La trama corrupta desarticulada por la Policía Nacional en numerosos ayuntamientos de toda España manipulaba los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, entre las detenciones que se prevén hoy en la operación figuran alcaldes y gerentes de ayuntamientos dirigidos por diferentes partidos como Ciudadanos, PP y PSOE, así como jefes de la Policía Local de varios municipios.

Los hechos a los que se refiere la investigación, coordinada por el Juzgado 2 de Badalona pero que también investiga otro juzgado de León, se remontan a los años 2012 y 2013, cuando -según las fuentes- se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr. Esta empresa, que pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales, comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las infracciones de los vehículos en los semáforos.

Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción desarrollan esta operación, denominada Enredadera, en la que se prevén decenas de arrestos por delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos, malversación, delitos contra la hacienda pública, blanqueo y pertenencia a organización criminal.