Cuando lo anunció, José Antonio Ortega Lara llevaba cinco meses secuestrado en una ‘jaula’ oculta en el subsuelo de una nave de Mondragón. Esa mañana del 23 de junio de 1996, ETA acababa de hacer público que concedía una semana de tregua al Gobierno para negociar una “salida al conflicto”. Un anuncio inesperado en La Moncloa, donde aún estaban de mudanza, acomodándose, y en el Ministerio del Interior poniéndose al día. El Ejecutivo de José María Aznar apenas llevaba mes y medio en el poder –tras 14 años de gobiernos socialistas- y su titular de Interior, Jaime Mayor Oreja, no lo dudó; había que aprovechar aquella oportunidad y tender la mano a la banda terrorista con un gesto de distensión.

El gesto a ETA fue anunciar que se iniciaría un proceso de acercamiento de presos de la banda a cárceles del País Vasco, incluidos etarras con delitos de sangre. Formalmente, el Gobierno de José María Aznar lo justificó asegurando que era una respuesta a una petición del Parlamento Vasco para acabar con el alejamiento de etarras, pero la realidad fue otra: el PP y Mayor Oreja acababan de inaugurar los cuatro años con más acercamientos de presos de la banda a Euskadi hasta el momento: 190, casi tantos como los que hoy cumplen condena en las prisiones españolas, 239.

El gesto a ETA fue anunciar que se iniciaría un proceso de acercamiento de presos de la banda a cárceles del País Vasco

Las reticencias a acercar etarras apenas afloraron. Ni dentro ni fuera del PP. No parecía un precio elevado si facilitaba la consecución de la paz y el final de la violencia. Aquel 1996 no fue un año sencillo. Además del secuestro del funcionario de prisiones, iniciado el 17 de enero de ese año, -y que no concluiría hasta 532 días después-, ETA asesinó a Francisco Tomas y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional, al suboficial de la Ertzaintza, Ramón Doral y al sargento del Ejército, Miguel Angel Ayllón. En la lista de crímenes mortales cometidos esos meses también figura el llevado a cabo el 6 de febrero en San Sebastián contra Fernando Múgica, el histórico abogado y militante socialista vasco y hermano del que había sido ministro de Justicia entre 1988 y 1991, Enrique Múgica Herzog.

Fue precisamente durante su mandato al frente de la Justicia en España cuando se activó la política de dispersión de presos de ETA que tres décadas después podría tocar a su fin. En 1989 Múgica Herzog, de la mano del entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, y el director general de Instituciones Penitenciarias, Antonio Asunción, acordaron poner en marcha un plan para romper el colectivo de presos de ETA.

Arzalluz y Aznar, apoyo a la dispersión

Los terroristas habían logrado agruparse y hacerse fuertes en las cárceles. Con más de medio millar de etarras cumpliendo pena, y agrupados en un puñado de centros penitenciarios vascos o cercanos a Euskadi, habían convertido las prisiones en otro ‘frente’ más de su lucha. Con el visto bueno del PNV, que entonces presidía Xabier Arzalluz, se comenzó a dispersar a los etarras en el casi medio centenar de centros penitenciarios activos en España. Y así continúan.

Cuando Aznar y su Gobierno se estrenó en La Moncloa habían transcurrido siete años y no pocos asesinatos, secuestros y amenazas desde que se comenzó a dispersar etarras. Cuando Mayor Oreja acercó a los primeros presos a Euskadi no hubo requisitos previos. Aquella primera lista la conformaban 33 etarras. En esos días de 1996, los jueces de vigilancia penitenciaria también concedieron 13 terceros grados a otros tantos etarras que ya sólo tendría que acudir a la cárcel a dormir.

La breve tregua de siete días no se prolongó. Los gestos hacia ETA y su mundo de Interior y Justicia tampoco sirvieron para mucho: Ortega Lara seguía secuestrado y algunos de los episodios más crueles de ETA estaban por llegar.

Cuando Mayor Oreja acercó a los primeros presos a Euskadi no hubo requisitos previos

1997 fue el año que cambió la actitud social hacia ETA, el año de la liberación de Ortega Lara y del secuestro y posterior asesinato de Miguel Angel Blanco. Fue la segunda ocasión, la segunda lista de presos de ETA, que el PP acercó a Euskadi. También entonces modificó el grado penitenciario de varios de ellos. De nuevo la búsqueda de la paz como justificación última en un país roto por el dolor terrorista.

Un año después, en 1997 el Gobierno del PP trasladó a 26 etarras e Instituciones penitenciarias concedió el tercer grado a 16 etarras. En aquella ocasión se limitó la medida a etarras que hubieran repudiado a la banda o rechazado la violencia o crímenes como los de Miguel Angel Blanco.

Los populares no tardarían en volverlo a hacer, a romper el alejamiento de etarras lejos del País Vasco. De nuevo sucedió a raíz de la enésima tregua de la banda. En 1998, coincidiendo con la tregua parcial anunciada por ETA en septiembre, el Ejecutivo trasladó a 26 presos y se otorgaron cuatro terceros grados. Al igual que puede suceder ahora con etarras como Santiago Arrospide, ‘Santi Potros’, también hace dos décadas el Ejecutivo español accedió a trasladar a uno de los autores de la matanza de Hipercor, Domingo Troitiño.

1999, el año del gran acercamiento

Pese a todo, el mayor gesto penitenciario hacia ETA, con la esperanza de forzar un final, estaba por llegar. El PP lo dio en 1999. Meses antes, la banda había anunciado un “alto el fuego indefinido”. Lo hizo el 16 de septiembre de 1998, sólo cuatro días después de que los partidos nacionalistas vascos y diversas organizaciones sociales y sindicales firmaran la llamada ‘Declaración de Lizarra’, un compromiso para caminar juntos por la “construcción nacional de Euskadi”. Hasta que el alto el fuego se rompió -el 28 de noviembre de 1999-, Gobierno y ETA mantuvieron contactos que no fructificaron pero que estuvieron acompañados de gestos en forma de acercamiento y terceros grados. Fue sin duda del momento de mayor generosidad: 105 traslados 9 terceros grados.

Y no fue todo. Aznar no dudó en abrir la puerta al regreso a España de cientos de etarras huidos. La propuesta hecha pública por el Gobierno contemplaba la llegada de 304 presos de ETA, sin causas pendientes con la Justicia o crímenes prescritos. El entonces presidente del Gobierno llegó a denunciar incluso presiones del entorno abertzale para que los etarras no se sumaran.

La llegada de Grande Marlaska a Interior fue bien recibida por la mayoría de entidades de víctimas

Pero esos fueron otros tiempos. Eran años en los que la paz se anhelaba y el acercamiento de presos fue posible, incluso con ETA activa y en alguno de sus periodos más sanguinarios. Ahora, con la banda oficialmente disuelta desde hace casi dos meses, el PP se muestra reacio a repetir sus pasos, al menos en público. Respaldar al PSOE en una medida que llevó a cabo en sus tiempos más vigorosos no parece que se vaya a producir. La presión de algunas asociaciones de víctimas, el inesperado desplazamiento a la oposición y la posibilidad de desgastar a un inexperto presidente del PSOE, son una oportunidad a exprimir. Dejar ese mensaje sólo en manos de Ciudadanos, una amenaza a evitar.

Los populares ya han anunciado que saldrán a la calle si las víctimas deciden hacerlo. La llegada de Grande Marlaska a Interior fue bien recibida por la mayoría de entidades de víctimas. Se trata de un juez con el que la mayoría han tenido una buena interlocución como uno de los referentes de la lucha contra ETA.

Sin embargo, los acuerdos que Sánchez debió asumir para imponerse en su moción de censura para derrocar a Mariano Rajoy, han comenzado a cobrarse. El acercamiento de presos de ETA apenas formaba parte de su discurso político, salvo en Euskadi, donde los socialistas vascos no han dudado en reivindicar un cambio de política penitenciaria desde hace años. Ahora el mensaje lo ha hecho suyo Sánchez y el PSOE, presionados también por el que ha pasado en sólo un mes de socio preferente del PP a aliado prioritario del PSOE: el PNV.

Víctimas y PP, ¿volver a la calle?

La advertencia hecha por Javier Maroto esta semana en la Cámara Baja de salir a la calle de la mano de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo sonó a un ‘deja vú’ de los tiempos en los que los populares y las víctimas hicieron una suerte de ‘pinza’ contra el Gobierno de Zapatero.

La Administración tiene una fotografía muy real de la situación de cada preso; quienes son, qué hacen, cómo piensan”

Por el momento no hay movimientos perceptibles. Fuentes penitenciarias consultadas por El Independiente aseguran que la información está “actualizada” y que Interior dispone de la ficha y situación de cada uno de los presos de ETA. En realidad, gran parte de la documentación se la dejó preparada su antecesor en el cargo, Juan Ignacio Zoido al actual titular de Interior. Fernando Grande Marlaska sólo ha tenido que reclamar la última actualización, que en algunos casos es semanal de los presos que hipotéticamente pudieran ser trasladados.

El viernes el Ejecutivo de Sánchez dejó claro que no habrá progresiones de grado ni excarcelaciones y que los pasos previstos son acercamientos individualizados, bajo el marco de la ley uy con plena transparencia e información hacia las víctimas. “Se sabe perfectamente quienes son los que tiene una mejor evolución y situación. Sabemos quién está colaborando, quién se ha arrepentido, etc. La Administración tiene una fotografía muy real de la situación de cada preso; quienes son, qué hacen, cómo piensan”, aseguran fuentes penitenciarias. De los algo más de 230 presos de ETA que aún cumplen pena en España “más de la mitad diría que tiene un buen pronóstico”, señalan estas fuentes.

A la espera de cambios

Hasta ahora las prisiones no han recibido ninguna indicación. Tampoco las ubicadas en Euskadi o cerca del País Vasco para prepararse ante una hipotética llegada de presos de ETA. En todas son conscientes de que muchos de los reos de la banda, tanto por su edad, por su estado de salud y por su evolución, parten de una situación “factible” a un cambio de su régimen penitenciaria. Una decisión que recaerá en todo caso en las Juntas de Tratamiento.

Los casos de Santiago Arrospide Sarasola, ‘Santi Potros’ (70 años), Joseba Arregi Erostarbe, ‘Fitipaldi’ (75 años) y Sebastián Etxaniz Alkorta, (75 años) son los más significativos de los posibles candidatos a ser trasladados por razones de edad. Junto a ellos, los enfermos, que según la asociación de familiares de presos, ‘Etxerat’, rondaría la veintena. Cifra al “inflada” según fuentes penitenciarias pero que sí podría dar una aproximación de las magnitudes sobre las que se podrían mover los primeros pasos de acercamientos.

Por el momento se ha apuntado a la edad, mayores de 70 años, y la salud, gravemente enfermos, como las razones que guiarán el proceso. Pero sin duda, el grado de cumplimiento de su condena o su evolución en el interior de la cárcel y en su relación con la violencia terrorista jugarán un papel importante, aseguran fuentes conocedoras de estos procesos. Interior no ha reclamado por ahora a los presos ningún tipo colaboración con la justicia o repudio de la violencia, como le reclaman las asociaciones de víctimas, pero sin duda son elementos que también constan en los informes periódicos que sobre cada reo se elabora.