El nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene dos semanas por delante para decidir si ordena la retirada del borrador de orden con el que la Dirección de la Guardia Civil pretende regular el aspecto físico de los agentes o si por el contrario la hace suya y se eleva a aprobación para que empiece a surtir efecto.
Después de varias reuniones de trabajo, en la que la mayoría de las asociaciones profesionales del Cuerpo ha puesto de manifiesto su oposición al texto al considerar que supone una intromisión en la vida privada de los funcionarios y vulnera derechos fundamentales, el pleno del Consejo de la Guardia Civil tiene previsto incluir este punto en el orden del día después de que en el encuentro celebrado el pasado 5 de junio no sólo no se acercaran posturas sino que otras asociaciones profesionales se sumaron al rechazo.
En el borrador de la orden se incluyen infografías que muestran cómo se debe lucir el pelo, la barba o el bigote. El documento se acompaña también de un modelo de declaración jurada en la que los guardias civiles que tengan tatuajes en su cuerpo antes de la aprobación de la norma deben precisar en qué lugar se encuentra exactamente, cuál es la descripción y el tamaño y puedan incorporar una imagen, como paso previo a cubrirlos "mediante apósitos o vendas de compresión que tengan un color similar al de la propia piel o del uniforme" o "maquillaje".
De salir adelante la orden en los términos planteados por el actual director general, los agentes no podrán exhibir bigote por debajo de las comisuras de los labios y tampoco lucir aros en la nariz o que las uñas sobrepasen el borde del dedo. También se les prohibiría utilizar relojes con esferas que excedan el ancho de la muñeca, no se autorizarían las conversaciones ajenas al servicio, que el llavero asome por el bolsillo del pantalón o masticar chicle en horario de trabajo.
"Los especiales cometidos que lleva a cabo la Institución (…) hacen necesario que tanto el comportamiento hacia los ciudadanos como la policía personal de los guardias civiles sigan unas pautas y directrices comunes que aporten a todos sus componentes los necesarios caracteres de homogeneidad, neutralidad e imparcialidad que devienen inexcusables para el correcto desempeño de las misiones constitucionalmente asignadas", justifica el texto en la exposición de motivos.
De momento, son ya cinco las asociaciones profesionales de la Guardia Civil -AUGC, AEGC, UniónGC, APC-GC e IGC- que se muestran en contra de la aprobación de esta orden general y piden que se aborde la cuestión "desde el consenso y no desatendiendo la opinión de la mayoría de los representantes de los guardias civiles".
'Tratamientos caros'
"En dicha norma se pretende regular cuestiones como el comportamiento fuera de servicio de los guardias civiles, lo que podríamos considerar una intromisión a la vida privada de cada persona o la obligación de someterse a un caro y largo tratamiento para retirar de la piel un tatuaje, amén de sufrir las consecuencias disciplinarias correspondientes. Por tanto, mantenemos el rechazo a que se regulen derechos fundamentales que debieran llevarse a cabo mediante otra figura legislativa y no, por supuesto, mediante una orden general", mantienen desde la AUGC.
En este sentido, esta asociación pide a Grande-Marlaska que frene la aprobación a la espera de una mayor discusión que permita acercar posturas. "Depende de él. Le pedimos que no lo apruebe y que sea sometida a debate para ser perfilada", sostiene Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Ésta anuncia su voto en contra en el próximo pleno del Consejo de la Guardia Civil y advierte de que, en caso de que siga adelante, acudirán a los tribunales.
Proyecto heredado de Zoido
El borrador de normas de decoro es uno de los proyectos que ha heredado Grande-Marlaska de su antecesor, Juan Ignacio Zoido. Entre las decisiones que tendrá que tomar en las próximas semanas el nuevo ministro del Interior se encuentra la elección del nuevo director general de la Guardia Civil en sustitución de José Manuel Holgado Merino, magistrado salmantino con plaza en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla y al que reclamó Zoido cuando Mariano Rajoy le confió el Ministerio a finales de 2016.
Fernando Grande-Marlaska también tendrá que designar al máximo responsable de la Policía Nacional, responsabilidad que desempeña desde hace año y medio el extremeño Germán López Iglesias, y a la persona que ocupará la Secretaría de Estado de Seguridad. Como ha informado este diario, el ministro ha pensado para este puesto en Pilar Gallego, ex directora general de Protección Civil y Emergencias y ex subsecretaria del Interior en el último gobierno socialista.
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