Uno ha puesto la ambición desoída, el otro la necesidad imperiosa. Y las dos han encajado como un guante. El apretón de manos a las puertas del Palacio de La Moncloa que ayer escenificaron el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente, Pedro Sánchez, es en realidad la confluencia del hambre y las ganas de comer. Con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, el lehendakari tan sólo recibió promesas y compromisos incumplidos a sus dos grandes reclamaciones: el cumplimiento del Estatuto de Gernika de 1979 y un cambio en política penitenciaria con los presos de ETA que acelerara la convivencia en Euskadi tras el final del terrorismo. Ahora, el bloqueo que acumulaban ambas cuestiones tras casi cinco años sin novedades apenas han requerido cinco minutos para iniciar una nueva etapa que apunta hacia un otro logro de los nacionalistas vascos a sus aspiraciones y de nuevo con la debilidad del Ejecutivo español como su mejor baza.

La secuencia cumplió ayer apenas un mes. El 24 de mayo pasado el Gobierno de Rajoy aprobaba en la Cámara Baja los presupuestos de 2018 gracias al apoyo del PNV. El acuerdo iba acompañado de un incremento notable de las inversiones para Euskadi que alcanzó los 540 millones de euros. El botín presupuestario no ha sido el último en este mes. Por el camino se cruzó la sentencia de la Gürtel, que precipitó la moción de censura de Sánchez y el inesperado final que volvería a situar a los nacionalistas vascos como agentes clave de la estabilidad de un Gobierno español.

El líder de los socialistas no descuido blindar las cuentas que, pese a no apoyarlas, debería preservar para ganarse a los de Andoni Ortuzar. El sí dado el 1 de junio por los cinco diputados del PNV y que convirtieron a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno, también tendría un precio. Además de asegurar los presupuestos pactados con el PP, el nuevo mandatario de La Moncloa debería desbloquear las grandes cuestiones que su ahora “socio preferente” venía reclamando sin éxito a Rajoy. En apenas 15 días de la ‘era Sánchez’, Urkullu y el PNV parecen haber logrado su segundo botín del mes: un plan para negociar 37 transferencias y un cambio de la política penitenciaria para acercar presos de ETA a prisiones de Euskadi.

El PNV ha desbloqueado en cinco minutos con Sánchez cuestiones paralizadas desde hace cinco años con Rajoy

De ‘botín’ en ‘botín’, de aliado del Gobierno popular, a socio del Ejecutivo socialista, así han sido los últimos 15 días del PNV. Lo que la ex vicepresidenta del Gobierno de Rajoy, -y hoy aspirante a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría-, no llegó a concretar, Pedro Sánchez lo ha rubricado en la primera visita de Urkullu a Palacio. Si Sáenz de Santamaría se limitó a anunciar en agosto del año pasado que estaría dispuesta a estudiar la cesión de competencias del Estatuto de Gernika, sin dar nuevos pasos ni materializar calendario alguno, ahora el Gobierno del PSOE ha anunciado que en julio se convocará la Comisión Mixta de Transferencias.

Puertos, trenes, carreteras...

Y lo hará para estudiar, una a una, cada una de las 37 materias que el Ejecutivo vasco considera que vienen recogidas en el Estatuto de Gernika y que aún impiden que se haya completado de modo integral lo que es una ley orgánica incumplida desde hace casi 40 años. Un estatuto que data de 1979 y que es el único que sigue sin desarrollo completo, recuerdan en Euskadi. Entre las materias que la lista incluye está la gestión de las prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social. Dos transferencias que el lehendakari aseguró ayer que se deberán analizar con detalle y cuya cesión no parece que se vaya a materializar de modo inmediato.

Además de la creación de un grupo de trabajo, con la garantía del presidente del Gobierno, la reunión que ayer celebró Urkullu permitió sellar el anunció que días antes ya había avanzado el presidente del Gobierno en aras a abrir un nuevo tiempo en relación con la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA.

Mientras ambos se reunían en La Moncloa, en Vitoria el nuevo delegado del Gobierno, Jesús Loza, confirmaba que el plan que impulsará el Gobierno para acabar con el alejamiento de los alrededor de 240 etarras que aún cumplen condena en España, pasa por un acercamiento a cárceles cercanas a Euskadi. Un trasladó que será “progresivo” e “individualizado” y que podría seguir el camino marcado por la denominada ‘Vía Nanclares’, que ya impulsará Loza en sus tiempos de Comisionado de Convivencia durante el Gobierno de Patxi López. Un camino que incluiría el rechazo a la violencia como requisito esencial para poderse acoger a un beneficio que buscaría favorecer la reinserción de los reclusos. Loza fue más allá al asegurar que tras la desaparición de ETA no tiene sentido que la política penitenciaria sea concebida como una parte de la política antiterrorista.

Abrir la puerta al desarrollo integral del Estatuto de Gernika es el primer logro del nacionalismo vasco con el Gobierno del PSOE

La gestión de las prisiones es una de las dos materias que el PNV venía reclamando al Gobierno de Rajoy desde hacía años. Lo que exigía no era mucho más que lo que ya posee Cataluña. El próximo acercamiento de presos de ETA a Euskadi se contempla al mismo tiempo que el Gobierno vasco quiere gestionar las cárceles vascas, donde cumplirían condena muchos de los etarras una vez trasladados. La competencia que ayer planteó el lehendakari a Sánchez contempla ser responsable para organizar las prisiones vascas, fijar el régimen y funcionamiento de las mismas o tener potestad como para construir nuevos centros penitenciarios o implantar actividades de reinserción o de ejecución alternativas para los penados.

"Caja única" y "única caja"

El otro gran logro que se incluyó en el apretón de manos Urkullu-Sánchez es el referido al régimen económico de la Seguridad Social y que el PNV considera “esencial” para el autogobierno vasco. El lehendakari insistió ayer en subrayar que lo que se reclama no es la cesión de la Seguridad Social sino simplemente su gestión económica. Su Gobierno hace tiempo que intenta explicar que gestionarla no supondría en ningún caso romper “la caja única” y que por tanto no se debe confundir “la caja única con la única caja”. Euskadi explica que la competencia que reclaman supondría tener “cajero” propio pero aplicando las mismas normas que el resto y respetando su carácter unitario y el principio de solidaridad que ahora rige en la Seguridad Social.

Prisiones y Seguridad Social no son las únicas puertas que se han abierto tras la reunión de ayer. La lista que hace unos días remitió a la ministra Meritxell Batet incluye otras 35 materias más que también se analizarán para su posible cesión a Euskadi. La lista, dividida en diez áreas, abarca desde las infraestructuras hasta cuestiones de Educación, Salud, Medio Ambiente, Economía o Cultura, entre otras. Se trata de elementos previstos en el Estatuto aprobado en 1979 y que se concretan en aspectos como la cesión de autopistas, líneas de ferrocarril, la gestión de puertos y aeropuertos o cuestiones menores como la titularidad de los paradores, el seguro escolar o la asistencia a la población inmigrante.

Urkullu insiste en que lo que se reclama no es la cesión de la Seguridad Social sino su gestión, su "régimen económico"

En realidad, es una reclamación que el Gobierno Urkullu concibe como asignatura pendiente y que será la antesala de la siguiente: el nuevo estatuto vasco. El lehendakari ya le avanzó a Sánchez cuál es el siguiente mojón en el que se tendrán que poner de acuerdo y que parece mucho más delicado, si cabe, que los sellados ayer. Una vez completado el Estatuto de Gernika, el PNV quiere acelerar el proceso de redacción de un nuevo Estatuto vasco, en el que ya se trabaja en el Parlamento Vasco.

Convención constitucional

Por ahora las diferencias en el borrador del documento que debería fijar una nueva relación con España, de igual a igual, son evidentes. El PNV se ha aliado con EH Bildu pero no ha logrado acercarse a las posiciones del PSE, que sí las ha encontrado en lo relativo al Estatuto de Gernika. Urkullu fue ayer preparando el terreno con Sánchez al instarle a que busque un nuevo modelo territorial para España que reconozca no sólo su “pluralidad” sino sobre todo, los “hechos diferenciales” y las singularidades de las “comunidades históricas”. La invitó a convocar una “convención constitucional” que facilite renovar la Constitución como un punto de encuentro y no de “ruptura” que sea capaz de aunar las aspiraciones de todos.

Ese será el siguiente gran pulso y en el que las posibilidades de que ambos se entiendan se antoja más complicado. Por el momento, la debilidad de apoyos en la que debe gobernar Sánchez le ha llevado a no perder tiempo en mostrar buena disposición a entenderse y a hacerlo con contenido con el PNV. Lo dijo en su discurso de investidura, consideraría a los nacionalistas vascos socios preferentes, y ayer demostró que no eran sólo palabras.

El desbloqueo de una reivindicación histórico para el nacionalismo como el desarrollo integral del Estatuto de Gernika puede ser un inició de sólida relación. Socialistas y nacionalistas sellarían así el entente que desde hace tres años mantiene en el País Vasco y que les ha llevado a gobernar en coalición las principales instituciones vascas: el Gobierno vasco, las tres diputaciones y los ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria.