Los agresores de Alsasua asumieron un delito "terrorista" para reducir al mínimo sus penas

El pacto estuvo a punto de cerrarse. Las conversaciones de los días previos habían permitido un acercamiento casi definitivo en la calificación de los hechos, que se daba por prácticamente cerrado, y por los que se condenaría a los agresores de Alsasua por un delito de desórdenes públicos terroristas. La propuesta partió de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las defensas estuvieron dispuestas a considerarla, a aceptar una condena por un delito de desórdenes públicos “terroristas” si se reducía a entre dos y cuatro años de prisión la condena que se impondría a los ocho jóvenes. Debía permitir la pronta salida de prisión de los tres acusados que estaban en la cárcel –Adur Ramírez de Alda, Ohian Arnanz y Jokin Unamuno-, y que acumulaban ya año y medio en la cárcel, y facilitar que el resto no ingresara en ella.

Consensuada la calificación penal los primeros días de la semana previa al juicio -que se debía celebrar en la Audiencia Nacional-, sólo restaba cerrar el acuerdo en torno a la pena que se les impondría. Según las fuentes a las que ha tenido acceso ‘El Independiente’, para ello se citó al resto de las partes personadas en el proceso y explorar el necesario acuerdo unánime. Fue ahí donde las discrepancias impidieron, por un margen reducido, un acuerdo que habría modificado radicalmente la suerte de los ocho jóvenes finalmente condenados por la agresión de Alsasua.

La reunión se celebró la tarde del miércoles 11 de abril en la Audiencia Nacional. A ella estaban citadas todas las partes de la acusación y la defensa para intentar cerrar un acuerdo de conformidad previo a la celebración del juicio, previsto para el lunes día 16. La cita venía precedida de conversaciones cruzadas entre unos y otros en busca de un punto de encuentro que satisficiera tanto al Ministerio Fiscal como a las acusaciones ejercidas por Covite y por la Unión de Guardias Civiles, por un lado, y a las defensas de los ocho jóvenes acusados –y finalmente condenados-, por otro. Fuentes conocedoras del proceso señalan la sorpresa expresada por algunos de los asistentes al comprobar la disposición de las defensas a aceptar una condena por un delito de carácter “terrorista” después de que durante los últimos meses se hubiera impulsado una dura campaña en contra de tal consideración de los hechos ocurridos en Alsasua.

El acuerdo casi cerrado en la calificación por 'terrorismo' se frustró al no consensuar la petición de penas

Fueron apenas 15 minutos de reunión. Según estas fuentes, se inició con una intervención por parte del fiscal del caso, José Perals, en la que expuso la propuesta. También hubo intervenciones de las defensas y de algunas de las acusaciones. El acercamiento en cuanto a la calificación se daba por cerrado por parte de los asistentes. Contemplada como opción que todas las partes darían por bueno que los jóvenes fueran condenados por delitos de desórdenes públicos terroristas, las diferencias se suscitaron en la petición de penas. Fue el problema que impidió el acuerdo final, es decir, que se alcanzara finalmente un pacto de conformidad que hubiera evitado la celebración de la vista oral.

Un estrecho margen de penas

A la hora de pactar la condena, la Fiscalía ofrecía una condena de entre 5 y 6 años de cárcel para los acusados. Por su parte, las defensas reclamaron, siempre según estas fuentes, entre 2 y 4 años de prisión. De este modo, los tres acusados que entonces llevaban ya casi año y medio en prisión podrían salir con beneficios penitenciarios una vez pasado el verano. Además, de haber aceptado la Fiscalía la exigencia de las defensas el resto de los encausados no hubieran llegado a ingresar en la cárcel, al tratarse de de una pena de sólo dos años y no tener antecedentes penales.

Una petición que la Fiscalía se negó a admitir por considerarla excesivamente baja dada la gravedad de los hechos que se enjuiciaban en esta causa. La negociación se producía además en un clima de gran movilización en Navarra en apoyo de los acusados y que había intensificado el clima en contra de la Fiscalía la Audiencia Nacional. Sólo tres días después había convocada una manifestación –que finalmente reunió a decenas de miles de personas- en Pamplona bajo el lema “No es terrorismo. Justicia. Libertad para los de Alsasua”.

Fiscalía ofreció entre 5 y 6 años de condena. Las defensas exigieron entre 2 y 4 años para evitar el ingreso en prisión de quienes aún estaban en libertad

La calificación planteada, “desórdenes públicos terroristas” satisfacía en parte las peticiones que habían hecho tanto la Fiscalía como Covite, que en sus escritos de acusación solicitaron la consideración de delitos de terrorismo los hechos ocurridos la noche del 15 de octubre de 2016. En las defensas, pese a que en todo momento a lo largo del último año y medio desde el entorno de los acusados se había venido negando que se pudieran calificar los hechos como terrorista y se acusaba de “montaje” lo sucedido, se llegó a contemplar la posibilidad de dar por bueno un delito de desórdenes públicos terroristas, ya que reducía de modo muy notable las peticiones de penas que se iba a hacer en el juicio, entre 12,5 y 62 años de prisión.

Finalmente, la distancia en las peticiones de prisión que separaron a acusación y defensa se situó entre los 5 y 6 años que como horquilla planteaba la Fiscalía y los entre 2 y 4 años que reclamaban las defensas para aceptar el acuerdo. Una diferencia no muy elevada que, según las fuentes consultadas, no suscitaron en aquel encuentro la presentación de una contraoferta para buscar un pacto. Puestos en contacto con la defensa de varios de los acusados, éstas aseguran que no hubo una oferta de acuerdo y que aunque ésta se hubiera producido en ningún caso la comunicarían públicamente.

Una sentencia que duplicó la oferta

La reunión se frustró por diferencias entre las penas que estaba dispuesta a aceptar la Fiscalía y la que reclamaban las defensas. Finalmente, y ante la imposibilidad de frenar el desarrollo de la vista oral, ésta se celebró y concluyó con una sentencia notablemente superior para la mayoría de los acusados en comparación con la que había ofrecido, sólo días antes, el Ministerio Fiscal. La Audiencia Nacional impuso una condena a los ocho jóvenes de entre 2 y 13 años, en muchos casos casi el doble de lo que la Fiscalía había planteado.

Los ocho acusados no fueron condenados por terrorismo pero sí por atentado a los agentes de la Autoridad, lesiones, desórdenes públicos y, en algunos casos, por amenazas. Por la gravedad de los hechos y porque se cometieron por motivos “claramente ideológicos” y de “animadversión” a la Guardia Civil, la Sala aplicó las agravantes de abuso de superioridad y de odio e impuso las penas máximas previstas en el Código Penal.

La condena impuesta por la Audiencia Nacional casi duplicó la ofrecida por la Fiscalía. Osciló entre los 2 y 13 años de cárcel

Tras la sentencia conocida el pasado día 1, la movilización en el entorno de las familias de los condenados se ha intensificado. Para este sábado está convocada en Pamplona una nueva manifestación en contra de la resolución de la Audiencia Nacional. Una manifestación que se espera multitudinaria y para la que se han organizado viajes desde otros puntos del Estado para sumarse a la misma.

Una movilización que viene precedida de dos jornadas de protesta -ayer y hoy- organizadas por Ernai, las juventudes de la izquierda abertzale, y de varios actos de sabotaje contra medios de transporte en Navarra y el País Vasco. Así, el miércoles el tranvía de Vitoria amaneció con pintadas en apoyo a los jóvenes condenados. Ayer durante una manifestación celebrada en la capital alavesa se realizaron numerosas pintadas. En Pamplona, este jueves varios autobuses urbanos fueron atacados por jóvenes encapuchados que pegaron grandes carteles con la imagen de los jóvenes en prisión reclamando su puesta en libertad.

Las defensas aún no han recurrido la sentencia, a la espera de que se subsane un error que en la misma existe sobre la contabilidad de pena de uno de los condenados. Lo que sí se ha presentado es el auto de súplica contra el ingreso en prisión de los jóvenes. Sólo dos días después de que se hiciera pública la sentencia la Guardia Civil detuvo a cuatro de los cuatro jóvenes condenados que aún permanecía en libertad –Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Aratz Urriola e Iñaki Abad- para su traslado a la Audiencia Nacional, donde se decretó su ingreso en prisión al considera que existía riesgo de fuga.

Este miércoles el Ministerio Público recurrió la sentencia conocida el pasado día 1 y en la que no se condenaba a los acusados por delitos terroristas. El ministerio público insiste en los argumentos que defendió durante la vista oral y que en su opinión justificarían una condena por delitos terroristas. Reitera en su escrito de apelación que  la agresión se produjo por motivos ideológicos y alimentada por el clima generado tras décadas de violencia y presión terrorista.