El magistrado Fernando Grande-Marlaska fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del Partido Popular y será ministro de Interior a propuesta del Partido Socialista. Un hombre de ideas abiertas, independiente, y “poliédrico” -como él mismo se define- que llega de la mano de Pedro Sánchez a la política con la intención de aportar su experiencia como jurista a la hora de dirigir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las que ha trabajado codo con codo en sus años de magistrado en la Audiencia Nacional.
Según ha podido saber El Independiente, el líder del PSOE lo llamó hace dos meses para tantearlo y ver cuáles eran sus inquietudes y, llegado el momento, ver su disponibilidad para dar el salto a la política. Ese momento llegó este miércoles cuando ha sido nombrado ministro de Interior, circunstancia que sabía desde hace días y que mantuvo en estricto secreto. Más allá de su marido Gorka, pocos conocían que Grande-Marlaska había dado el sí a Sánchez.
Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) aterrizó en el año 2004 en la Audiencia Nacional para sustituir al entonces juez estrella Baltasar Garzón. Nada más llegar al tribunal más mediático de España le tocó instruir una de las causas más complejas que se investigaban entonces: el chivatazo a la red de extorsión de la banda terrorista ETA. Fue quien decidió abrir una pieza separada con el soplo a los etarras. Aquel juez joven lo hizo con firmeza, sin achantarse. De hecho, los primeros pasos que Marlaska dio en aquella compleja instrucción le valieron la fama de ser un juez serio y comprometido en la lucha contra la barbarie terrorista.
En 2006, vivió en primera persona esta lacra social al ser objetivo del comando Vizcaya de ETA. Ese mismo año, tras el regreso de Garzón a la Audiencia Nacional, aterrizó en el Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia donde fue el encargado de investigar el accidente del Yak-42 tras la muerte de 62 militares el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía) cuando regresaban de una misión humanitaria en Afganistán. Archivó el caso pero la Sala de lo Penal le obligó a reabrirlo. Además, procesó como líder de Batasuna a Arnaldo Otegi.
Ya como presidente de la Sección Primera formó parte del tribunal que en agosto de 2013 ordenó excarcelar al secuestrador de José Antonio Ortega Lara, el etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga, en contra del criterio del médico forense de la Audiencia.
Previamente, en 2012, fue designado por el CGPJ presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional en sustitución del magistrado Javier Gómez Bermúdez. Durante esta etapa le tocó asumir el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obligó a excarcelar a decenas de etarras tras tumbar la 'doctrina Parot'.
"Ni pena ni Miedo"
Marlaska, reconocido gay, nunca ha rehuido de su condición de homosexual aunque tampoco es proclive a hacer exhibicionismo con ello. Su amor por su marido Gorka es incondicional. Casi tanto como el que tenía hacia su madre, ya fallecida, quien dejó de hablarle durante seis años al enterarse de su condición sexual. Además, si algo adora este bilbaíno, miembro de varias protectoras de animales, es a sus perros.
En una entrevista concedida en 2016 con motivo de la publicación de su libro Ni pena ni miedo confesaba que a lo largo de su vida ha votado y “votará” a diferentes partidos políticos. Ahora, ocupará de la mano del PSOE la cartera de la que dependerá el acercamiento de presos de ETA al País Vasco una vez que la banda ha decidido disolverse.
Quienes conocen a este magistrado sostienen que hacía semanas que había dado por concluida su etapa en este Consejo y que recibe con enorme ilusión y gran responsabilidad el encargo del presidente Sánchez.
Su nombre había sonado previamente para ocupar el despacho más importante de la calle Fortuny 4, sede de la Fiscalía General del Estado. Ahora mandará en otro importante edificio ubicado en la misma calle de Madrid, el Ministerio de Interior que hasta ahora capitaneaba Juan Ignacio Zoido. Este magistrado vizcaíno dirigirá a partir de mañana a más de 188.000 funcionarios (85.331 guardias civiles, 78.137 policías nacionales y unos 25.000 empleados de Instituciones Penitenciarias) y gestionará este año un presupuesto de 8.418 millones de euros. La principal reivindicación que recibirá de los agentes es la ejecución del acuerdo de equiparación salarial con los cuerpos de policías autonómicos. Grande Marlaska tratará de aplicar la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde; algo parecido a la Justicia.
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