Màxim Huerta, tras sólo seis días en el cargo, ha dejado el ministerio de Cultura y Deportes en una comparecencia sin preguntas, en la que ha denunciado ser víctima de una "jauría" mediática y social que pretende enturbiar el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. "Y aquí no hay nada turbio", ha reseñado, durante un discurso en el que el ya exministro ha caído en varias imprecisiones.
En primer lugar, Màxim Huerta ha explicado que tributaba sus ingresos televisivos a través de una sociedad unipersonal, pero que lo hacía asesorado "como hacen tantos periodistas, tantos actores y tanta gente en este sector". Lo cual no le exime de culpa: tributar por el Impuesto de Sociedades lo que debe hacerse a través del IRPF no es legal ahora ni lo era entonces. Pese a que el exministro se ha referido en varias ocasiones a un "cambio de criterio" por parte de Hacienda que le afectó, lo cierto es que este no se produjo a efectos legales.
La ley del IRPF ya estaba en vigor en el año 2006, cuando Huerta constituyó la sociedad limitada por la cual facturó sus servicios con Telecinco durante varios años. Y en varias notas de la Agencia Tributaria hechas públicas entre entonces y 2011, cuando al periodista y escritor se la abre la inspección, ya se alertaba del agujero que Hacienda tenía en los profesionales que se ahorraban impuestos tributando a través de sociedades pantalla unipersonales, sin reunir los requisitos necesarios para hacerlo, como este miércoles explicaba El Confidencial.
Junio de 2011
Como máximo, pudo existir un cambio en la seriedad con la que se perseguían este tipo de infracciones, pero no en la ley misma. De hecho, son numerosos los tertulianos y colaboradores de televisión que han sido sancionados por la misma operación por la que Huerta fue condenado y ahora le ha obligado a dimitir.
Hacienda ya inspeccionaba la actividad de la sociedad de Màxim Huerta en verano de 2011, con la socialista Elena Salgado
Además, Huerta ha explicado en su comparecencia que las inspecciones fruto del presunto cambio de criterio al que ha aludido se consideraron en su momento como una "caza de brujas" contra los enemigos políticos del Gobierno. Pero no ha dicho de cuál, al tiempo que señalaba veladamente al PP durante su discurso cuando se refería a quienes quieren hacer daño al nuevo Ejecutivo de Sánchez. Pero, según las sentencias del TSJM que desestiman los recursos de Màxim Huerta, la inspección de Hacienda tenía sus ojos sobre la sociedad del expresentador de Telecinco, al menos, desde el año 2011, antes de que Mariano Rajoy ganara las elecciones y todavía con José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE en Moncloa.
"En paralelo a las actuaciones de referencia, se han llevado a cabo actuaciones de comprobación e investigación acerca de la sociedad, por los conceptos y períodos siguientes: Impuesto sobre Sociedades, períodos 2006, 2007 y 2008", dice la sentencia, que se explaya a continuación. "El 2 de junio de 2011 la Inspección procedió a entregar comunicación a ambas partes vinculadas en relación con los métodos y criterios que serán tenidos en cuenta en el procedimiento para practicar la valoración por el valor normal de mercado en operaciones vinculadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.1 c) del RD 1777/2004". El 2 de junio de 2011, la ministra de Economía y Hacienda, el organismo que ya tenía en su punto de mira a la sociedad de Huerta, era la socialista Elena Salgado.
De la 'solvencia' a la dimisión
Màxim Huerta ha presentado su dimisión en una comparecencia en la sede del ministerio, en la que no ha aceptado preguntas y a la que ha llegado con una hora de retraso, después de ser anunciada inicialmente para las seis de la tarde. Mientras los medios informaban de que el aún ministro se había dirigido a Moncloa para comunicar su decisión al presidente, fuentes oficiales de su gabinete aseguraban que se encontraba en el ministerio y no anticipaban una decisión que parecía cantada. El retraso, decían, se debía sólo a motivos técnicos para facilitar el trabajo de las televisiones.
A la comparecencia de Huerta, que se ha convertido con su dimisión en el ministro más efímero de la historia de la democracia, asistía en primera fila y con rostro serio el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, miembro del equipo más cercano a Pedro Sánchez, que vive así su primer gran crisis al frente del recién estrenado Gobierno.
Sánchez, como Huerta, había mantenido durante toda la mañana que el asunto había quedado aclarado y que las explicaciones dadas por el titular de Cultura y Deportes -que no se ha referido al deporte en ningún momento de su intervención-, eran "solventes". El discurso se le ha complicado al presidente del Gobierno cuando han salido a la luz unas declaraciones suyas, efectuadas en febrero de 2015, en las que reclamaba a Pablo Iglesias la destitución de Juan Carlos Monedero por unas prácticas fiscales idénticas a las que ahora se le han imputado a Huerta.
"Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva", dijo entonces Sánchez, en unas declaraciones que ahora le hacían cautivo. Huerta no ha esperado al "día siguiente", y ha presentado su dimisión menos de 12 horas después de que El Confidencial publicase la información sobre su pasado fiscal.
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