El Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) ha pedido a la Conselleria de Interior que les confirme si es el presupuesto de la Generalitat de Cataluña el que está sufragando la defensa jurídica del ex mayor José Lluís Trapero, procesado por la Audiencia Nacional por la posible comisión de delitos de sedición y organización criminal a raíz de la actuación de los Mossos d'Esquadra ante el acoso sufrido por la comisión judicial a las puertas de la Conselleria de Economía y Hacienda en vísperas del 1-O.

Así lo ha planteado el secretario general de este sindicato, David José Mañas, en un escrito enviado este jueves al conseller de Interior, Miquel Buch. La carta se remite días después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le hubiera ofrecido a Trapero volver a convertirse en mayor del Cuerpo -responsabilidad de la que fue apartado horas después de que el Senado autorizara al Ejecutivo de Rajoy a aplicar las medidas al amparo del artículo 155- y que éste hubiera declinado la oferta al considerar que ello no facilitaría su futuro judicial.

Fueron en un principio los servicios jurídicos de la Administración catalana los que se hicieron cargo de la defensa del máximo responsable operativo de la Policía Autonómica durante el Gobierno de Carles Puigdemont, si bien meses después se decidió que la dirección letrada la ostentara la penalista Olga Tubau (socia del despacho Tubau & Lajara & Echavarri). Esta abogada defiende también a la intendente Teresa Laplana, procesada también por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el mismo procedimiento.

"No es la primera vez"

En conversación telefónicas con El Independiente, Tubau consideró que debe ser la Generalitat quien dé respuesta a la petición del SPC, si bien admitió que se externalizó este servicio jurídico cuando se constató "la trascendencia del tema, el volumen de trabajo y la dedicación" que iba a requerir. "No es la primera vez que se hace", justificó la letrada.

El sindicato policial consideraría un "agravio comparativo" que la Generalitat pagara el abogado externo a Trapero cuando éste siempre recomendaba a los mossos que se encontraban incursos en procedimientos judiciales que recurrieran a los servicios jurídicos del departamento de Interior "dada su contrastada profesionalidad y eficacia".

En caso de que la Conselleria de Interior reconociera que corre con ese gasto, el SPC quiere conocer qué trámites y qué condiciones han de darse para que otros agentes del Cuerpo que se hallan también inmersos en causas penales como consecuencia del ejercicio de su trabajo "puedan disfrutar de esta prerrogativa".