se investiga en las causas de los ERE y de los cursos de formación, "con independencia de lo que hayan podido o no llevarse personalmente", es el "clientelismo político". "Esto es una manera de que en Andalucía no hayamos conocido ningún otro gobierno diferente al socialista", ha subrayado.

Las declaraciones tienen lugar mientras un tribunal de la Audiencia de Sevilla juzga a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía -entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- por su presunta responsabilidad en la ideación, diseño, puesta en marcha y mantenimiento del procedimiento por el que la Junta de Andalucía otorgó ayudas a prejubilados y empresas en crisis por 855 millones de euros durante una década (2000-2010). Con todo, la magistrada ha abogado por "dejar tranquilos" a los jueces que juzgan esta primera pieza del caso que ella empezó a instruir hace siete años para que la vista oral se desarrolle con normalidad.

Alaya considera que casos de "clientelismo político como el de los ERE explica que en Andalucía no hayamos conocido ningún otro gobierno diferente al socialista"

En este contexto, Mercedes Alaya no ha pasado por alto el hecho de que el Gobierno andaluz, ya con Susana Díaz como presidenta, haya renunciado a la recuperación de los 850 millones de euros concedidos de manera presuntamente irregular. "Cuando yo lo instruí se pusieron fianzas que aseguraban la responsabilidad pecuniaria de todos los imputados", ha recordado.

La juez no ha querido valorar la actuación de su sucesora al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, de la que -en un escrito enviado al CGPJ en el verano de 2015, cuando se decidía si se le mantenía la comisión de servicio que le hubiera permitido seguir instruyendo las macrocausas tras conseguir plaza en la Audiencia de Sevilla- cuestionó tanto la preparación jurídica para investigar procedimientos penales complejos como su imparcialidad por su amistad con el entonces consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera. "Lo dirá el tiempo, yo no soy quien tiene que decirlo", ha respondido.

El escrito que debió "quedar en secreto"

En relación con dicho escrito al órgano de gobierno de los jueces, Alaya ha expresado que fue un documento que integraba el expediente "privado" de la comisión de servicio y que "no debió ver la luz". "Alguien de manera absolutamente indebida remitió a los medios de comunicación un escrito dirigido al CGPJ donde se me daba el trámite para establecer el cronograma que yo consideraba para terminar los expedientes que estaban en fase de instrucción. No fue en modo alguno algo que yo remitiera al CGPJ a mi libre albedrío o a mi entera voluntad, sino que fue contestando a un trámite que se me había concedida. Trámite que debió quedar en secreto", ha apostillado.