El miedo ha regresado con fuerza, la angustia se ha incrementado y el temor a sufrir nuevas represalias se ha avivado. La sentencia hecha pública el pasado viernes lo avivó todo, el desasosiego y el odio. El primero lo sufre el entorno de las víctimas, el segundo el entorno más radicalizado de los agresores. Se visualiza  a las puertas del bar, enfrente de su casa y en las calles de Alsasua. El año y medio de acoso lo detalló con crudeza María José, la pareja de Oscar, el teniente que junto a su compañero, Álvaro y sus propias novias, fueron agredidos la madrugada del 15 de octubre de 2016. La sentencia de la Audiencia Nacional que concluyó que no fue terrorismo pero tampoco una mera ‘pelea de bar’ y que condenó a los ocho acusados a penas de entre 2 y 13 años de prisión, ha enrarecido aún más el clima social en el que vive el entorno de las víctimas.

La imagen es reflejo de ello; la Guardia Civil mantiene desde el pasado viernes vigilancia policial en el entorno del local -en el hogar del jubilado de Alsasua- que regentan los padres de María José. A ello se suma la aparición de nuevas pintadas frente a su vivienda y en las que se les insta a abandonar Alsasua. Pintadas que también se reclaman libertad para los condenados y en las que se tilda al Estado español de “terrorista”. Pintadas que hasta ayer no había retirado el Ayuntamiento de Alsasua.

El miedo en realidad nunca se fue. El celo a hablar se mantiene y la discreción se impone como arma de protección. Los padres de María José prefieren guardar silencio. Contar la complicada vida que ahora se ven obligados a llevar por lo que sucedió la madrugada del 15 de octubre de 2016 creen que no ayudaría. Lo que es evidente es que sus vidas lejos de normalizarse se ha complicado un poco más tras la sentencia de la Audiencia Nacional y les ha forzado a minimizar sus salidas a la calle.

Un dispositivo de la Guardia Civil vigila desde el viernes el local de los padres de una de las agredidas para evitar que sea atacado

En Alsasua la resolución de los jueces cuenta con un rechazo claro de gran parte del municipio. No es unánime pero sí mayoritario. No faltan las muestras de solidaridad hacia los familiares de los agredidos en el bar 'Koxka' pero son minoría.

"El pueblo no perdonará"

El pasado 1 de junio apenas bastaron unas horas para que el entorno de los condenados instara al pueblo a la movilización como muestra de repulsa a la sentencia. El mismo viernes por la tarde una manifestación recorrió las calles del municipio para expresar lo que consideran que ha sido una “venganza”. En su recorrido la manifestación hizo una parada ante el local que regentan los padres de María José y durante unos minutos se profirieron ante él gritos e insultos instándoles a abandonar Alsasua y recordándoles que “el pueblo no perdonará”.

Una marcha que contó con el apoyo del Ayuntamiento de Alsasua que poco antes había instado en Junta de Portavoces a secundarla. Las llamadas a oponerse a la sentencia y a movilizarse no sólo se han producido desde el Consistorio sino también de otras muchas instituciones como el Parlamento de Navarra o el Ayuntamiento de Pamplona, así como diversas formaciones nacionalistas.

Frente a su vivienda han aparecido pintadas instándoles a marcharse y contra el "Estado español, terrorista"

Inicialmente fue la propia Guardia Civil la que detectó que el clima social en la localidad se había enrarecido desde días atrás y tras hacerse pública la sentencia que condenaba a penas de prisión a los ocho acusados se decidió actuar. Por ello, activó un dispositivo de seguridad, con agentes de paisano, para proteger a los padres de una de las agredidas, que viven desde hace años en Alsasua. Un dispositivo que permanece en marcha desde el viernes pasado.

Pintada frente a la vivienda de los padres de una de las víctimas, "Fuera de aquí" y "Estado español, terrorista". El Independiente

Ya durante el juicio las dos parejas de los guardias civiles agredidos detallaron cómo el clima en el que vivían en Alsasua se había complicado sobremanera hasta hacerles la vida casi imposible, tal y como relató María José. Una situación que le ha forzado a abandonar Alsasua como residencia habitual, si bien periódicamente regresa para visitar a sus padres. Narró durante su declaración que las amenazas incluso afectaron a sus padres. Contó como cuando se disponía a someterse a una sesión para identificar a los posibles autores un compañero de trabajo de su padre le instó que no lo hiciera para que todo por fin terminara.

Actualmente Pilar, la otra mujer de guardia civil agredida, continúa destinada en el cuartel de la localidad a la espera de un cambio de destino.

Nuevas movilizaciones

Y el ambiente está lejos de volver a la normalidad, a la convivencia tranquila. Las familias de los jóvenes condenados anunciaron en rueda de prensa que no se quedarían “de brazos cruzados” y que se movilizarán para revertir el sentido de la sentencia. Han convocado una manifestación en Pamplona para el día 16 para denunciar una sentencia que consideran que es "desproporcionada”. Las defensas preparan ya los recursos. Una posición en la que cuentan con el respaldo de las principales formaciones en el Gobierno de Navarra, como Podemos, EH Bildu y el PNV que han coincidido en calificar que la sentencia dictada por la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fue “injusta”.

Las defensas ya han anunciado que, tras concluir que no existió delito de terrorismo, solicitarán la puesta en libertad de los tres jóvenes que permanecen aún en prisión provisional, situación en la que se encuentran desde hace más de año y medio.

La sentencia condena a los ocho acusados, a los que cree responsables de haber agredido a los agentes y sus parejas por motivos “claramente ideológicos” y basados en su “animadversión” y menosprecio hacia la Guardia Civil. Pese a que no percibe que se puedan calificar los hechos como terroristas, como reclamaba la Fiscalía y las acusaciones, sí ve la comisión de delitos de lesiones y atentado. A dos de ellos les suma el delito de desórdenes públicos. A la única mujer condenada, a dos años, lo hace por un delito de amenazas y desórdenes públicos. En la mayoría de los casos aplica además el agravante de abuso de superioridad y odio, con lo que impone las penas más elevadas. El tribunal consideró que el testimonio de los cuatro agredidos fue “claro, rotundo, contundente y coincidente” y es en él en el que se basa para condenar a los ocho acusados.