El efecto del movimiento 8-M no sólo ha tenido ya su visibilidad en el Gobierno de España sino que también lo tendrá próximamente en la cúspide del Judicatura española. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto nombrar a dos mujeres para cubrir las plazas de la Sala Segunda del Tribunal Supremo correspondiente a los magistrados Cándido Conde Pumpido y el ex fiscal general José Manuel Maza, fallecido tras una inesperada enfermedad.
Se trata de dos puestos clave en una Sala que tiene una relevancia notable dentro de la Justicia española entre otras cuestiones ya que, por ejemplo, será la encargada de enjuiciar el próximo otoño al ex Govern por la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, entre las aspirantes mejor posicionadas se encuentran la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Susana Polo, la presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres, María Félix Tena Aragón, y la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.
Se da la circunstancia de que el pasado mes de mayo el CGPJ sacó a concurso tres plazas en la Sala Segunda del Alto Tribunal: las de Maza, Conde Pumpido y el entonces fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. Sin embargo, el sorpresivo cambio de Ejecutivo y el automático cese de Melgar en dicho cargo hacen que la adjudicación de esa tercera plaza esté en estos momentos en el aire ya que si el ex fiscal general se reincorpora a la misma antes de que haya sido adjudicada el concurso público perdería su objeto, según informan fuentes del Consejo.
No obstante, dichas fuentes precisan que en caso de que la plaza de Sánchez Melgar haya sido asignada antes de que este haya regresado al Supremo el ex fiscal general recuperaría la misma y el nuevo miembro del Supremo quedaría adscrito a la Sala.
17 jueces, 11 juezas
Un total de 17 magistrados y 11 magistradas aspiran a ocupar esas plazas en el Alto Tribunal. Junto a las tres candidatas con posibilidades reales de obtenerlas –Polo, Tena y Lamela- hay cuatro magistradas de la Audiencia Nacional que también las han solicitado: la presidenta de la Sala Penal de este órgano, Concepción Espejel; la magistrada de la Sección Tercera, Clara Bayarri; la de la Sección Primera, Manuela Fernández Prado; y la miembro de la Sección Cuarta, Teresa Palacios.
Asimismo, han presentado sus candidaturas las juezas María de los Ángeles Villegas García (Audiencia de Cádiz), Rosario Esteban Meilán (Audiencia Provincial de Madrid) y Catalina Alhambra Pérez.
Entre los magistrados que aspiran a la Sala de lo Penal del Supremo se encuentran los miembros del tribunal que Gürtel, Ángel Hurtado y José Ricardo de Prada, los también magistrados de la Audiencia Nacional Enrique López y Eloy Velasco, o el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos.
Plazas de especialistas
Las tres plazas corresponden al turno de especialistas, que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reserva –según lo establecido en la letra a) de su artículo 344- a los magistrados “que hubieren accedido a la categoría mediante las correspondientes pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal o que las superen ostentando esta categoría”.
Sin embargo, el mes pasado la Comisión Permanente acordó abrir la convocatoria tanto a los jueces que cumplen ese requisito como a los togados que hubieren prestado diez años de servicios en órganos especializados en el orden jurisdiccional propio de la Sala de que se trate”.
Esta decisión se debe a que en la actualidad, solo doce magistrados cumplen ese requisito de especialista lo que llevó al Poder Judicial presidido por Carlos Lesmes a abrir, en una decisión polémica que va a ser recurrida por algún magistrado, el concurso a quienes hayan prestado diez años de servicios en órganos especializados en el orden jurisdiccional penal.
Según informan fuentes jurídicas, está previsto que dichos nombramientos se incluyan en el orden del día del Pleno ordinario que tendrá lugar a finales de junio o en la sesión plenaria extraordinaria que está prevista que se celebre en la primera semana de julio.
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