Política

Villar Mir denuncia una "teoría conspirativa" de Bankia para no devolverle el dinero de las acciones

El grupo niega que contara con información adicional por ser inversor institucional y que López Madrid proporcionara datos complementarios a los del folleto de la OPS por su condición de consejero independiente en la entidad financiera

El presidente de Grupo Villar Mir, Juan Miguel Villar Mir, en la junta de accionistas de OHL de 2014. | EP

El Grupo Villar Mir considera que Bankia ha urdido una "teoría conspirativa" para no devolverle el dinero que perdió con la compraventa de acciones de la caja posteriormente rescatada sobre la supuesta base de que Javier López Madrid les habría facilitado información adicional de la salida a Bolsa por su condición de consejero independiente de la entidad financiera.

Así lo defienden Grupo Villar Mir, Grupo Ferroatlántica SAU y Fertiberia SA en el recurso de apelación con el que pretenden que la Audiencia de Madrid revoque la sentencia del pasado 14 de mayo por el que el Juzgado de Primera Instancia 13 de Madrid eximió a Bankia de devolverle los 10 millones de euros -cantidad a la que habría que descontar el precio de venta de los títulos- que invirtieron en la compra de las acciones cuando el banco resultante de la fusión de Caja Madrid y Bancaja salió a Bolsa en el verano de 2011. El conglomerado empresarial sostiene que fue "inducido al error" con la información "engañosa" contenida en el folleto de la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) y que no dispuso de más datos sobre la situación de la entidad financiera.

En el fallo recurrido, el juez sugiere que el Grupo Villar Mir gozó de información directa de Bankia tanto por su condición de inversor institucional o cualificado como por el hecho de que López Madrid -miembro de los consejos de administración de Fertiberia y Ferroatlántica y yerno de Juan Miguel Villar Mir, fundador y presidente de la compañía- era consejero independiente de la entidad financiera. Como "experto en asesoramiento financiero y bursátil", López Madrid podría haber permitido a los demandantes -según la sentencia- contar con toda la información propia de los inversores institucionales.

Éstas son dos de las principales alegaciones que desarrollan en la apelación los abogados de Villar Mir, pertenecientes al despacho madrileño Business & Law. De entrada, los recurrentes sostienen que Bankia facilitó la "misma información" tanto a los inversores institucionales como a los individuales y que lo contrario sería aceptar que la entidad financiera proporcionó "información privilegiada" en su salida a Bolsa, práctica tipificada como delito en el Código Penal.

El grupo niega que López Madrid, yerno de Villar Mir, le hubiera dado "información adicional" por su condición de consejero en la entidad luego rescatada

"Mis representadas, empresas industriales de diferentes sectores, compraron acciones inducidas al error en la misma forma que los minoristas: engañados por la publicidad de la OPS, por las cuentas anuales de la empresa, por la confianza en la actuación de un auditor de supuesto prestigio (Deloitte), la supervisión del Banco de España y la CNMV, y de su folleto que hacían más verosímil la próspera situación financiera que proclamaba Bankia", razona. Y añade: "Si Bankia facilitó otra información a los inversores profesionales, entre otros a mis representadas, le incumbe a ésta la carga de probar que lo hizo".

Para apuntalar esta alegación, el grupo denuncia la "indefensión" que les causa el hecho de que la sentencia no motivara "qué otra información se tuvo o pudo tener para desenmascarar a Bankia", al tiempo que denuncia que para proteger al pequeño inversor por la "errónea información" facilitada en el folleto se desproteja al inversor institucional "por la información que pudo tener". "Bankia proyectó una imagen de solvencia que no tenía y en su salida a Bolsa no reflejó su verdadera situación económica", insiste.

De otro lado, Grupo Villar Mir defiende en su recurso que López Madrid no les facilitó "información adicional ni distinta" antes de plantearse en julio de 2011 la inversión de compra de acciones por un montante de 10 millones de euros. En este sentido, las empresas demandantes llaman la atención sobre el hecho de que la entidad financiera no haya aporta "un solo dato o elemento concreto" que permita sostener que el yerno del presidente proporcionó datos sobre la situación económico-financiera de Bankia que no tenían otros inversores.

Villar Mir cree que, a diferencia del juzgado de instancia, hubo vicio en el consentimiento y que si vendió las acciones fue para "no perder todo el dinero" invertido

"La teoría conspirativa de Bankia sobre el Sr. López Madrid y Grupo Villar Mir concluye en el absurdo. Su premisa sería que mis representadas tendrían información privilegiada y distinta al resto del mercado de la verdadera situación de Bankia y que, lejos de ser uno de los primeros bancos del país, era una sociedad en pérdidas, en situación de insolvencia y que debía ser intervenida por el Estado a los pocos meses. Debida a esa supuesta información adicional, mis representadas invirtieron el dinero para perderlo", expone.

También combate que la acción entablada haya caducado, como sostiene la sentencia de instancia. En este sentido, Villar Mir considera que esa conclusión supone apartarse de "la jurisprudencia del Tribunal Supremo", que fijó como inicio del cómputo la fecha de reformulación de cuentas anuales de Bankia correspondientes a 2011. "El día 25 de mayo de 2012, Bankia comunicó a la CNMV la aprobación de unas nuevas cuentas anuales del ejercicio 2011, esta vez auditadas, en las cuales se reflejaban unas pérdidas de 2.979 millones de euros frente a los 309 millones de beneficio declarados, y sin auditar, apenas 20 días antes", sostiene.

Reformulación de las cuentas

El Grupo Villar Mir considera que debe estimarse la demanda por cuanto concurre en el caso vicio en el consentimiento, no anulado -defiende- por el hecho de que se desprendiera de los títulos. A este respecto, sostiene que vendió las acciones ante la "imposibilidad de recuperar el dinero invertido", por lo que se planteó la "venta forzosa como única opción para no perder la totalidad del dinero".

"El fundamento de la nulidad que se pretende se establece en la forma en que se produjo la oferta de suscripción, transmitiendo una información a los inversores, tanto individuales como cualificados, de una imagen de solvencia de la entidad que no se correspondía con la realidad. Y tal información no ajustada a la realidad que se transmitió al inversor racionalmente indujo al mismo a formalizar la suscripción de acciones, bajo el error, esencial e invencible y además excusable, no en la naturaleza del producto en sí, sino en las expectativas que el mismo ofrecía, en las bases de su emisión", agrega.

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