La ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes tiene claro que Pablo Casado va a ser imputado por el Tribunal Supremo en el caso Máster. Así lo ha puesto de manifiesto en un escrito remitido a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, quien solicitó hace ocho días al Congreso de los Diputados que acreditase la condición de diputado del vicesecretario del PP como paso previo para inhibirse ante el Alto Tribunal.
Ahora, sin esperar a que la juez eleve exposición razonada con los indicios presuntamente delictivos reunidos contra el aspirante a liderar el PP tras la dimisión de Mariano Rajoy, Cifuentes mueve ficha y pide a la instructora que admita que ha perdido la competencia para investigar las presuntas irregularidades en torno a su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y mande todo el procedimiento a la Sala Segunda del Supremo para "no romper la continencia de la causa" al "preverse" la imputación del diputado popular.
Su letrada sostiene, en el escrito al que ha tenido acceso El Independiente, que el enjuiciamiento independiente de los hechos relacionados con el curso de posgrado de Pablo Casado y el suyo "no sólo no es aconsejable sino que legalmente está proscrito, pues la continuidad delictiva es una realidad jurídica, cuya apreciación no es facultativa ni alternativa sino imperativa si se constata su existencia".
Para hacer esta afirmación, la defensa de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid subraya que en esta causa se investiga la posible comisión de un delito "continuado" de falsificación documental, prevaricación administrativa y cohecho impropio, "por lo que se hace necesaria una instrucción conjunta de todos los hechos que conforman la continuidad, que son complejos, ante un solo órgano judicial".
Un delito "cometido" por Casado
"En el plano estrictamente procesal, un enjuiciamiento separado podría dar lugar a pronunciamientos contradictorios y a la repetición innecesaria de diligencias. En el caso es claramente disfuncional y está en contradicción con la doctrina del Tribunal Supremo", recalca la letrada de Cristina Cifuentes.
"Teniendo en cuenta que el delito presuntamente cometido lo ha sido por varias personas de entre las cuales, al menos a una de ellas, le corresponde, en principio, ser juzgada por una jurisdicción especial -en referencia a la condición de aforado del diputado Pablo Casado-, procede que el enjuiciamiento de todos los demás investigados se realice también en esa especial jurisdicción”, insiste la abogada de la ex presidenta madrileña.
El escrito de Cifuentes concluye señalando que “se ha producido en la presente causa una pérdida sobrevenida” de competencia por parte de la juez Rodríguez-Medel y que, en este caso, es el Tribunal Supremo, "al preverse la imputación de un aforado entre los investigados en las presentes actuaciones", el órgano judicial competente para investigarla junto a Casado. Es por ello por lo que ha pedido que se anule su citación para declarar en calidad de investigada por la posible comisión de delitos de falsificación de documento público y cohecho.
En concreto, la instructora ha citado como imputada el próximo día 26 a la ex jefa del Ejecutivo madrileño por las irregularidades en su máster (Derecho Público del Estado Autonómico, cursado en el año 2011/12), del que llegó a renegar antes de presentar su dimisión y dar por terminada de forma anticipada su carrera política.
Paralelamente, la instructora ha abierto una pieza separada en la que aprecia indicios de delito en la actuación del diputado Pablo Casado. La togado necesita en estos momentos certificar que el dirigente popular es aforado para poder remitir una exposición razonada contra él ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Sólo este órgano jurisdiccional es competente para investigar y, en su caso, enjuiciar a un diputado en Cortes.
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