La titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre si debe o no inhibirse al Tribunal Supremo en lo relativo a la investigación del máster de la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes.
Tal y como adelantó El Independiente, la semana pasada Cifuentes movió ficha y pidió a la instructora que admita que había perdido la competencia para investigar las presuntas irregularidades en torno a su máster de la Universidad Rey Juan Carlos(URJC) al dar los pasos previos para imputar al diputado Pablo Casad. La ex líder del Gobierno regional de Madrid entiende que la instructora debe mandar todo el procedimiento a la Sala Segunda del Supremo para “no romper la continencia de la causa” al “preverse” la imputación del dirigente popular Pablo Casado.
Su letrada sostuvo que el enjuiciamiento independiente de los hechos relacionados con el curso de posgrado de Casado y el suyo “no sólo no es aconsejable sino que legalmente está proscrito, pues la continuidad delictiva es una realidad jurídica, cuya apreciación no es facultativa ni alternativa sino imperativa si se constata su existencia”.
Para hacer esta afirmación, la defensa de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid subrayó que en esta causa se investiga la posible comisión de un delito “continuado” de falsificación documental, prevaricación administrativa y cohecho impropio, “por lo que se hace necesaria una instrucción conjunta de todos los hechos que conforman la continuidad, que son complejos, ante un solo órgano judicial”.
“Teniendo en cuenta que el delito presuntamente cometido lo ha sido por varias personas de entre las cuales, al menos a una de ellas, le corresponde, en principio, ser juzgada por una jurisdicción especial -en referencia a la condición de aforado del diputado Pablo Casado-, procede que el enjuiciamiento de todos los demás investigados se realice también en esa especial jurisdicción”, insistió la abogada de Cifuentes.
Álvarez Conde se niega a declarar
De otro lado, el suspendido director del organismo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que ofrecía el máster bajo sospecha, Enrique Álvarez Conde, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar durante su comparecencia este lunes ante la magistrada Rodríguez-Medel. El catedrático de Derecho Constitucional, principal investigado en la causa, ha leído un escrito ante la Sala en el que ha argumentado los motivos por los que hoy se acoge a su derecho a no declarar.
En concreto, se ha remitido al recurso de apelación que debe resolver la Audiencia de Madrid sobre su petición para que la investigación se limite únicamente al supuesto de Cifuentes, después de que la juez rechazó este aspecto en reforma.
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