El Parlament planta cara a Llarena: amenaza con frenar la suspensión de los procesados

La confirmación del procesamiento para los miembros del gobierno de Carles Puigdemont por el 1-O y la posibilidad de que el juez Pablo Llarena inste la suspensión de los procesados que son diputados del Parlament amenaza con abrir una nueva batalla entre la cámara catalana y la Justicia. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha dejado claro esta semana que "la última palabra" la tendrá el Pleno, y los grupos independentistas ya han avanzado su intención de oponerse a la suspensión de sus líderes encarcelados.

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una vez confirmado el auto de procesamiento se abre la puerta a suspender a los procesados que ostentan la condición de diputados, una decisión que en todo caso debe instar el propio tribunal. Sin embargo, el Reglamento del Parlament establece en su artículo 25 que el Pleno es el único que tiene potestad para acordar esa suspensión. Amparándose en ese punto, la mayoría independentista en la Cámara catalana quiere llevar al Pleno la votación sobre la suspensión de los procesados, y rechazarla allí, abriendo un conflicto competencial inédito con el Tribunal Supremo.

La medida afectaría a los todavía diputados Carles Puigdemont y Antoni Comín, ambos fugados en Bruselas y Berlín, y a los ex consellers y diputados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, además de a Jordi Sánchez, todos ellos encarcelados y pendientes de su traslado a Cataluña.

Estos últimos cinco diputados ejercen la delegación de voto en cada pleno, y su concurso es fundamental para conservar la exigua mayoría independentista en la Cámara, siempre pendiente de la CUP. De ahí la complejidad del debate al que se enfrenta JxCat y ERC. La suspensión de los diputados no supone la pérdida de su condición de diputados, por lo que no pueden ser sustituidos a no ser que no renuncien explícitamente al acta. Y si lo hacen, y finalmente fueran considerados inocentes, no podrían recuperar la condición de diputados hasta las próximas elecciones.

Ese es el dilema al que se enfrentan en los próximos días neoconvergentes y republicanos. De momento, todos ellos disfrutan de la tregua temporal otorgada por el juez Llarena, que todavía no ha dictado el auto de procesamiento tras la decisión de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo de confirmar el procesamiento de todos los imputados por rebelión, secesión y desobediencia por su participación en el 1-O.

El Parlament, pendiente de la notificación del Supremo

Así pues, el Parlament todavía no ha tenido noticias del Tribunal Supremo. Una vez que Llarena dicte el auto de procesamiento, el Parlament estará muy atento a ver en qué términos lo notifica al Parlament, si en esa comunicación da por sentada la suspensión, como defienden algunos juristas, o la expone para que sea confirmada por el Parlament, como defienden otros. A partir de ese momento, será la Mesa presidida por Torrent la que decida hasta dónde lleva el nuevo pulso con la Justicia.

El portavoz de ERC en la Cámara, Sergi Sabrià, ya ha advertido esta semana de que "también en este caso el Parlament es soberano. También en este caso las decisiones las tomamos aquí y deberá ser el Pleno el que tome la decisión sobre este tema". Una advertencia que sitúa el foco sobre el presidente de la Cámara, al que corresponderá decidir en última instancia hasta donde se lleva el nuevo desafío.

En el calendario del Parlament, el próximo miércoles se sitúa como primer posible embate en la batalla entre ambas instituciones si para entonces ya se ha recibido la notificación del Tribunal Supremo sobre la suspensión de los procesados. En caso contrario, Junqueras, Romeva, Turull, Rull y Sánchez podrán seguir ejerciendo su derecho a voto en el Parlament y cobrando emolumentos como diputados autonómicos.