El director del máster pagaba con la tarjeta de la URJC sus comidas los fines de semana

Enrique Álvarez Conde es un reputado catedrático de Derecho Constitucional con cuyo manual se han formado miles de estudiantes de este país pero también podría ejercer cierto magisterio como crítico gastronómico por su afición a la buena mesa, sobre todo si las comidas las terminaba pagando la universidad aunque aquéllas no estuvieran justificadas por sus responsabilidades académicas.

El director del organismo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que impartió el máster bajo sospecha en el que se matricularon Cristina Cifuentes y Pablo Casado, citado a declarar este lunes como investigado por la juez que instruye el caso, cargó a la tarjeta que tenía a su disposición como responsable del Instituto de Derecho Público numerosos gastos realizados en restaurantes de diversas ciudades de España los fines de semana y festivos. Así se ha constatado tras la revisión de los movimientos bancarios a raíz de que estallara el escándalo y él fuera suspendido cautelarmente de sus funciones por las sospechas de su gestión.

Este es uno de los motivos que llevó a finales de mayo al equipo rectoral que dirige Javier Ramos a interponer una denuncia en los tribunales al apreciar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, habiéndose personado ya en el procedimiento como acusación particular. La causa ha recaído en el Juzgado de Instrucción 34 de Madrid, que se ha dirigido ya a la instructora del caso máster para que le precise cuál es el objeto de su investigación y a quién ha imputado antes de decidir si debe inhibirse y que toda la investigación se concentre en el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid.

El 1 de mayo de 2017, Día Internacional del Trabajador y víspera de fiesta en la Comunidad de Madrid, la tarjeta de Álvarez Conde sufragó un gasto de 170,65 euros en el restaurante Perrachica. Ubicado en el barrio madrileño de Chamberí, se trata de un establecimiento con decoración industrial-colonial que gestiona el grupo Larrumba y que se encuentra a unos 470 metros de su domicilio.

Semanas antes de que el pasado 21 de marzo estallara el escándalo del máster de Cifuentes, el catedrático había cargado al presupuesto de la Universidad al menos tres comidas fechadas en fines de semana. Así, el domingo 18 de febrero cargó 47,50 euros por una consumición en Los Curros, el sábado 3 de febrero abonó 58,50 euros en La Zamorana y el 21 de enero gastó 72,16 euros en El Piripi.

Álvarez Conde cargó a la Universidad al menos dos comidas en un conocido restaurante extremeño con estrellas Michelin, una de ellas un sábado

No fueron excepciones. Según ha podido conocer El Independiente, Enrique Álvarez Conde también recurrió a la tarjeta asociada a una cuenta bancaria a nombre del Instituto de Derecho Público de la URJC el pasado año para pagar almuerzos en días no laborables. Ocurrió el sábado 2 de septiembre de 2017 y tuvo como escenario el restaurante madrileño La Trainera, localizado en pleno barrio de Salamanca y especializado en pescados y mariscos.

El sábado 7 de octubre de 2017, el experto en Derecho Constitucional optó por la cocina artesana con guiños de fusión y pagó con la tarjeta de la Universidad 193,40 euros en Le Qualitè Tasca, un pequeño restaurante ubicado en el número 48 de la calle Ponzano de Madrid. Y el 11 de noviembre de 2017 se desplazó a San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y comió en Charolés, un restaurante especialmente conocido por su cocido.

Entre las consumiciones realizadas los fines de semana no falta tampoco un restaurante de alto copete. Se trata de Atrio (Cáceres), un establecimiento con dos estrellas Michelin que comanda Toño Pérez en los fogones y donde el precio medio se sitúa en los 149 euros (más bebidas). Ese gasto tuvo lugar el sábado 28 de mayo de 2016 y ascendió a 680 euros, según la documentación que maneja el juzgado.

Muchas de las comidas tuvieron lugar fuera de Madrid, donde tiene la sede el organismo universitario que él dirigía desde su creación

No ha sido la única vez que Álvarez Conde degustaba la cocina de vanguardia de este selecto restaurante extremeño sin pagarlo de su bolsillo. También comió allí a cargo de la Universidad -él y sus acompañantes- el viernes 28 de julio de 2017, importando la cuenta 769 euros. No es aventurado pensar que en aquella comilona participaron al menos cuatro comensales.

El catedrático de Derecho Constitucional se mostró especialmente activo en cuanto a gastos de restauración durante la última semana previa al inicio formal de las vacaciones de verano de 2017. El 27 de julio, un día antes de sentarse a la mesa en Atrio, había abonado con cargo a la misma cuenta pública 175,90 euros en el restaurante Eustaquio Blanco de Cáceres, considerado uno de los mejores exponentes de la tradición culinaria extremeña. Ese mismo día consta un repostaje de 54,01 euros en una estación de servicio del grupo Gesa Carburantes, que tiene 16 estaciones de servicio en Madrid.

Dos días antes, el 25 de julio de 2017, el gasto tuvo lugar en Madrid. Fue, concretamente, en el Asador Aranduero -con local en el barrio de Chamberí- y el importe ascendió en aquella ocasión a 133,80 euros. El restaurante Lateral (Velázquez, 57), La esquina de Arapiles (Arapiles, 7) y Casa Lucio son otros establecimientos madrileños frecuentados por Álvarez Conde.

El catedrático, principal investigado del 'caso máster', pagó con la tarjeta de la URJC tres comidas por importe de 1.077 euros la última semana de julio de 2017

Como informó El Independiente, el director del Instituto de Derecho Público también cargó al presupuesto de la Universidad gastos en pescadería y carnicería el 24 de diciembre de 2016, así como compras en supermercados y grandes almacenes y la suscripción a la conocida plataforma de reproducción musical Spotify.

Según ha podido conocer este diario, Enrique Álvarez Conde percibía 8.000 euros al año por su responsabilidad como director del organismo dependiente de la URJC, que ofrecía másteres y otros cursos, creado a finales de 2001 y a cuyo frente se encontraba este catedrático hasta que fue suspendido cautelarmanente por el rector el pasado 13 de abril tras estallar el escándalo del máster de Cristina Cifuentes.

El Instituto de Derecho Público es un organismo autónomo que actuaba con personalidad jurídica sin tenerla, sin que Álvarez Conde rindiera cuentas. Ello explica que no hayan saltado las alarmas sobre los gastos imputados por aquél hasta que el rector lo ha apartado de la gestión tras abrirle un expediente disciplinario y haya encargado una auditoría de todas las actividades que realizan los institutos y centros que dependen de ella. "El objetivo de esta medida es verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional", justificó la Universidad.

La investigación judicial permitirá conocer también si las extracciones de efectivo que realizaba el profesor estaban justificadas, por qué invirtió fondos del Instituto de Derecho Público en productos financieros de renta variable de alto riesgo y el motivo de las transferencias que hizo a su propia hija, que -como adelantó La Sexta- recibió casi 9.000 euros entre enero y octubre de 2017 bajo el concepto ‘Colaboración IDP’. Su hija es ingeniera de Materiales -una disciplina muy alejada del contenido de los másteres que ofrecía la URJC- y no trabajaba en Madrid.

"Legalidad vigente"

El Independiente lleva intentando hablar con el principal investigado en el caso máster desde que se conocieron las presuntas irregularidades, pero las numerosas llamadas telefónicas han resultado infructuosas. El último intento tuvo lugar este domingo horas antes de la publicación de esta noticia, pero el resultado fue idéntico.

"En mis 31 años de catedrático he actuado siempre conforme a la legalidad vigente", proclamó Álvarez Conde el pasado 21 de marzo en el curso de la conferencia de prensa que ofreció junto al rector de la URJC y el profesor Pablo Chico de la Cámara -éste también imputado- para salir al paso de la exclusiva de eldiario.es sobre el cambio de notas irregular en el expediente de Cifuentes. El avance de la instrucción determinará si el veterano catedrático dijo la verdad aquel día o hizo esa afirmación solemne para zafarse de las preguntas incómodas de los periodistas.