Jorge Rodríguez, detenido por supuesta corrupción, abanderaba hasta hoy y con 39 años uno de los frentes renovadores del socialismo valenciano y presentaba una imagen amable, municipalista y dialogante tanto como alcalde de su Ontinyent natal como presidente de la Diputación de Valencia, donde intentaba hacer olvidar la etapa de su predecesor, el popular Alfonso Rus.

El socialista Jorge Rodríguez Gramage, portavoz también de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE que lidera Ximo Puig, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) y ha cursado también estudios de Medicina, según figura en su biografía oficial.

En 2015, el alcalde de Ontinyent se convertía en el presidente de la corporación provincial más joven

Fue portavoz local del PSPV de Ontinyent desde 2007 y llegó a la alcaldía en 2011 con el apoyo de los concejales socialistas, de Compromís y de Esquerra Unida, mientras en las elecciones locales de 2015 logró la mayoría absoluta, con un 63 % de los votos. Ese año, el llamado Pacto del Botánico entre el PSPV, Compromís y Podem para formar gobierno en la Generalitat -los terceros como apoyo parlamentario- permitió también cambiar de signo político la dirección de la Diputación de Valencia.

Esta institución provincial había sido gobernada desde 1995 por el PP y sus últimos años estuvo protagonizada por la presidencia provincial de Rus, uno de los políticos más mediáticos de la etapa de Francisco Camps al frente de la Generalitat y quien finalmente fue detenido en 2016 en el marco del caso Imelsa, la actual Divalterra, una de las empresas públicas de la corporación provincial y que hoy se revuelve precisamente contra Jorge Rodríguez en la bautizada como operación Alquería.

De hecho, la detención de Rodríguez, así como la de al menos otras dos personas, se produce en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en contratos de alta dirección en Divalterra a raíz de una denuncia presentada por Cs en torno a la gestión de esta empresa, que se está convirtiendo en un problema irresoluble para la Diputación, independientemente de los colores que la gobiernen.

Rodríguez representaba la apuesta del PSPV-PSOE y de su líder y entonces nuevo president de la Generalitat, Ximo Puig, para refrescar la imagen de la Diputación, lastrada no solo por la verborrea de Rus y las investigaciones judiciales en torno a su mandato, sino por las constantes críticas de los entonces partidos de la oposición de que los ayuntamientos gobernados por el PP recibían un constante trato de favor desde el Palacio de la Diputación.

Rodríguez representaba la apuesta del PSPV-PSOE para refrescar la imagen de la Diputación

El 14 de julio de 2015, el alcalde de Ontinyent se convertía en el presidente de la corporación provincial más joven de su historia gracias al apoyo de Compromís, València en Comú (la marca local de Podem en Valencia) y Esquerra Unida. En su toma de posesión, dijo que desde la Diputación se iniciaba un tiempo de "consenso" y de "diálogo", y destacó la necesidad de "pasar página" ante los entonces aún recientes escándalos de corrupción que afectaban a esta institución, pero "sin olvidar para no volver a cometer los mismos errores".

Defendió en su primer discurso la "autonomía local", que consideraba debería ser "un mandato constitucional", y se marcó desde el principio el objetivo de iniciar un nuevo tiempo de "absoluta cooperación y lealtad" entre las Administraciones, "sean del color que sean", mediante la coordinación de esfuerzos.

Durante sus casi tres años de mandato, por el que cobra 67.000 euros anuales, Rodríguez ha intentado hacer visible una nueva forma de hacer política provincial, con un discurso alejado de polémicas y con la máxima del diálogo con todas las partes implicadas en el progreso de Valencia, aunque algunas de sus decisiones han suscitado críticas entre los partidos de la oposición, el PP y Ciudadanos.

Entre estas últimas figuran, precisamente, la decisión de suspender en 2016 el contrato de asesoría jurídica para Divalterra, por un periodo de seis años y un importe de casi 600.000 euros, para "estudiarlo con más detenimiento" tras las sospechas que recaían en su entonces gerente, el socialista Víctor Sahuquillo, quien finalmente dejó el cargo entre acusaciones de dirigir un "garito personal".

También ha abanderado la ejecución de la ley de memoria histórica en la provincia, sobre todo en el cementerio de Paterna, donde en estos tres años se han sucedido las excavaciones para intentar encontrar en varias fosas los restos de decenas de represaliados del franquismo.