El Gobierno de España dará tratamiento de refugiados o asilados a los 629 migrantes del barco Aquarius que llegarán el sábado a Valencia. Esa consideración evitará su entrada en Centros de Internamiento de Extranjeros, los polémicos CIEs que acogen a los inmigrantes que entran en el país de forma ilegal. En el caso del Aquarius, la llegada se produce por invitación expresa del Ejecutivo, por lo que el tratamiento de los pasajeros, en su mayoría rescatados de pateras, será muy diferente.
Fuentes del Ejecutivo explican que el Ministerio del Interior realizará un análisis individualizado de cada caso y estudiará la posibilidad de que se acojan a la figura del refugiado o del asilado, ya que proceden de una "emergencia humanitaria". Entre los 629 pasajeros hay 123 menores no acompañados, otros once niños y 80 mujeres, seis de ellas embarazadas. Muchos proceden de Libia, un país donde "están reportadas, y la UE lo sabe perfectamente, violaciones, asesinatos, extorsiones, torturas y toda una serie de abusos por los cuales la gente está huyendo", según Médicos sin Fronteras.
Una vez que el Gobierno clarifique la situación de cada uno de los pasajeros contemplará los ofrecimientos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para distribuir la acogida de los migrantes, según fuentes gubernamentales.
La Comisión de Ayuda al Refugiado, la Generalitat valenciana, la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Valencia y las ONG Cruz Roja, ACNUR, Cáritas, Cepaim y Accem se han reunido en la tarde de este martes para preparar el dispositivo de emergencia al que acudirá la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y posiblemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Tras el encuentro, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha explicado que la Delegación del Gobierno ha confirmado que los migrantes del Aquarius tendrán estatus de refugiados. Además de recibir asistencia jurídica, las personas desplazadas recibirán atención sanitaria y psicológica, con especial atención a los problemas de salud mental, discapacidad y mujeres que hayan podido ser víctimas de abusos o explotación sexual, así como a las embarazadas, niños y heridos, lo que supondrá un refuerzo de los servicios sanitarios.
En esta primera reunión, la comisión ha abordado las necesidades de los primeros días y los recursos de que disponen y ha establecido una "hoja de ruta", que se iniciará con el traslado de los refugiados a los diferentes inmuebles preparados, en función de si son familias con hijos, mujeres con hijos solas, menores sin acompañante o embarazadas, que junto a los heridos serán desplazadas a centros sanitarios.
La directora de Programas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López, ha asegurado que la operación "requiere una llegada planificada", pero es "un número asumible que no va a desestabilizar" el sistema de acogida español.
"629 personas no es un número que vaya a tener un impacto importante; están llegando a las costas españolas embarcaciones con cientos de personas cada semana y están siendo acogidas con normalidad, no es un número que vaya a desestabilizar el país", ha destacado en declaraciones a Efe la responsable de CEAR.
Según Mónica López, la acogida de los migrantes del Aquarius "requiere una cierta logística y planificar su llegada, porque no es algo que se resuelva la primera semana, sino que son personas que se van a quedar más tiempo y hay que trabajar en profundidad sus itinerarios de integración". Para ello tendrán que seguir un proceso de identificación, someterse a entrevistas para detectar vulnerabilidades y ver qué situación tiene cada uno. "Las que precisen asistencia sanitaria deberán ir a un hospital", ha añadido, y los menores, quedan bajo responsabilidad de las comunidades autónomas.
Al resto, dependiendo de los perfiles, se les abrirá procedimientos administrativos, asistidos de abogados, que pueden ser de solicitud de asilo o de acogida humanitaria, entre otras opciones legales, ha añadido. La experta de acogida ha recordado que para aquellos que solicitan protección internacional o asilo, el sistema prevé itinerarios de entre 18 y 24 meses, en los que los migrantes están en centros de acogida, reciben atención sanitaria, se gestiona su empadronamiento, reciben formación de idiomas y orientación laboral.
En 2017, se presentaron en España 31.120 solicitudes de asilo y se dictaron 13.350 resoluciones, de las que fueron favorables a alguna protección 4.575 (el 35 %) y se denegaron 8.675 (el 65 %). La recepción del Aquarius ha levantado las críticas del PP, que asegura que el Gobierno de Rajoy rescató a más de 5.000 personas del mar durante 2017 sin la "publicidad y propaganda" del Ejecutivo de Sánchez. Tambien acusa al gabinete socialista de abrir un "coladero" para la inmigración ilegal.
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