La investigación de la Audiencia Nacional contra Villarejo suma ya 14 imputados

La investigación al comisario ya jubilado José Manuel Villarejo en la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Tándem sigue sumando imputados y son ya 14 las personas que tienen la condición procesal de investigadas. A los siete iniciales se han sumado en las últimas semanas otros siete más: los cuatro abogados del despacho Herrero y Asociados; la hija del promotor de la exclusiva urbanización madrileña La Finca, Susana García-Cereceda; el empresario Francisco Lorenzo Peñalver y el intermediario David Fernández Aumente.

A principios del pasado mes de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción ordenó detener a siete personas: Villarejo; su mujer, Gemma Alcalá Garcés; su hijo, José Manuel Villarejo Gil; el comisario Carlos Salamanca; un hijo de éste; Rafael Redondo, abogado y socio de Villarejo, y Juan Carlos Escribano, administrador solidario de la empresa malagueña Cenyt Salud SL. Sólo Villarejo, Redondo y Salamanca fueron enviados a prisión preventiva tras prestar declaración judicial, si bien el último salió en libertad el pasado mes de marzo.

A medida que ha avanzado la instrucción, el procedimiento abierto por los negocios presuntamente fraudulentos del agente encubierto ya jubilado está adquiriendo poco a poco la categoría de una gran macrocausa que ya cuenta con cuatro piezas separadas. En tres de ellas está imputado el ex comisario y en una cuarta su colega, el comisario Carlos Salamanca.

El caso que dirige Diego de Egea cuenta ya con cuatro piezas separadas y va camino de convertirse en una macrocausa

La instrucción del caso Tándem ha permitido conocer que el controvertido mando policial habría facturado servicios a través de su entramado societario por la realización de al menos tres informes: uno para desacreditar a un integrante de la familia del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang (King); otro sobre el presunto clonado del servidor por parte de un grupo de abogados para tener la base de datos de clientes del despacho para el que habían trabajado tras abrir el bufete Balder IP Law (Iron) y un tercero que la hija del promotor de la exclusiva urbanización madrileña La Finca, Susana García-Cereceda, le habría encargado presuntamente para que investigara a varios familiares en plena pugna por la herencia millonaria tras el fallecimiento del patriarca (Land).

"Complejo entramado societario"

Para camuflar el cobro de esos servicios, sostiene el instructor, Villarejo llevó a cabo "diversas operaciones bancarias en el extranjero" valiéndose de "un complejo entramado societario" que le permitió "la repatriación de fondos ilícitamente obtenidos" y "diluir" el origen de ese dinero "para integrarlo en el circuito económico legal".

Para desentrañar esa operativa, el magistrado ha cursado ya varias comisiones rogatorias a autoridades judiciales de varios países, lo que podría dar pie a poner en marcha nuevas líneas de investigación una vez analizados los datos que se reciban. Éste es otro de los motivos invocados por el juez para justificar su decisión de mantener en prisión al principal imputado del caso Tándem.

Como ha informado El Independiente, Villarejo está siendo investigado actualmente por la presunta comisión de un total de 14 delitos: tres de cohecho, ocho de revelación de secretos, uno de falsedad documental, otro de organización criminal y un último delito de blanqueo de capitales.

La defensa del controvertido comisario ya retirado ha intentado en tres ocasiones que el magistrado que instruye la causa, Diego de Egea, decretara su puesta en libertad invocando -entre otras razones- el estado físico en que se encuentra su representado. El instructor rechazó esa petición por última vez el pasado 4 de junio, después de que los médicos forenses que examinaron a Villarejo concluyeran que las patologías que sufre "se encuentran estables" y que "puede llevar a cabo una vida normalizada" en el centro penitenciario.