El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respaldado este jueves que se traslade a prisiones de Cataluña a los exconsejeros y líderes del 'procés' si así lo autoriza el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. "Cuando existe la posibilidad de que va haber cinco o seis meses de que una persona no va a ser requerida judicialmente, y siempre que conste la autorización del juez, se puede evaluar un traslado que ayude a una vida personal más fácil", ha asegurado.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Grande-Marlaska ha recordado que Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior sólo deciden directamente sobre el traslado de presos cuando hay sentencia, y este no es el caso de Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas procesados y encarcelados provisionalmente, a la espera de juicio, por los delitos de rebelión, sedición o malversación.

"Cuando son presos provisionales están a disposición del órgano judicial, por eso están en cárceles próximas a donde está el órgano judicial porque mañana le pueden citar a declarar, notificar algo personalmente y no se pueden hacer traslados de un día para otro con 600 kilómetros de distancia", ha argumentado el ministro, rechazando que hoy por hoy la decisión sobre los exconsejeros sea responsabilidad suya.

Los desafíos catalanes

Grande-Marlaska, que ha situado a Cataluña como "el tema más complejo" y uno de los tres grandes desafíos del Estado junto al terrorismo y la corrupción, ha evitado pronunciarse sobre si Carles Puigdemont y el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, tienen razones para desconfiar de él, algo que, dice, no le genera ninguna incomodidad.

A este respecto, ha insistido en que, en su opinión, "se podría y se debería evaluar" un traslado a cárceles catalanas de los líderes independentistas que están en prisión provisional para facilitar su vida familiar, pero "siempre que el juez manifestara que no hay inconveniente". "Si dice el juez que mañana o pasado vamos a tener diligencias, evidentemente no es factible", ha enfatizado.

El titular del Interior ha recordado su pasado como juez para no valorar si los líderes independentistas incurrieron en rebelión o en sedición, subrayando que "caben todas las posibilidades" en una instrucción y que todavía la Fiscalía puede modificar su escrito de acusación con vistas a la apertura de juicio oral. En este sentido, se ha referido al nombramiento de la próxima fiscal general del Estado, sin confirmar que sea María José Segarra, para defender que actuará, como los anteriores, con independencia y de acuerdo a los principios de legalidad y de jerarquía dentro del Ministerio Público.

El equipo de Interior

En el capítulo de nombramientos, y en lo que afecta a Interior, Grande-Marlaska ha asegurado que aún no tiene cerrado "totalmente" su equipo. Ha prometido rapidez para hacer los nombramientos sin confirmar que haya elegido ya 'número dos' o director de Instituciones Penitenciarias y al frente de las direcciones generales de Policía y Guardia Civil. Su intención es conjugar el perfil técnico con el político. "Es un Gobierno del PSOE, también va a haber un determinado perfil político que se conjugue con el mío, que nos complementemos".

El ministro se ha referido a la primera crisis del Gobierno socialista de Pedro Sánchez para valorar el "ejercicio de responsabilidad" de Maxim Huerta a la hora de cesar como ministro de Cultura y Deporte por conocerse que defraudó a Hacienda, destacando que la dimisión se ha llevado a cabo "en un tiempo muy breve, no como se ha hecho en otros momentos".

Grande-Marlaska se ha remitido a los trabajos en el Congreso para abordar una futura modificación, a la que se comprometió Pedro Sánchez al presentar la moción de censura, de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015, la conocida como 'ley mordaza' por sus detractores. Existen, según él, "posibilidades reales" de adaptar el contenido de dicha norma "conforme a la Constitución", de acuerdo al criterio de la mayoría de grupos parlamentarios. También se ha mostrado partidario de eliminar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla.

Tras rechazar el "mantra" de ser de ideología conservadora, Grande-Marlaska ha recordado que en su etapa de formación y actuación como juez tuvo relación con otros extitulares del Interior como Juan Alberto Belloch y José Antonio Alonso, y que su intención es respetar el legado de sus antecesores, entre ellos el ministro saliente del PP Juan Ignacio Zoido. Sobre este último se ha referido al acuerdo de equiparación para igualar el sueldo de policías y guardias civiles con el de Mossos d'Esquadra.

"De ir a la baja, nunca; creo que merecen ese incremento económico, faltaría más", ha asegurado Grande-Marlaska sobre el acuerdo cerrado con Zoido con sindicatos representativos de policías y de guardias civiles, aunque calificado de insuficiente por un sector representado en la plataforma Jusapol. El ministro ha dicho, no obstante, que quiere también abordar otros temas y que Interior "se abra y sea el Ministerio conocido porque genera seguridad para que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades".

Aquí ha englobado la necesidad de "proteger" a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también del resto de funcionarios como los de prisiones, "que tienen un problema real y concreto actual en materia de reclamaciones en materia económica". Su apuesta es garantizar "una protección social integral para todos para que presenten un servicio más eficaz".