"No tiene cuentas pendientes con la Justicia". "Luis Planas es un ministro de garantía, que siempre ha desarrollado su trabajo en el servicio público con un excelente resultado. El Gobierno tiene plena confianza en él". Con estas palabras respondía la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, a las preguntas de los periodistas sobre la situación del titular de Agricultura, Luis Planas, cuya dimisión reclama el PP por estar imputado en una causa medioambiental.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo ha respaldado las explicaciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha asegurado que no conoció ni tuvo “implicación” en el caso de unas captaciones ilegales de agua en el entorno de Doñana, concretamente en la finca Matalagrama de Almonte (Huelva) alrededor del año 2015. El titular de Agricultura figura como investigado por un delito medioambiental por haber consentido supuestamente las captaciones de agua ilegales cuando fue consejero de Agricultura en Andalucía, entre 2012 y 2013. Sin embargo, la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva prepara ya el escrito en el que se desimputa al ministro por no apreciar delito en su actuación.
“Ya di mi versión, y ni yo era competente, ni he tenido intervención alguna ni tenía conocimiento”, ha explicado Luis Planas tras su nombramiento, mostrando su confianza en que el proceso judicial termine con su desimputación, como solicitará la Fiscalía.
El Ministerio Público, que es la única acusación, pedirá el archivo respecto a Planas en una causa en la que también están investigados varios agricultores y dos exalcaldes socialistas de Almonte (Huelva). El juez ya ha dictado auto de procedimiento abreviado y ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre sus solicitudes de condena o absolución respecto a los investigados antes de abrir juicio oral a aquellos contra los que sí formule acusación la Fiscalía.
Planas ha solicitado en varias ocasiones el archivo de la causa, abierta en 2016 en el Juzgado de Instrucción 2 de La Palma del Condado (Huelva). La Fiscalía se ha opuesto a sus recursos, la última vez el 13 de diciembre de 2017, si bien ya anunciaba que no tenía previsto formular acusación contra él.
En el escrito, el Ministerio Público exponía que las diligencias practicadas impiden determinar que los investigados de la Junta de Andalucía “hayan colaborado de forma activa y relevante con los agricultores querellados o cometido una omisión grave y reiterada al no denunciar penalmente las extracciones ilegales de las que tuviesen conocimiento”.
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