El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, comunicó este lunes su decisión de dar un paso al frente y presentar su candidatura para liderar dicha formación tras la marcha anunciada por Mariano Rajoy después de que prosperara la moción de censura y el PSOE alcanzara el Gobierno.
Sin embargo, esta noticia estuvo empañada por la decisión de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, instructora de su máster, quien solicitó el pasado viernes al Congreso de los Diputados que acreditase la condición de diputado de Casado.
En principio esta decisión judicial no debería ser preocupante sino fuera porque de ella se desprende de la juez aprecia indicios de delito en la actuación de Casado y que necesita certificar que es aforado para poder remitir una exposición razonada contra él ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Sólo este órgano jurisdiccional es competente para investigar y, en su caso, enjuiciar a un diputado en Cortes.
El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sostiene que será dicha Sala, que preside el magistrado Manuel Marchena, quien conocerá "de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía”.
Con su petición al Congreso, la juez anticipa que elevará exposición razonada al Supremo con los indicios de delito que aprecia en el máster del vicesecretario del PP
Al ser Pablo Casado aforado, la magistrada de Madrid no puede citarlo a declarar en calidad de investigado, es decir, de imputado ya que no goza de competencia para ello. Con este escenario, es altamente probable -según indican las fuentes jurídicas consultadas por El Independiente- que una vez que el Congreso de los Diputados responda a la juez Rodríguez-Medel ésta remita una exposición razonada al Supremo detallando los indicios que pesan contra la actuación del aspirante a presidir la primera fuerza política de España.
La postura del fiscal
A partir de ahí, los trámites procesales serán los siguientes. Una Sala de admisión de tres magistrados decidirá si el Supremo es competente o no para investigar al diputado Casado y si existen suficientes indicios para abrir una investigación penal. Lo habitual es que la Sala previamente se solicite informe al Ministerio Fiscal, a la Fiscalía del Supremo que capitanea el fiscal Luis Navajas, antes decidir si se acepta o rechaza la exposición razonada de la juez de Plaza de Castilla.
En dichas cuestiones suele tener bastante peso el criterio del Ministerio Público sobre si se debe abrir o no una causa contra el aforado aunque son siempre los magistrados del Alto Tribunal quienes tienen la última palabra.
Si el Supremo admite a trámite la exposición razonada de la juez Carmen Rodríguez Medel se designará un instructor que deberá practicar cuantas diligencias considere necesarias para decidir si el vicesecretario de Comunicación del PP ha cometido o no actividad delictiva alguna. Entre ellas, es un trámite obligado el de tomar declaración como investigado al aforado, en este caso, al candidato a liderar a los ‘populares’.
Indicios al Supremo y congreso del PP
No obstante, junto con los trámites judiciales que seguirán al decisión ahora adoptada por la juez del caso Máster, hay otra circunstancia que juega en contra de Pablo Casado: el tiempo. La exposición razonada de la instructora y su posible imputación podrían coincidir con las fechas en las que se ha convocado el congreso extraordinario del Partido Popular, los próximos 20 y 21 de julio.
En la pieza del máster de Casado se investigan actualmente la presunta comisión de delitos de falsificación documental, prevaricación administrativa y cohecho impropio y ya han sido imputados tres profesores: Fernando Suárez Bilbao, vicerrector el año en que el dirigente del PP se matriculó en el máster y rector posteriormente de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC); el catedrático Enrique Álvarez Conde y Alicia López de los Mozos. Los dos últimos ya estaban imputados con anterioridad en la causa que dirige la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid.
Además, la juez ha citado el próximo 1 de agosto como testigo en esta pieza a Miguel Beltrán, un alumno al que también se le convalidaron asignaturas del mismo máster que Casado.
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