Más de un tercio de los 66.384 inscritos para participar en las primarias populares del 5 de julio son cargos públicos e institucionales. Alcaldes, diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, de diputaciones provinciales, de consejos insulares, además de miembros de ejecutivos autonómicos suman más de 25.000 personas según cálculos del PP. Se trata de militantes que están al orden del pago de sus cuotas y a los que más difícil les resulta inhibirse del proceso o no recibir presiones de sus respectivos aparatos para avalar a uno u otro candidato independientemente de a quién voten luego en urna.
Sólo hay una excepción a esta regla, y vuelve a ser Galicia, donde fuentes regionales admiten el desinterés por un congreso entre no pocos cargos públicos una vez que Alberto Núñez Feijóo decidió no concurrir a la carrera sucesoria. Otra cosa es que no van a hacer dejación de su asistencia al cónclave de los días 20 y 21 de julio, donde van a ser la tercera delegación más numerosa. Los gallegos votarán en bloque por uno de los dos candidatos, o candidatas, que superen la primera criba del 5 de julio, aunque la sensación generalizada es que, salvo si son María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, lo más probable es que se llegue al congreso con una lista pactada de unidad.
Inscritos "condicionados"
El temor entre las candidaturas "outsiders", léase la de José Manuel García Margallo, José Ramón García Hernández y Elio Cabanes a la que se suma la de Pablo Casado, es que el escaso número de inscritos y el hecho de que más de un tercio corresponda a cargos públicos, pueden condicionar su elección a poco que se controlen los aparatos de las distintas direcciones regionales y provinciales, todos ellos muy divididos.
El temor, dicen, a perder esa posición de concejal o diputado autonómico o de diputación en las elecciones locales y autonómicas del 26 de mayo de 2019 puede servir de elemento disuasorio para apoyar a según qué candidaturas, en un proceso donde todos se miran de reojo y en el que se están cuestionando las reglas del juego, con un indisimulado malestar de Génova.
Desde el cuartel general de los populares consideran que los ataques al sistema "que ellos mismos aprobaron, debilitan al PP", cuestionan un proceso inédito en el ámbito nacional que, en principio, alejaba el fantasma de una componenda entre las cúpulas para cercenar la confrontación. Nada más lejos de la realidad. Compiten nada menos que tres "pesos pesados" además de otros tres candidatos, pero conforme avanza la campaña crecen las susceptibilidades y las denuncias de "manos negras" por parte del equipo de Casado, uno de los más activos.
Más cargos públicos en el congreso
Si en las primarias el peso de los cargos públicos es de algo más de un tercio, en el congreso extraordinario de julio esa cifra se dispara. Lo normal es que, además de los miembros natos, se apunten cargos públicos y dirigentes territoriales como compromisarios, previa elección también de los militantes. Los natos son todos los miembros de la Junta Directiva Nacional, formada por más de 500 personas.
Los electos deben ser, al menos, en número cuatro veces superior al de los natos, y son distribuidos "entre las organizaciones territoriales que han de participar en el Congreso atendiendo a niveles de afiliación, al menos en un 75%, y al porcentaje de votos obtenido en las elecciones generales inmediatamente anteriores para el caso de congreso nacional", según reza el artículo 33.1.a y 1.b de los hoy controvertidos estatutos del PP. Serán un total de 3.200 delegados.
Andalucía, Valencia, Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha, son las comunidades con mayor militancia
Andalucía, Valencia, Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha, son las comunidades con mayor militancia y, por tanto, mayor representación en el congreso extraordinario. Madrid perdió una posición en el ranking tras la decisión de Cristina Cifuentes de purgar su propio censo de afiliados antes de la celebración del cónclave regional que la encumbró como nueva líder de los populares madrileños, el año pasado.
Precisamente, una de las causas por las que no se actualizan los censos populares, -a pesar del proceso que, en este sentido, había iniciado Génova y que ahora corresponderá abordar al nuevo equipo que salga elegido en julio-, es que las direcciones regionales no quieren correr el riesgo de perder peso específico en los congresos nacionales.
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