Nueva línea de investigación en el ‘caso Máster’. La titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha imputado a los profesores Fernando Suárez Bilbao, ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), y Enrique Álvarez Conde, director del máster bajo sospecha, por las convalidaciones de asignaturas realizadas a un alto cargo del ex ministro Luis de Guindos: el ex subsecretario Miguel Temboury. Éste ha declarado a El Independiente que nunca se matriculó en ningún curso en esta universidad madrileña.
La instructora ha llamado al procedimiento en calidad de investigados a dichos docentes tras recibir la documentación requerida a la URJC sobre las convalidaciones de asignaturas a los alumnos que cursaron el máster en Derecho Público del Estado Autonómico, entre ellos la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y el dirigentes del PP Pablo Casado. La juez atribuye indiciariamente a Súarez Bilbao y a Álvarez Conde la posible comisión de delitos de falsificación documental, prevaricación y cohecho impropio.
En el marco de una nueva pieza separada del Mastergate, la magistrada dictó una providencia el pasado viernes en el que cita a declarar como testigo el próximo 1 de agosto a Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competitividad en la primera legislatura de Mariano Rajoy y director de gabinete de Ángel Acebes en la etapa de éste como ministro del Interior (2002-2004). Abogado del Estado en excedencia, ejerce en la actualidad la abogacía en el bufete del que es socio y fundador (Temboury Abogados) y es consejero en Barclays y Aedas Home.
Fuentes jurídicas consultadas por este medio explican que, tras analizar la documentación que le remitió la pasada semana la Universidad Rey Juan Carlos, la magistrada Rodríguez-Medel maneja la tesis de que Temboury se matriculó en el citado máster y renunció al mismo al apreciar que en las convalidaciones de sus asignaturas se habían cometido claras irregularidades.
En conversación telefónica con El Independiente, el ex alto cargo de Luis de Guindos negó de forma rotunda haberse matriculado en dicho curso de posgrado. "Jamás he cursado ese máster ni he pedido que me convalidaran asignatura alguna, entre otras cosas porque soy abogado del Estado por oposición desde el año 1996 y no lo necesito para nada. No salgo de mi asombro", ha declarado.
Miguel Temboury, que en la tarde de este martes no había recibido todavía la citación para comparecer en sede judicial en calidad de testigo, asegura que la única relación que ha mantenido con la URJC fue una colaboración durante unos meses con la cátedra de Derecho Civil para impartir unas clases. "Nada más", zanja.
El ex subsecretario de Economía y Competitividad asegura que no conoce a Enrique Álvarez Conde, principal investigado en la causa que instruye la juez Rodríguez-Medel. El veterano catedrático de Derecho Constitucional ha sido el director del organismo universitario que ofrecía el máster bajo sospecha -el Instituto de Derecho Público de la URJC- desde su constitución a finales de 2011 hasta su suspensión cautelar tras estallar el escándalo, dirigió este curso de posgrado entre 2009 y 2011, impartió asignaturas y tutorizó Trabajos Fin de Máster (TFM), entre otros alumnos a Cristina Cifuentes.
Entre las diligencias que ha practicado ya la instructora se incluye un requerimiento a la Universidad para que aporte los convenios que administraciones -como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid- suscribieron con el Instituto de Derecho Público por el que dichas instituciones públicas facilitaban a sus empleados cursar este máster para mejorar su formación sufragándoles el 83 % del coste de la matrícula (1.500 de los 1.800 euros). Ello facilitaba la captación de alumnos y repercutía en la facturación del organismo que lo impartía.
Jamás he cursado ese máster ni he pedido que me convalidaran asignaturas; soy abogado del Estado desde 1996 y no lo necesito para nada", declara Temboury
Álvarez Conde también tendrá que comparecer el próximo 1 de agosto ante la instructora, que ya lo investigaba por la posible comisión de un delito de continuado de prevaricación o falsificación de documento público. Ahora también practica diligencias para determinar si incurrió en cohecho impropio.
Las citaciones judiciales para dicho día se completan con la de Fernando Suárez Bilbao, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la URJC en los años que se investigan las presuntas irregularidades. En julio de 2013 relevó como rector a Pedro González-Trevijano y se mantuvo al frente de la Universidad hasta febrero de 2017, cuando no pudo optar a la reelección por el escándalo del plagio.
La instrucción del caso máster se inició a finales de abril tras la denuncia interpuesta por la catedrática de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo Burrieza, tras conocer que se había falsificado su firma en las actas académicas oficiales con las que la Comisión de Garantías convalidó a diez alumnos -entre ellas Cristina Cifuentes- las asignaturas La financiación de las comunidades autónomas y de las entidades locales, Estructura institucional de las comunidades autónomas y de los entes locales, y Las políticas públicas autonómicas y locales en ordenación urbanística y medio ambiente en su reunión del 24 de mayo de 2012.
El caso acumula ya 15 imputados, de los que 10 son profesores: Enrique Álvarez Conde, Pablo Chico de la Cámara, Cecilia Rosado, Alicia López de los Mozos, Susana Galera, Rodrigo Martín, Jesús Primitivo Rodríguez, Manuel Arenilla, Elena Pérez y Esther González. Completan el listado de investigados Cristina Cifuentes; la ex asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito; la funcionaria de la URJC Amalia Calonge y el ex vicerrector Fernando Suárez.
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