La juez pide identificar a los compañeros del máster bajo sospecha de Pablo Casado

La juez que investiga las irregularidades en torno al máster de Cristina Cifuentes ha pedido a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que le remita el listado de todos los alumnos que se matricularon en el curso 2008/09, la promoción del dirigente del PP nacional Pablo Casado. La instructora también quiere conocer la identidad de los profesores que anotaron las calificaciones de las asignaturas en la plataforma informática.

La titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, avanza en la investigación de la pieza separada con la que trata de determinar si el vicesecretario de Comunicación del PP obtuvo legalmente el curso de posgrado 'Derecho Público del Estado Autonómico' en esta universidad pública madrileña.

En una providencia dictada el pasado 30 de mayo, a la que ha tenido acceso El Independiente, la magistrada amplía el requerimiento de documentación a la URJC y le reclama ahora la lista de alumnos que cursaron el máster en 2008/09, información sobre el certificado académico e identidad de los profesores responsables de las calificaciones.

Cuando estalló el caso, Casado dijo no recordar si asistía a las clases pero se escudó en que lo cursó antes de que entrara en vigor el Plan Bolonia y que, debido a ello, el criterio de asistencia -establecido en el 80% por norma general con la citada ley- era más flexible. "Cada centro planteaba las fórmulas de seguimiento de las asignaturas, no está reglado que exista trabajo de fin de máster, no está reglado que exista tribunal, lo que yo tengo y he encontrado son muchos trabajos", defendió.

Ahora, la instructora intenta aclarar si al dirigente del PP se le convalidaron asignaturas de forma indebida, como también se investiga en el caso de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid. En este sentido, Rodríguez-Medel ha citado a declarar en calidad de testigo a varios alumnos que cursaron el máster el mismo año de Casado.

La juez pide conocer también la identidad de los profesores que anotaron las calificaciones de las asignaturas del dirigente del PP

"No sé si falté a una clase, pero yo nunca lo vi. Me interesa mucho declarar, porque el prestigio de este máster está en entredicho y quiero contarle a la juez todo lo que sé", ha declarado a este diario Francisco José V.R, que tendrá que comparecer el próximo 3 de agosto.

Las pesquisas judiciales para aclarar el máster de Casado se producen en vísperas de la celebración del congreso extraordinario del PP -fijado para los días 20 y 21 de julio- del que saldrá la nueva dirección nacional del partido después de que Mariano Rajoy presentara su renuncia tras prosperar la moción de censura promovida por el PSOE.

No es el único requerimiento de documentación que Carmen Rodríguez-Medel ha formulado a la URJC. También exige conocer si el Instituto Universitario de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos firmó un convenio con el Ayuntamiento de Madrid el 10 de marzo de 2009 -en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde- por el que el Consistorio bonificaba la matrícula a sus empleados públicos que se matricularan en el máster y si ese acuerdo supuso que el organismo universitario -dirigido desde su creación por el catedrático Enrique Álvarez Conde, imputado en esta causa por prevaricación y falsificación de documento público- recibiera 9.000 euros.

No sé si falté a una clase, pero yo nunca lo vi. Me interesa declarar, porque el prestigio de este máster está en entredicho y quiero contarle lo que sé", dice un alumno

La juez tiene conocimiento de dicho convenio por el Ayuntamiento de Madrid, que lo ha aportado a los autos. El Consistorio también ha entregado el informe emitido por Álvarez Conde tras la finalización del curso el 16 de junio de 2009 y por el que le pregunta también a la Universidad por si "obra en sus archivos".

En su requerimiento, la magistrada pregunta a la URJC si el Instituto de Derecho Público firmó convenios con otras administraciones. Además del consistorio madrileño, el organismo también llegó a acuerdos similares al menos con el Instituto Madrileño de Administración Pública -dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid-, que sufragaba 1.500 de los 1.800 euros del coste de la matrícula.

Por otro lado, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid ha pospuesto hasta el próximo 1 de agosto las declaraciones de dos investigados, inicialmente citados el 25 de junio. En concreto, se trata del catedrático de Derecho Tributario y Financiero Pablo Chico de la Cámara -profesor que impartió una de las dos asignaturas en las que inicialmente figuraba como 'No presentada' Cristina Cifuentes- y un compañero de promoción de la ex dirigente del PP madrileño.