Condenado a siete años de cárcel el exdiputado del PSC que lideró la trama 'Pretoria'

La Audiencia Nacional ha condenado a un año y once meses de cárcel al exconsejero de Economía de la Generalitat de Cataluña Macià Alavedra y al exsecretario de Presidencia Lluis Prenafeta, ambos hombres fuertes en el gobierno catalán de Jordi Pujol, por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales tras cobrar comisiones ilegales a cambio de mediar en tres pelotazos urbanísticos en el área metropolitana de Barcelona.

Los dos exaltos cargos de la Generalitat, a los que se le impone multa de 3,2 millones de euros en el caso de Alavedra y de 5,8 millones en el caso de Prenafeta, evitarán entrar en la cárcel tras el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción, que les rebajó su petición de seis a dos años de prisión al reconocer al comienzo de la vista oral que habían percibido mordidas del cuatro por ciento de cada operación; unos 800.000 euros cada uno.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal condena a los once acusados de la trama imponiendo la pena más alta --7 años y un mes de cárcel y 14,1 millones de euros-- al presunto cabecilla y exdiputado autonómico del PSC, Luis García 'Luigi' por los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento oficial. Anticorrupción pedía para él 13 años de cárcel y multa de 26 millones de euros por su implicación en las tres operaciones de la trama Pretoria: Pallaresa, Santa Coloma de Gramenet y Niesma.

Para Bartomeu Muñoz, exalcalde de Santa Coloma, el tribunal impone una pena de cinco años y 9 meses y multa de 3,4 millones de euros por la operación Pallaresa, aprobada por el Consistorio en el año 2001 para la creación de un centro comercial hoteles y viviendas. La modificación de los contratos iniciales ocho años después ocultaba una revalorización del terreno de la que se benefició las sociedades que consiguieron irregularmente la adjudicación.

Los magistrados explican en la sentencia, de más de 1.300 páginas, que los once acusados participaron entre lo años 2002 y 2009 en diversas operaciones urbanísticas del área metropolitana de Barcelona que, en lugar de favorecer el interés público, buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos, propiciando importantes beneficios y comisiones que sumaron a su patrimonio, bien directamente o bien a través de testaferros.

Especulación inmobiliaria

A lo largo de 1.369 páginas los magistrados analizan las operaciones urbanísticas investigadas. Los jueces concluyen que el ex secretario de la Presidencia de la Generalitat en la década de los 80, Lluis Prenafeta, y el exconseller de Economía Maciá Alavedra intervinieron activamente en las operaciones de especulación inmobiliaria desplegadas en los municipios de San Andrés de Llavaneras y Badalona para favorecer a empresarios particulares. Según el tribunal, estos dos acusados, “sabedores de los contactos e influencias que Luis Andrés García tenía en estos municipios y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña, se concertaron con el mencionado García, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones, lo que les permitió recibir ilícitas comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial, que fueron pagadas por empresarios particulares”.

La Sala considera probado que García, Prenafeta y Alavedra se sirvieron de un complejo entramado societario, así como de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en territorios off shore para ocultar cuantiosas ganancias procedentes de su actividad delictiva, tanto por sus intermediaciones en diversas adjudicaciones como por eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública, “desvinculándolas de su origen y titularidad para aflorarlas con una apariencia lícita”.

Para lograr esa ocultación y reinversión de los fondos generados de forma ilícita, tanto Prenafeta como Alavedra se sirvieron de sus esposas, así como de los también acusados Gloria Torres y Philip Mc Mahan.

En la resolución, el tribunal recuerda que los condenados han ejercido sus actividades ilícitas en una materia especialmente trascendente y delicada como es la de urbanismo: “burlaron así los principios rectores que deberían haber presidido la actuación de una Administración Pública en una materia especialmente trascendente y delicada, como es la de urbanismo, adoptando decisiones sin que existieran en los expedientes  informes técnicos rigurosos y objetivos que  amparasen las modificaciones pretendidas, desplegando una actuación reiterada, más aún, habitual, dirigida inequívocamente a un favorecimiento intolerable hacia determinados particulares”.