A las 14.20 horas del 23 de noviembre de 1975, una losa de granito de tonelada y medio de peso cerró el sepulcro habilitado junto al altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos en el que se había introducido el ataúd con el cuerpo de Franco. Casi 43 años después, el Gobierno pretende trasladar los restos del dictador, determinación que cuenta con la oposición de la familia y que no parece que pueda ejecutarse con la inmediatez que pretende Pedro Sánchez -antes del próximo mes de agosto- al decir de algunos juristas.

¿Tiene algo que decir la Iglesia, encargada de la custodia del templo? ¿Qué papel desempeñó la Jefatura del Estado en relación con el lugar elegido para enterrar a Franco? ¿Qué pasos darán los familiares y la fundación que difunde la "memoria y obra" del dictador para intentar impedirlo? El Independiente analiza el papel que tuvo cada parte en aquella decisión y las posturas que defienden.

  • El Rey. A las 16 horas del 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I firmó en el Palacio de la Zarzuela el documento por el que pedía al abad mitrado de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (Luis María de Lojendio e Irure) que recibiera los restos mortales de Francisco Franco -fallecido dos días antes de un "shock tóxico por peritonitis"- y daba instrucciones precisas del lugar en el que debían ser enterrados: en el sepulcro ubicado en el presbiterio, entre el altar mayor y el coro de la basílica. José María Sánchez-Ventura, notario mayor del Reino por su condición de ministro de Justicia, levantaría el acta correspondiente. ¿Tendría hoy potestad Felipe VI para determinar el traslado de los restos de Franco? Expertos en Derecho Constitucional consultados por este diario recuerdan que cuando el jefe del Estado rubricó aquel escrito tenía unas prerrogativas que no tiene desde que se aprobó la Constitución en diciembre de 1978. "Las competencias eran distintas a las que tiene ahora", resumen. El nuevo Gobierno socialista quiere dar cumplimiento a la moción aprobada el pasado mayo en el Congreso de los Diputados por la que se instaba al Ejecutivo del PP -antes de que prosperase la moción de censura- a ampliar la Ley de Memoria Histórica y a exhumar los restos del dictador, como había recomendado de forma mayoritaria una comisión de expertos en noviembre de 2011.

Carta de Juan Carlos I entregando los restos de Franco al abad de la basílica del Valle de los Caídos.

  • La Iglesia. "No fue decisión de la comunidad benedictina traer los restos ni tampoco está en nuestras manos la decisión de sacarlos", expresó a este diario el prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, en una entrevista concedida el pasado mes de marzo. Y añadió: "Quien entregó a la comunidad benedictina la custodia del cuerpo de Franco fue el Rey y, por lo tanto, es una cuestión que depende de la familia y de la autoridad estatal competente. Nosotros lo que tendríamos que impedir es una extracción ilegal del cuerpo. Eso no lo podríamos permitir, ni de él ni de nadie. Si la familia pide sacarlo y el Rey determina que sí [atribución que ya no correspondería a la jefatura del Estado], nosotros no nos podemos oponer". El convenio firmado entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos el 29 de mayo de 1958 atribuía a esta congregación religiosa el mantenimiento del culto en la iglesia, adiestrar una escolanía y dirigir el Centro de Estudios Sociales, entre otras obligaciones. "La Iglesia tiene la custodia, pero quien tiene la potestad para determinar la salida del cuerpo sería la familia y la autoridad estatal competente", precisa Cantera. En el voto particular emitido por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Pedro González-Trevijano y Feliciano Barrios -tres de los 13 integrantes de la comisión de expertos a la que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero encargó en 2011 un informe sobre posibles actuaciones en el Valle de los Caídos- se advertía de que cualquier intervención en el interior de la basílica pontificia es "difícil" por la condición de lugar sagrado del recinto y la "inviolabilidad" del templo derivada del Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 1979. "El último superior jerárquico del abad es el Sumo Pontífice, cuyo hipotético recurso supondría una negociación de carácter internacional", añadían. Salvo en la administración de sacramentos, la Archidiócesis de Madrid no puede dictar una orden que vincule a la comunidad benedictina. A efectos de la gestión de la basílica, la dependencia es de la Santa Sede y de la propia congregación en Solesmes (Francia).
  • La familia. Los hermanos Martínez-Bordiú Franco han enviado una carta al prior del Valle de los Caídos, de cuyo contenido informó La Razón, en la que muestran su oposición a la exhumación de su abuelo y le instan a comunicar al Vaticano la decisión de la familia de que los restos permanezcan donde reposan desde hace más de cuatro décadas. Carmen Franco Polo transmitió a sus hijos su deseo de que los restos de su padre no salieran del Valle de Cuelgamuros, voluntad que sus descendientes quieren respetar. La fundación que difunde el legado del dictador también ha mostrado su oposición "de forma rotunda" al traslado de los restos y considera que éstos deben seguir en su ubicación actual "por respeto a la historia y también al futuro". La Fundación Francisco Franco sostiene que la ley exige "la autorización de la familia para llevar a cabo una exhumación" y advierte de que "cualquier intento de violentar la legalidad será oportunamente denunciada ante los tribunales de justicia, pues nadie puede pisotear el Estado de Derecho".