El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia este sábado en París su anunciada gira europea para tratar de impulsar un acuerdo que permita poner en marcha una política común de migración y asilo. Sánchez ha mantenido durante la mañana un almuerzo de trabajo con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Elíseo y después ambos comparecerán en rueda de prensa.

Sánchez y Macron han aprovechado para asegurar que con el caso del Aquarius España y Francia "han dado un ejemplo de solución europea y reparto solidario de las responsabilidades con los migrantes". Los dirigentes han tratado también temas de calado como la reforma de la zona euro o el refuerzo de la cooperación judicial y policial, así como las interconexiones energéticas entre ambos países.

Es el primero de una serie de contactos previos al Consejo Europeo de los días 28 y 29, donde los líderes deberían buscar un acuerdo después de meses de enfrentamiento por la gestión de las fronteras y la reforma del reglamento de asilo.

Sánchez tiene prevista una visita a Berlín, el 26 de junio, pero antes de eso pasará el domingo 24 por Bruselas, donde el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha convocado una cumbre informal para tratar de acercar posiciones antes del Consejo Europeo.

De hecho, la canciller alemana, Angela Merkel, ha tratado de rebajar las expectativas sobre esta cumbre, recalcando que no habrá conclusiones, solo una reunión de trabajo. A ella estaban convocados originalmente los líderes de Francia, Alemania, España, Italia, Grecia, Bulgaria, Austria y Malta, y también se han sumado Bélgica, Países Bajos, Croacia, Eslovenia, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Luxemburgo.

La portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, ha defendido este viernes que el "catalizador" de esa reunión fue la decisión de Pedro Sánchez de acoger en España el buque Aquarius, con 630 migrantes a bordo, después de que tanto Italia como Malta le cerrasen sus puertos.

El Ejecutivo de Sánchez considera que esa decisión ha sido un aldabonazo que obligará a los países miembros a abordar seriamente el tema de la política migratoria y no dejarlo pasar como un tema más de la agenda.

De hecho, el Gobierno español ha evitado cargar las tintas contra Italia, porque entiende que la gestión de las fronteras exteriores debe ser común y no dejar toda la responsabilidad en manos del país fronterizo de turno.

Sin embargo, la discusión no ha hecho más que empezar y la canciller alemana está bajo la presión de la CSU, el partido 'hermano' en Baviera de la CDU, que le ha dado un plazo de 15 días para alcanzar un acuerdo europeo.

Plataformas de desembarco fuera de la UE

Por su parte, la presidencia búlgara de la UE propondrá este domingo el cierre inmediato de las fronteras exteriores a los migrantes y la creación de centros especializados para ellos fuera de las fronteras europeas. Su esperanza es frenar las preocupaciones del llamado grupo de Visegrado -Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa-, que se opone al reparto de refugiados obligatorio en la UE.

La creación de esos centros de migrantes o "plataformas de desembarco", una idea lanzada por Austria, Dinamarca y Países Bajos promete ser otro aspecto contencioso.

El Gobierno español, por boca del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se ha mostrado dispuesto a estudiar los centros de migrantes, argumentando que, en función de quién los gestione y qué garantías tengan, pueden contribuir a evitar que las personas "se echen al mar".

El borrador que los líderes europeos tendrán sobre la mesa en el Consejo Europeo habla de crear estos centros para los que son rescatados en el mar, en cooperación con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Su objetivo es que esas plataformas permitan clasificar rápidamente a las personas como "migrantes económicos" o personas con "necesidad de protección internacional" y, además, "reducir el incentivo de embarcarse en viajes peligrosos".

En España, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha instado al Gobierno a oponerse a esta posibilidad, por considerarla "una medida insolidaria y contraria al derecho humanitario".