La Audiencia imputa 14 delitos a Villarejo por vender "informes de inteligencia"

Se complica el panorama judicial para el comisario de Policía ya jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre por orden de la Audiencia Nacional por varios delitos de corrupción. La razón es que a medida que avanza la investigación de la operación Tándem, que está llevando a cabo el magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, aparecen nuevos indicios de actuación delictiva por parte del controvertido agente encubierto.

La línea de investigación más avanzada en estos momentos es la que refleja cómo el comisario retirado se lucró haciendo un uso fraudulento de información "confidencial", a la que sólo podía acceder por su "condición policial", y de la que se sirvió para elaborar informes de "inteligencia" que vendió a sus clientes. Se trata de los denominados informes King, Iron y Land.

Según informan fuentes de la investigación a El Independiente, Villarejo está siendo investigado actualmente por la presunta comisión de un total de 14 delitos: tres de cohecho, ocho de revelación de secretos, uno de falsedad documental, otro de organización criminal y un último delito de blanqueo de capitales.

En total, la causa abierta por los negocios presuntamente fraudulentos del agente jubilado está adquiriendo poco a poco la categoría de una gran macrocausa que ya cuenta con cuatro piezas separadas. En tres de ellas, está imputado el ex comisario y en una cuarta su colega, el comisario Carlos Salamanca.

En el auto por el que acuerda mantener la prisión provisional, al que ha tenido acceso este diario, el juez De Egea destaca la "intervención medular" de Villarejo en la comisión de las presuntas actividades ilícitas, investigadas a raíz de la querella interpuesta hace más de un año por la Fiscalía Anticorrupción.

El juez dice que el ex comisario elaboró "dosieres personales para luchas personales" valiéndose de información "confidencial" que obtenía en su condición de policía

En concreto, el instructor detalla que, al menos desde 2012, el comisario ya jubilado "había sido contratado por clientes" para elaborar "informes de inteligencia y dosieres utilizables en el ámbito de luchas personales" valiéndose de la información "confidencial" a la que podía acceder por su "condición policial". Como contraprestación recibía "grandes cuantías", tanto en dinero en efectivo como en pagos "en especie" para él o sus familiares.

En su última etapa en la Policía Nacional, concretamente entre el 13 de enero de 2011 y su jubilación el 22 de junio de 2016, José Manuel Villarejo estuvo asignado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) como agente encubierto. Según detalla en su historial profesional, realizó diferentes trabajos de "naturaleza reservada" encomendados por el titular, Eugenio Pino durante la mayor parte de ese periodo (desde el 12 de enero de 2012 hasta su jubilación en junio de 2016).

Mientras Villarejo siempre ha mantenido que no sólo no ocultó a sus superiores que llevaba a cabo actividades privadas mientras pertenecía a la Policía Nacional sino que el Estado se aprovechó de esa estructura empresarial, la Fiscalía Anticorrupción acusa al ex comisario de desarrollar dichos trabajos privados "sin la previa solicitud de compatibilidad e infringiendo las prohibiciones legales establecidas en la normativa de incompatibilidades que afectan a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".

El instructor asegura que Villarejo reconoció en su última declaración judicial que tiene "activos patrimoniales de gran valor económico en el extranjero"

Esta versión es avalada por el Ministerio del Interior, que, en respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia del Gobierno, reconoció que en la División de Personal de la Policía Nacional "no existe constancia de posibles solicitudes del Sr. Villarejo para compaginar su labor policial con el ejercicio de actividades privadas, por lo que no se ha tramitado autorización alguna al respecto".

La instrucción del caso Tándem ha permitido conocer que el controvertido mando policial habría facturado servicios a través de su entramado societario por la realización de al menos tres informes: uno para desacreditar a un integrante de la familia del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang (King); otro sobre el presunto clonado del servidor por parte de un grupo de abogados para tener la base de datos de clientes del despacho para el que habían trabajado tras abrir el bufete Balder IP Law (Iron) y un tercero que la hija del promotor de la exclusiva urbanización madrileña La Finca, Susana García-Cereceda, le habría encargado presuntamente para que investigara a varios familiares en plena pugna por la herencia millonaria tras el fallecimiento del patriarca (Land).

"Cuantiosas sumas de dinero"

"Prevaleciéndose para ello del ejercicio de su cargo policial para colaborar con el resto de los investigados, y realizando servicios directamente relacionados con su función policial y que suponían actuaciones de extralimitación legal y abuso de su empleo público, obteniendo a cambio cuantiosas sumas de dinero bien en efectivo y en otras ocasiones en especie para el mismo o sus familiares", expone el juez De Egea en el citado auto.

Para camuflar el cobro de esos servicios, sostiene el instructor, Villarejo llevó a cabo "diversas operaciones bancarias en el extranjero" valiéndose de "un complejo entramado societario" que le permitió "la repatriación de fondos ilícitamente obtenidos" y "diluir" el origen de ese dinero "para integrarlo en el circuito económico legal".

Para desentrañar esa operativa, el magistrado ha cursado ya varias comisiones rogatorias a autoridades judiciales de varios países, lo que podría dar pie a poner en marcha nuevas líneas de investigación una vez analizados los datos que se reciban. Éste es otro de los motivos invocados por el juez para justificar su decisión de mantener en prisión al principal imputado del caso Tándem.

"Activos patrimoniales en el extranjero"

En el auto, Diego de Egea considera "absolutamente proporcionada" la medida de prisión preventiva acordada el pasado 5 de noviembre al persistir el "riesgo de fuga" tanto por la gravedad de los delitos que se le imputan (blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal) como por las elevadas penas a las que tendría que hacer frente en caso de una sentencia condenatoria. A ello suma el instructor "la participación de su círculo familiar en el entramado y organización" creada por Villarejo y el hecho de que éste reconociera en su declaración judicial del pasado 30 de mayo que es titular de "activos patrimoniales de gran valor económico en el extranjero".

De esta forma, el magistrado adscrito al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha rechazado uno de los motivos alegados por la defensa del comisario ya retirado: el deterioro de su estado físico. En este sentido, De Egea expone que el informe emitido por dos médicos forenses el pasado 24 de mayo concluye que las patologías que sufre el investigado "se encuentran estables", por lo que "puede llevar a cabo una vida normalizada dentro del centro penitenciario" en el que se encuentra recluido desde hace siete meses: Estremera (Madrid).