El magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dictado este lunes un auto por el que acuerda mantener en la cárcel al ex comisario José Manuel Villarejo por riesgo de fuga. El agente encubierto ya retirado se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 5 de noviembre por delitos de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal.
El comisario ya jubilado fue detenido por orden de la Audiencia Nacional el pasado mes de noviembre en el marco de la operación Tándem, con la que se dio por desmantelada una organización criminal cuyo principal objetivo -según el Ministerio Público- era la "reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios".
La investigación tiene su origen en una supuesta denuncia anónima recibida en abril de 2017, en la que se alertaba de actividades ilícitas que estarían llevando a cabo Villarejo y Carlos Salamanca -comisario también detenido y que estuvo cuatro meses en la cárcel- y que les estaría procurando un notable enriquecimiento.
El juez y el Ministerio Público están convencidos de que el ex agente encubierto tiene "importantes activos patrimoniales" fuera de España y no pasaban por alto la "documentación con pluralidad de identidades" y los "pasaportes en blanco" incautados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en los registros practicados en inmuebles de Villarejo tras su arresto, lo que les llevaba a pensar que el investigado podría intentar hacerse pasar por otra persona para sustraerse a la acción de la Justicia.
En el marco de la Operación Tándem, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción bajo autorización del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, la Policía practicó diversos registros de domicilios particulares y sedes de empresas en diversas provincias españolas y detuvo a un total de siete personas: Villarejo; su mujer, Gemma Alcalá Garcés; su hijo, José Manuel Villarejo Gil; el comisario Carlos Salamanca; un hijo de éste; Rafael Redondo, abogado y socio de Villarejo, y Juan Carlos Escribano, administrador solidario de la empresa malagueña Cenyt Salud SL.
Tal y como desveló El Independiente, el pasado mes de abril registró el bufete de abogados Herrero y Asociados, ubicado en Madrid, donde detuvieron a cuatro miembros del mismo por su participación en la presunta trama delictiva liderada por Villarejo. Los letrados están siendo investigados por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y revelación de secretos.
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